Judicatura a contrarreloj para asegurar conexión virtual en las audiencias

Política

Autor:

Mario Alexis González

Actualizada:

27 Oct 2020 - 0:05

La jueza Dilza Muñoz y algunos abogados asistieron al tercer día de audiencia del caso Sobornos de manera virtual, el 1 de julio de 2020. - Foto: @JacquelineRodas

Judicatura a contrarreloj para asegurar conexión virtual en las audiencias

Autor:

Mario Alexis González

Actualizada:

27 Oct 2020 - 0:05

En medio de críticas tecnológicas y procesales, el Consejo de la Judicatura busca un nuevo sistema para el desarrollo de las audiencias telemáticas. Los ‘demos’ de las plataformas actuales están a punto de caducar.

La pandemia por el coronavirus trajo nuevos retos para la justicia ecuatoriana.

Las restricciones que las autoridades impusieron para las reuniones y aglomeraciones obligaron, sobre la marcha, a migrar la mayoría de audiencias judiciales al plano virtual.

El Consejo de la Judicatura ya trabajaba desde 2013 con el sistema de videoconferencias Polycom, que renovado en 2017. Durante la emergencia, también se usaron las plataformas Zoom y Microsoft Teams.

Pero, todos con ‘fecha de caducidad’:

  • Las garantías y el soporte técnico de Polycom estuvieron vigentes solo hasta el 2 de octubre de 2020.
  • Los ‘demos’ de las otras dos plataformas caducan el 29 y 30 de octubre, respectivamente.

Por esta razón, el 28 de septiembre de 2020 el Consejo de la Judicatura lanzó un proceso de subasta inversa electrónica para contratar un servicio de videoconferencia on-premise.

El término on-premise se refiere al tipo de instalación de la plataforma que se utilizará en las audiencias.

Es decir, el funcionamiento de las videoconferencias ya no dependerá de servidores externos, sino que la instalación se hará en los servidores y la infraestructura tecnológica del Consejo de la Judicatura.

Dos empresas presentaron ofertas. La puja de la subasta se realizó el 26 de octubre de 2020. Y la oferta más baja fue presentada por la empresa Megasupply S.A.

La compañía se compromete a prestar el servicio de videoconferencias por 1.135 días. Es decir, el contrato estará vigente hasta el 8 de diciembre de 2023. El costo es de USD 192.651.

Esta empresa ya ganó otra subasta para brindar un servicio tecnológico a la Judicatura: Por USD 142.000 está a cargo del servicio y el soporte técnico de la plataforma de almacenamiento y búsqueda de documentos Hadoop.

Ese servicio se dañó recientemente por un recalentamiento en los servidores de la Judicatura. Y ahora el Sistema Automático de Trámite Judicial (Satje) y el Sistema de Pensiones Alimenticias no funcionan en su capacidad total. Esto provocó, además, el retraso del concurso de selección de jueces nacionales.

Contrarreloj

Con el soporte técnico de Polycom caducado y los demos de Zoom y Microsoft Teams a punto de fenecer, la instalación on-premise de la plataforma debe hacerse sobre la marcha para no afectar la celeridad de los procesos y la oportunidad de la convocatoria a las audiencias.

Según el cronograma del proceso, la adjudicación se realizará este jueves 29 de octubre de 2020. Y desde ese día, Megasupply tendrá 40 días para que el nuevo sistema esté funcionando a la perfección, es decir, hasta el 8 de diciembre.

El contratista deberá elaborar y presentar el plan de trabajo para la instalación, configuración, activación y capacitación del servicio de videoconferencia. El plan debe estar listo hasta el 9 de noviembre y debe ser aprobado por la Judicatura.

En ese documento se deben detallar todas las acciones para la instalación, la transferencia tecnológica o capacitación de, al menos, 10 funcionarios del Consejo de la Judicatura por, al menos, 12 horas.

¿Cuántas licencias?

Para calcular la cantidad estimada de licencias necesarias de la plataforma, el CJ elaboró un reporte de audiencias telemáticas desarrolladas entre abril y julio de 2020, durante los primeros meses de pandemia por Covid-19.

El objetivo fue conocer la cantidad máxima de videoconferencias concurrentes y los dispositivos que se conectaron en este lapso, por provincia y en la Corte Nacional de Justicia (CNJ).

En total, en este período hubo 272 audiencias concurrentes. Pero, considerando un margen de crecimiento del 10%, 15 salas para reuniones administrativas y 10 más para mediación, la necesidad de la justicia ecuatoriana es de 325 licencias.

Estas deberán contar con capacidad de, al menos, 500 participantes en cada una. Y dos licencias deberá tener la capacidad para 1.000 dispositivos conectados para espectadores y 100 panelistas de capacitaciones.

De esta manera, se busca minimizar los problemas de conexión, y las saturaciones de la red y de la plataforma.

Los reparos

El Consejo de la Judicatura, a través de sus autoridades, ha asegurado que la emergencia debe ser aprovechada como una oportunidad para modernizar a la justicia ecuatoriana.

Con esto se busca que, independientemente de que la emergencia pase, las audiencias se puedan seguir haciendo telemáticamente para mejorar los tiempos de atención.

Esto genera dudas y reclamos entre algunos usuarios directos del sistema, es decir, los abogados.

Los principales reparos se han dado por el tema tecnológico. Uno de ellos: el sistema Polycom con el que se trabajaba hasta el 2 de octubre solo estaba disponible para el sistema operativo Windows. Eso dificultaba el acceso.

Además, en redes sociales, varios de los abogados han relatado varios inconvenientes en la conexión por la saturación del sistema y de la red.

Otro problema es el procesal. El Observatorio de Derechos y Justicia emitió un informe sobre el Acceso a la justicia, medios telemáticos y Covid-19. Así como los posibles riesgos al ejercicio del debido proceso en materia penal.

Según el estudio de la organización, a la implementación de medios telemáticos podría afectar el ejercicio de las garantías básicas en el contexto de procesos de naturaleza penal.

Estos son los principios que podrían quebrantarse:

  • La posibilidad real de comparecer.
  • La posibilidad real de guardar la confidencialidad cliente-abogado.
  • La posibilidad real de verificar la veracidad de la prueba.
  • La posibilidad real de asegurar la inmediación y garantías de independencia judicial.

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