Judicatura investiga fallo de la Corte de Pichincha sobre jueces

Política

Autor:

Teresa Menéndez

Actualizada:

6 Ene 2022 - 9:06

María del Carmen Maldonado, presidenta de la Judicatura, en la comisión de Fiscalización de la Asamblea, en 2019. Ahora, se refiere a la evaluación de jueces. - Foto: Archivo

Judicatura investiga fallo de la Corte de Pichincha sobre jueces

Autor:

Teresa Menéndez

Actualizada:

6 Ene 2022 - 9:06

Según la presidenta de la Judicatura, Carmen Maldonado, una de las juezas del Tribunal de la Corte de Justicia de Pichincha emitió fallo sobre evaluación a jueces, cuando estaba de vacaciones.

El Consejo de la Judicatura investiga presuntas irregularidades en el fallo de un Tribunal de la Corte de Justicia de Pichincha, sobre la evaluación a jueces.

Su presidenta, María del Carmen Maldonado, amplió lo ya denunciado en una rueda de prensa. Que una de las juezas del Tribunal de la Sala penal de esa provincia emitió su fallo durante sus vacaciones.

Se trata de la jueza Diana Fernández León, quien gozaba de vacaciones hasta el 31 de diciembre de 2021, y emitió su fallo el 30 de diciembre.

“Lo hizo basada en un correo electrónico, donde pidió que le habilitaran por horas el sistema, le habilitaron y continuó sus vacaciones”, dijo la titular de la Judicatura, en entrevista con Ecuavisa.

Anunció que, a través de la Dirección de Transparencia de la Judicatura, investiga a todas “las personas involucradas en esta irregularidad”.

Según Maldonado, la sentencia de la Corte de Justicia de Pichincha se opone a lo que dice la Corte Constitucional, que señala que la remoción de jueces no significa sanción, mientras que el Tribunal de la Sala Penal de la Corte indica que sí hay vulneración de derechos.

Evaluación a jueces

Maldonado defendió el proceso de la evaluación y posterior remoción de 23 jueces y conjueces, realizado por la Judicatura, en octubre de 2019.

Dijo que lo ampara el artículo 88 del Código Orgánico de la Función Judicial y un exhorto del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social transitorio, además de las 882 denuncias contra los magistrados.

Aclaró que los fallos no motivaron la remoción y que no se analizó el criterio, sino que la estructura de los fallos sea la adecuada. “No se vulneró la independencia judicial… Fue una remoción, no destitución, no obedece a ningún proceso disciplinario”, insistió.

El Consejo de la Judicatura deberá reparar económicamente a los jueces y conjueces removidos.

Pero los magistrados removidos no están conformes con esta parte del dictamen y alistan recursos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para ser reincorporados a sus cargos.

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