Los jueces Pablo Tinajero, Miguel Jurado y el conjuez Patricio Secaira aseguran que el Consejo de la Judicatura no tiene facultad legal para disponer la apertura de cuentas a los funcionarios judiciales. Este organismo es el encargado de la evaluación de la Corte Nacional.
Los jueces respondieron al Consejo de la Judicatura que, el jueves 1 de agosto, hizo pública la supuesta negativa de los magistrados a autorizar que se levante el sigilo de sus cuentas bancarias.
Los tres coincidieron en señalar que la autorización se encuentra vigente desde la primera vez que asumieron sus cargos como servidores públicos.
Las declaraciones juramentadas de bienes de todos los servidores públicos se renuevan cada dos años y constan en formularios electrónicos de la Contraloría. Al pie de estos documentos, dijeron, se halla impresa la autorización para el levantamiento del sigilo.
“No tenemos problema en levantar nuestro sigilio, pero también deberían hacerlo los vocales de la Judicatura, la Comisión de Veedores y el Comité Evaluador”.
Miguel Jurado
Tinajero, Jurado y Secaira aseguraron que la Judicatura no tiene potestad para solicitar que autoricen el levantamiento de las cuentas.
Esto, porque el artículo 231 de la Constitución y el 31 de la Ley Orgánica de la Contraloría fija la competencia exclusiva en este organismo para exigir y controlar las declaraciones juramentadas de todos los servidores públicos, manifestaron.
Cuestionaron, además, la forma en que la que el Consejo de la Judicatura hizo el pedido: a través de una carta del director general del organismo enviada a la presidenta de la Corte Nacional de Justicia, Paulina Aguirre.
“Ni siquiera nos notificaron de manera individual”, se quejaron. Secaira advirtió que las órdenes provenientes de autoridades que no tienen competencia son causales de nulidad de los procesos.
De esta forma aludió a la evaluación de los miembros de la Corte, emprendida por el Consejo de la la Judicatura.
Igual que Tinajero y Secaira, el juez Miguel Jurado negó tener cuentas off-shore en paraísos fiscales.
Él hizo una explicación adicional: en la declaración presentada por Jurado a la Contraloría en 2018 consta un incremento de su patrimonio a USD 1.196.281,03. Jurado dijo que el aumento se encuentra justificado y que su declaración de bienes fue presentada a la Dirección de Recursos Humanos del Consejo de la Judicatura.
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