El Ministerio del Interior enviará una carta el Consejo de la Judicatura (CJ) para que los jueces sean un "apoyo" y no un "obstáculo" y que sus decisiones no se interpongan respecto a las medidas del sistema de rehabilitación social.
El envío de una carta al Consejo de la Judicatura es una de las tres medidas urgentes para atender la crisis en el sistema carcelario, anunciadas por el presidente Lenín Moreno, el jueves 12 de junio de 2019, al término de una reunión con su Gabinete de Seguridad en Guayaquil.
El aviso presidencial coincidió con la divulgación, a través de redes sociales, del dictamen de un juez de la Unidad Judicial Sur Penal de Guayaquil. En el mismo se ordena al director del Centro de Privación de Libertad de la Regional 8, el traslado del reo William Humberto Poveda, alias "el Cubano", del “nivel de máxima seguridad” al “pabellón de atención prioritaria”.
A la postre, el fallo no se cumplió y el interno continuó en el lugar de máxima donde fue acribillado y su cadáver degollado e incinerado.
En abril de 2018 tres jueces otorgaron un habeas corpus a la esposa de alias "Gerald", uno de los narcotraficantes ecuatorianos de más alto perfil. Un ejemplo de interferencia judicial con las acciones de la Policía.
El dictamen ilustra lo que podría catalogarse de “interferencia” en una decisión policial. Y, aunque sin referirse a este caso específico, el mandatario remarcó su pedido de que los jueces “sean un apoyo”. No “un obstáculo”.
Un caso claro de interferencia judicial fue el habeas corpus otorgado (13 de abril de 2018) por tres jueces a la esposa de alias "Gerald". Ella fue detenida por actividades de narcotráfico cuando su esposo estaba preso en Colombia y esperaba su extradición a Estados Unidos. Allí cumple una sentencia por enviar 250 toneladas de cocaína.
¿Hasta dónde puede llegar el Consejo de la Judicatura?
El expresidente del Consejo de la Judicatura Transitorio, Marcelo Merlo, explica que hay varios tipos de sanciones que pueden adoptarse sin que sean catalogados de interferencia en la justicia.
Merlo explica que el CJ ejerce el control disciplinario sobre todos los operadores de justicia, lo cual incluye jueces, secretarios, peritos, notarios, entre otros.
- Ante una decisión de un juez que cause conmoción social, el presidente de la Judicatura puede suspenderlo hasta por tres meses con remuneración, mientras se realiza una investigación administrativa en el lugar donde se cometió la infracción.
- El juez tiene derecho a la defensa y todas las garantías del debido proceso.
- Una vez agotadas todas las instancias de apelación, el pleno del Consejo de la Judicatura puede restituir o separar del cargo a los operadores de justicia.
- El pleno es la instancia más alta del Consejo de la Judicatura. Tiene atribuciones para imponer multas, suspender temporalmente y ordenar destituciones.
- Esto, siempre y cuando esté de por medio un proceso administrativo y se hayan agotado todas las instancias.
- Los sumarios administrativos empiezan en la jurisdicción donde se comete la falta.
A la Judicatura le corresponde vigilar el comportamiento de los operadores judiciales en todos los niveles, “sobre todo por razones vinculadas al narcotráfico, lavado de activos, concusión, cohecho y enriquecimiento ilícito”, dice Merlo.
Es que la influencia que pueden ejercer algunos abogados de los sindicados, por su “estrecha relación con los jueces” conlleva el riesgo de que emitan fallos a favor de esas personas, dice.
Los operadores de justicia pueden recuperar sus cargos y remuneraciones mediante acciones de amparo y procesos en lo contencioso administrativo.
El Consejo de la Judicatura tiene todas las atribuciones para sancionar, "pero no puede cruzar ciertas delgadas líneas rojas para no interferir en la autonomía judicial", advierte.
En caso de hacerlo, las decisiones de la Judicatura pueden convertirse en un bumerán, porque los jueces sancionados pueden retornar a sus cargos y recuperar los salarios no cobrados mediante acciones de amparo y procesos en el nivel contencioso administrativo.
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