Luis Rivera, juez de la Corte Nacional, resolvió que la Asamblea Nacional se pronuncie en un plazo razonable sobre el nuevo proceso de Jorge Glas.
La audiencia de procesamiento penal contra de Jorge Glas por la reconstrucción de Manabí sigue en suspenso. Este 29 de noviembre, no se logró instalar el proceso en la Corte Nacional de Justicia en Quito, por tercera ocasión.
En esta audiencia, el fiscal general subrogante, Wilson Toainga, tenía previsto exponer su teoría del caso, formula cargos y pedir medidas cautelares para los nuevos procesados.
Además de Glas, en este caso serán procesados Carlos Bernal, exsecretario de la Reconstrucción, y Pablo Ortiz, exgerente de Ecuador Estratégico.
Y fue precisamente Bernal y sus abogados, quienes ahora protagonizaron los problemas.
Antes del inicio de la audiencia, funcionarios de la Corte Nacional comunicaron al juez Luis Rivera, que ni Bernal o su defensa estaban en la sala.
Según informaron, por algún problema en el sistema de notificaciones, la convocatoria no le llegó a Bernal. Por esta razón, el magistrado decidió no instalar la audiencia para evitar afectar el derecho a la defensa del exfuncionario.
Además, anunció que se dará paso a una auditoría del sistema de notificaciones, ya que se ha determinado que el correo electrónico de Bernal sí se incluyó en el proceso.
Permiso de la Asamblea
Pese a que Rivera decidió no instalar la audiencia debido a que Bernal y su abogado no fueron notificados, el magistrado dio paso al tratamiento de un pedido que Glas había hecho previamente.
A través de su abogado, Andrés Villegas, el exvicepresidente Glas argumentó, que antes de que la Corte lo procese por presunto peculado, la Asamblea debía aprobarlo, ya que la Constitución establece que el Legislativo debe pronunciarse antes de que un Presidente o un Vicepresidente sea enjuiciado penalmente.
Según Villegas, esto ya ocurrió antes. En el denominado caso Balda por secuestro, en el que el expresidente Rafael Correa está llamado a juicio, la jueza Daniella Camacho pidió a la Asamblea que se pronuncie.
Wilson Toainga, fiscal General subrogante, respondió que si bien Camacho en el caso Balda y el exjuez Miguel Jurado, en el caso Odebrecht, pidieron permiso a la Asamblea para procesar a Correa y Glas, respectivamente, en ambos casos, el Legislativo declaró improcedentes esos pedidos porque el control parlamentario aplica solo para Mandatarios en funciones.
Ante esto, el abogado Villegas dijo que esas decisiones de la Asamblea no se consideran como precedentes vinculantes, ya que solo la Corte Constitucional puede emitir ese tipo de pronunciamientos.
Tras cerca de dos horas de deliberación, el juez Luis Rivera resolvió enviar un oficio para que la Asamblea -dentro de un plazo razonable- se pronuncie sobre el enjuiciamiento de Glas, porque entre 2015 y 2018 se desempañaba como Vicepresidente de la República.
Por lo que, ahora, antes de que empiece el proceso por la reconstrucción de Manabí, la Asamblea tendrá que resolver si es necesario su pronunciamiento. Y si es el caso, si procede el enjuiciamiento de Glas.
Tras esa decisión, la fiscal Diana Salazar indicó que "es más evidente que buscan el juicio político porque a mí no me pueden controlar para tener impunidad". Agregó que hay jueces a los que sí controlan y que dilatan procesos.
Un proceso clave, pero retrasado
A través de pedidos presentados ante la Corte, provocados, por ejemplo, por una crisis alérgica de uno de los abogados de Glas, se ha logrado diferir esta audiencia.
Se trata de un proceso clave, puesto que el exvicepresidente del gobierno correísta podría volver a la cárcel.
Imagen referencial del exvicepresidente Jorge Glas, en una rueda de prensa, octubre de 2023. API
Para esta ocasión, el juez Luis Rivera había adelantado que no habría espacio para una nueva postergación.
Y que en caso de que los abogados de alguno de los investigados no hubiese asistido, serían representados por profesionales de oficio dotados por la Defensoría Pública, pero esto no ocurrió.
Irregularidades en Manabí
Según la teoría inicial de la Fiscalía General del Estado, los funcionarios fueron los encargados de manejar los recursos públicos destinados para la reconstrucción tras el terremoto del 16 de abril de 2016.
La Fiscalía alega que hubo irregularidades al momento de priorizar las obras en las que se invirtieron esos dineros, que fueron recaudados a través de la Ley de Solidaridad.
Se tratará de probar que se gastó en la construcción de la vía Manta-Colisa y del Parque Las Vegas, pese a que estas obras no fueron afectadas por el movimiento telúrico.
Imagen del avance de la construcción de la vía Manta-Colisa, en Manabí, el 13 de abril de 2022. PRIMICIAS
Durante la audiencia, el fiscal deberá solicitar las medidas cautelares para los procesados, entre las que puede estar la prisión preventiva.
En caso de que la prisión preventiva se dicte, Glas deberá volver a la cárcel.
Al momento, el exvicepresidente goza de una libertad provisional, pese de que en su contra pesan dos sentencias por corrupción. Todavía la restan más de dos años de prisión, pero un juez le dio una medida cautelar hasta que se tramite su prelibertad.
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