Con el objetivo de reducir el hacinamiento carcelario, el Consejo de la Judicatura presentó el Plan integral de Fortalecimiento del Servicio Judicial en materia de Garantías Penitenciarias.
Luego de la última masacre en la Penitenciaría del Litoral, el Gobierno aseguró que existen 5.000 trámites de beneficios penitenciarios represados.
Esto se debe, según el Servicio de Atención a Personas Privadas de Libertad (SNAI), a que en el país existen solo 11 jueces de garantías penitenciarias. La Corte Constitucional (CC) instó a la Judicatura a presentar un plan para reforzar esta área.
Pero de manera paralela, el organismo declaró la necesidad extraordinaria y emergente del servicio judicial de garantías penitenciarías.
Mientras dure esta medida, las Unidades Judiciales de Garantías Penales, de Tránsito y de Violencia contra la Mujer conocerán y resolverán los casos penitenciarios. La ampliación de estos servicios estará vigente en Guayaquil, Portoviejo, Cuenca y Latacunga.
El objetivo es reducir el hacinamiento carcelario que es una de las causas de las crisis del sistema.
Según el SNAI, hasta el 22 de septiembre de 2021, había 38.310 presos en 36 cárceles de 20 provincias del país. De ellos, 6.765 detenidos cumplen con los porcentajes legales para acceder a un cambio de régimen o prelibertad.
Actualmente, el sistema penitenciario ecuatoriano tiene un hacinamiento del 27%. Si los cerca de 7.000 casos de candidatos a prelibertad se resuelven favorablemente, ese porcentaje podría reducirse a un 5%.
El plan
La medida es temporal y durará hasta que se ejecute el Plan integral de Fortalecimiento del Servicio Judicial en materia de Garantías Penitenciarias. Según el documento, este deberá culminar en diciembre de 2022.
Actualmente, la Judicatura atiende los casos de garantías penitenciarias en 26 cantones de 20 provincias. Lo hace a través de cuatro unidades especializadas en esa materia, 20 unidades penales y cinco multicompetentes.
Para determinar en qué localidades hacen más falta este tipo de unidades y jueces, la Judicatura tomó en cuenta dos variables:
- Carga procesal ingresada (resuelta y en trámite): Se toma el total de trámites ingresados y resueltos en un año.
- Futura demanda de población penitenciaria beneficiaria de servicios judiciales: Se considera los días faltantes para cumplir la condena.
Con base en este cálculo, la Judicatura proyectó que solo se necesitan tres unidades nuevas en Pichincha, Santo Domingo y El Oro.
En el resto de localidades donde existen cárceles, los servicios judiciales en materia de garantías penitenciarias continuarán siendo atendidos por las unidades judiciales penales y multicompetentes.
Sin embargo, Iván Saquicela, presidente de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), dijo que las unidades penales ya tienen más de 5.000 causas represadas. Incluso, propuso a la Asamblea quitarles las responsabilidades en las contravenciones de tránsito.
El costo
Para la creación de estas tres nuevas unidades y la potenciación de las existentes, la Judicatura ha presupuestado cuatro componentes de inversión: personal, infraestructura física, equipamiento y capacitación.
Se requiere contratar 16 nuevos jueces y 40 servidores de apoyo, entre secretarios, ayudantes, notificadores y técnicos. La inversión sería de USD 1,9 millones anualmente.
En cuanto a la infraestructura, se considera la construcción de tres sedes judiciales en Quito, Santo Domingo y Machala. El costo sería de USD 900.000, sin incluir la compra de terrenos que se gestionarían con Inmobiliar.
Además, adecuar las cuatro sedes existentes en Cuenca, Latacunga, Guayaquil y Portoviejo requiere un desembolso de USD 86.400.
Para equipamiento, el plan considera una inversión de USD 198.400. Mientras que la capacitación se incluirá anualmente en el gasto permanente que el CJ hace en este rubro.
En total, entre lo que resta de 2021 y para 2022, la Judicatura necesita USD 4,7 millones para ejecutar este plan. La mayoría de este dinero deberá ser entregado por el Ministerio de Finanzas, de manera adicional al presupuesto normal de la entidad.
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