Banny Molina, el juez de Manabí que favoreció al exvicepresidente, fue investigado como miembro de una red que extorsionaba presos para liberarlos.
El juez Banny Rubén Molina Barrezueta habría actuado sin jurisdicción en el habeas corpus concedido al exvicepresidente Jorge Glas y a Daniel Salcedo, señaló el Consejo de la Judicatura.
En un comunicado, emitido luego de conocerse el otorgamiento de la medida, el organismo informó que sobre el juzgador pesa llamado a juicio.
“El viernes 5 de agosto de 2022, la Sala Penal de la Corte de Manabí había revocado un auto de sobreseimiento, a favor del juez Molina y, a la vez, dictó un auto de llamamiento a juicio por el supuesto delito de prevaricato“, agregó en el documento.
Según la entidad, la jurisdicción del juez Molina se encuentra legalmente suspendida. “El Consejo de la Judicatura actuará con absoluta firmeza en el ámbito de sus competencias”.
Por ello, el Director General de Consejo de la Judicatura presentó una denuncia contra Molina por usurpación de funciones.
#URGENTE | @FaustoMurilloEC informa que el Director General del Consejo de la Judicatura presentó la denuncia por el presunto delito de usurpación de funciones contra el juez Banny Rubén Molina Barrezueta, quien concedió hábeas corpus a Jorge Glas Espinel y Daniel Salcedo.
— Consejo Judicatura (@CJudicaturaEc) August 9, 2022
El organismo también aclaró que los jueces son los únicos responsables en cargar información al Sistema Automático de Trámite Judicial Ecuatoriano (Satje). Esto, luego de denuncias de supuestas irregularidades en el proceso de habeas corpus.
Los antecedentes de Molina
Según el Satje, el juez Molina tiene dos procesos penales en su contra. Uno por asociación ilícita, que se inició en 2019. Y otro por prevaricato, que empezó en 2021, y ha provocado la suspensión anunciada por la Judicatura.
El portal Código Vidrio reportó sobre el proceso de asociación ilícita. Se trata de un caso denominado El Rodeo. Se investigó a un grupo de jueces que supuestamente extorsionaban a presos de la cárceles El Rodeo y Bahía de Caráquez, en Manabí.
Este escándalo se conoció porque la pareja de uno de los reos que fue extorsionado denunció a la Policía que, pese a haber pagado un adelanto de USD 500, su esposo no fue liberado, ya que los jueces estaban despachando casos pactados con anterioridad.
Los documentos del caso revelaron que entre 2015 y 2019, esta estructura dio paso a la liberación de al menos presos que habían sido encausados por delitos graves. En su mayoría relacionados con narcotráfico. Los sobornos exigidos iban desde los USD 300 hasta los USD 500.
Inicialmente, el caso estuvo a cargo de la fiscal Claudio Romero. Y construyó una teoría del caso en la que Molina y otro juez, Omar Orellana, eran los líderes de la organización criminal. Pero al haber magistrados involucrados, el caso se revistió de fuero y subió de instancia.
Alberto Santillán, exfiscal de Pichincha y actual candidato a juez anticorrupción, asumió ese proceso. Y decidió no acusar a Molina, argumentando que no había suficientes pruebas en su conta.
El caso de prevaricato, en cambio, habría ocurrido en diciembre de 2018, cuando Molina habría ordenado que una persona, luego de ser declarada culpable por un delito de peculado y sentenciada a 2 años de prisión, cumpla la totalidad de su pena en su domicilio.
Inicialmente, Molina fue sobreseído en ese caso. Pero, el 5 de agosto de 2022, la Corte de Manabí revocó esa decisión y lo llamó a juicio por ese proceso.
Gobierno interpondrá acciones
Tras conocerse el fallo judicial, la defensa de Jorge Glas acudió a la cárcel 4 de Quito, donde guarda prisión el exvicepresidente, para exigir su liberación. No obstante, les manifestaron que el trámite se atendería este martes 9 de agosto.
La defensa de Daniel Salcedo no se ha pronunciado hasta el momento.
El ministro de Gobierno, Francisco Jiménez, manifestó que este martes las entidades públicas involucradas revisarán el expediente y “resolverán lo que en derecho corresponda”.
“Ha habido un abuso de los recursos constitucionales. No nos vamos a prestar para ese juego de andar poniendo acciones constitucionales en cada uno de los 221 cantones del país, pero velaremos porque estas sean resueltas conforme a derecho” dijo en Teleamazonas.
En un comunicado, el Gobierno anticipó que en este caso detectó algunas irregularidades. Entre ellas, el hecho de que los representantes del SNAI, Ministerio de Salud y Procuraduría General del Estado no fueran convocados a la diligencia.
Glas cumple sentencias por asociación ilícita en el caso Odebrecht y por concusión en el caso Sobornos. Mientras que Salcedo lo hace, en el misma cárcel 4, por peculado e ingreso de artículos prohibidos a un centro penitenciario.
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