Pese a que no sufrió daños el terremoto de 2016, el Comité para la Reconstrucción aprobó la construcción de la Vía Manta Colisa con dinero de la emergencia. Tres exfuncionarios serán procesados por peculado.
Dos mil seiscientos cuarenta y tres días después del terremoto de Manabí, la Fiscalía General del Estado (FGE) formulará cargos contra tres exfuncionarios por irregularidades en la contratación de la Vía Manta-Colisa.
Se trata de la primera de cinco investigaciones, que la Fiscalía abrió por la reconstrucción de Manabí, que llega hasta la etapa de instrucción fiscal y deja de ser reservada.
El 12 de julio de 2023, la fiscal Diana Salazar formulará cargos a tres exfuncionarios por presunto peculado.
- Jorge Glas, exvicepresidente de la República y expresidente del Comité para la Reconstrucción.
- Carlos Bernal, exsecretario del Comité para la Reconstrucción.
- Pablo Ortiz, exgerente de Ecuador Estratégico.
Este caso comenzó en 2019, luego de la aprobación de una auditoría de la Contraloría General del Estado.
Según el informe de Contraloría, la vía Manta-Colisa es parte del Proyecto Multimodal Manta-Manaos.
Y consistía en la habilitación y construcción de un eje vial terrestre.
Imagen del avance de la construcción de la vía Manta-Colisa, en Manabí, el 13 de abril de 2022. PRIMICIAS
Con dinero de la emergencia
Tras el terremoto del 16 de abril de 2016, el entonces presidente Rafael Correa decretó el estado de excepción en Manabí y otras cuatro provincias. El objetivo de la medida era mitigar los daños causados por el sismo.
El 26 de abril de 2016, Correa creó el Comité para la Reconstrucción en las zonas afectadas por el terremoto. Lo presidía el entonces vicepresidente Jorge Glas.
También fue creada la Secretaría Técnica del Comité, como entidad adscrita a la Vicepresidencia de la República.
Además, a la empresa Ecuador Estratégico se le otorgó la facultad de planificar y priorizar los proyectos de inversión para la reconstrucción en las provincias de Manabí y Esmeraldas.
Dos días después, Ecuador Estratégico emitió una resolución declarando la emergencia para contratar de manera directa las obras. Se debían incluir las obras necesarias para superar y controlar los efectos del terremoto.
Finalmente, el 20 de mayo de 2017, la Asamblea aprobó la Ley de Solidaridad. Con la norma se canalizaron unos USD 1.570 millones para la reconstrucción en Manabí y Esmeraldas.
Dentro de las obras a las que Ecuador Estratégico les dio prioridad, y financiadas con los recursos de la Ley de Solidaridad, se incluyó la vía Manta-Colisa. Específicamente, el tramo de acceso al Puerto de Manta.
Pablo Ortiz, quien era gerente de Ecuador Estratégico y será uno de los procesados, decidió priorizarla. La decisión se tomó pese a que esta vía no resultó afectada por el terremoto y a esa fecha era transitable.
Carlos Bernal, quien también será procesado y era secretario del Comité para la Reconstrucción, se encargó de gestionar el financiamiento. Lo que fue ratificado por el Comité, presidido por Glas.
Lo mismo ocurrió con el Parque Las Vegas de Portoviejo, que no existía cuando sucedió el terremoto. Pero de todas maneras fue incluido en las obras de reconstrucción.
Según Contraloría, de la Ley de Solidaridad se extrajeron USD 90,2 millones para financiar esta obras. "Afectando los recursos que mantenía la cuenta asignada (...) por el concepto de la ley, en la ejecución de proyectos realmente afectados por el sismo".
Expropiaciones tardías
Además del problema de origen en la vía Manta-Colisa, por la cuestionada asignación de recursos de la emergencia. La Contraloría identificó que quienes gerenciaron ese proyecto no hicieron a tiempo el Anuncio del Proyecto.
Este instrumento permite fijar el avalúo de los inmuebles dentro de la zona de influencia de la obra. Así se evita el pago de sobreprecios en caso de expropiaciones inmediatas o futuras.
Según la auditoría, el Anuncio del Proyecto se hizo 351 días después al inicio de la obra. Por lo que 23 de los 30 expedientes para la declaración de utilidad pública y expropiación de los predios necesarios no estuvieron listos a tiempo. Lo que ocasionó desfases en la terminación de la vía.
Además, Ecuador Estratégico no revisó ni actualizó el estudio sobre la implantación del proyecto, respecto a un paso elevado.
Este paso elevado no se pudo construir, ya que chocaba con el Hospital Centro Geriátrico de Manta. Pero su existencia no constaba en la información entregada al equipo de control de memorias técnicas de la obra.
Según la Contraloría, Ortiz inició el proceso de contratación sin tener los estudios completos. Lo que obligó a que se hicieran rediseños de trazados viales y a la ejecución de nuevos rubros, por más de USD 12,8 millones.
Imagen del avance de la construcción de la vía Manta-Colisa, en Manabí, el 13 de abril de 2022. PRIMICIAS
Tres glosas por la Manta-Colisa
El examen que originó el caso penal por peculado no es la única observación que Contraloría hizo sobre la vía Manta-Colisa.
En 2021, el organismo de control aprobó otro informe sobre las etapas de ejecución, liquidación, fiscalización y puesta en servicio de la obra.
Tras la emisión del informe, se confirmaron tres glosas que suman un total de USD 37.871.263.
- Una glosa por USD 17.800.658 por el incumplimiento del plazo y el cronograma establecido en el contrato. El proyecto debió concluir en 24 meses, es decir hasta el 30 de marzo de 2019.
- La segunda glosa, por USD 10.787.950, se determinó porque la constructora Consermin incumplió con los aportes patronales al IESS durante 129 días.
- Y la tercera glosa de USD 9.282.654 se estableció por no haber pagado en dos ocasiones consecutivas a subcontratistas.
La vía más cara
La vía Manta–Colisa tiene apenas 21 kilómetros: bordea la ciudad y costó al Estado casi USD 100 millones. Es decir, un promedio de USD 5 millones por kilómetro, lo que la convierte en el eje vial más caro de la historia de Ecuador.
Además de las irregularidades halladas por la Contraloría, la obra ha sido cuestionada, ya que fue adjudicada a Consermin.
El gerente general de Consermin es Ramiro Galarza, quien a su vez es el accionista mayoritario de la empresa.
Galarza es también uno de los 10 empresarios condenados en el caso Sobornos, una trama de corrupción que funcionó durante el gobierno de Correa.
El meollo del caso Sobornos es la financiación de las campañas electorales de Alianza PAIS, por parte de empresas y contratistas, a cambio de la adjudicación de contratos con el Estado.
Los recursos sirvieron para financiar las campañas de 2013 y 2014.
Pese al paso del tiempo, la vía Manta-Colisa nunca fue entregada por completo. En 2022, el Ejecutivo anunció la entrega de USD 4 millones para completar la construcción de cuatro puentes.
Sin embargo, actualmente solo se hacen trabajos preventivos en estos puentes y la vía luce deteriorada. Para una intervención total harían falta al menos USD 30 millones.
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