Jueces anticorrupción: Estos son los 53 abogados que siguen en el concurso

Del 8 al 10 de agosto de 2022, los aspirantes analizarán y sustentarán un caso jurídico. Ese será el penúltimo filtro antes de la designación.

De los 113 aspirantes que calificaron para rendir la prueba teórica del concurso para elegir a los nuevos jueces especializados en corrupción y crimen organizado, solo 108 se presentaron a la evaluación.

De estos, a su vez, solo 53 alcanzaron el puntaje mínimo para seguir en el proceso. Según las bases del concurso, para sortear esta fase, los postulantes debían reunir un mínimo de 50 puntos entre la etapa de méritos (que se calificó sobre 50 puntos) y la prueba teórica (que tenía una nota máxima de 20 puntos).

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Ahora, el concurso entró a la sub-fase de prueba práctica. En esta etapa, los 53 abogados que quedan analizarán y sustentarán un caso jurídico y serán calificados sobre 30 puntos.

Finalmente, quienes obtengan un mínimo total de 80 puntos accederán al Curso de Formación Inicial de 52 horas. Esa será la etapa final de la selección: solo los 14 mejor puntuados de esa capacitación serán posesionados.

Entre los 53 aspirantes calificados hay 17 mujeres y 36 hombres. Todos han tenido experiencia en el sector público. Hay 11 jueces, tres defensores públicos y 20 agentes fiscales.

La prueba práctica será calificada por tribunales conformados por expertos en el derecho, entre ellos están los jueces de la Corte Nacional, Daniella Camacho, Walter Macías o Mercedes Caicedo.

Los aspirantes

Unidades Judiciales

Las nuevas dependencias judiciales especializadas en corrupción y crimen organizado funcionarán en tres instancias.

La primera o de primer nivel serán las Unidades Judiciales. Para este cargo hay dos cupos y, al momento, hay 10 aspirantes en carrera.

Al momento, José Cornejo ocupa el primer lugar. Él alcanzó una de las mejores puntuaciones en la fase de méritos, ya que tiene tres títulos de cuarto nivel. El segundo es Renán Andrade, quien es Defensor Público y obtuvo 17,40/20 en la prueba teórica.

Luego de la evaluación de conocimientos quedó fuera del concurso Tatiana Sampedro, asesora del asambleísta Patricio Cervantes de Creo; y el exasambleísta Jaime Olivo, quien no se presentó a rendir la prueba.

Tribunales

Además, esta nueva dependencia judicial tendrá dos Tribunales. Es decir, hay seis cupos disponibles para los que están habilitados 15 postulantes.

En la lista de aspirantes para los Tribunales había dos nombres polémicos:

Primero, la jueza Salomé Palomeque, de Manabí. En junio de 2020, fue señalada por, supuestamente, impedir el avance de las investigaciones del caso Hospital de Pedernales. Palomeque obtuvo un puntaje de 44,50 entre la fase de méritos y la prueba teórica, y quedó descalificada.
El segundo nombre es el de la fiscal Jéssica Córdova, quien en 2018 emitió un dictamen no acusatorio en favor de tres jueces que eran procesados por prevaricato. Los magistrados fueron criticados por un habeas corpus que benefició a Julia Mero, esposa de Washington Prado, alias 'Gerald', conocido como 'el Pablo Escobar ecuatoriano'. Córdova alcanzó 47,60 puntos

Corte Provincial

Para la sala de Corte Provincial especializada en corrupción y crimen organizado hay seis cupos, pero es el área para la que más postulantes siguen habilitados con 28 aspirantes.

Entre los habilitados está Paúl Pérez Reina, fiscal general encargado en mayo de 2018. En esa época, la Asamblea Nacional cesó a Carlos Baca Mancheno.

También está Alberto Santillán, exfiscal provincial de Pichincha, quien hizo el llamamiento a juicio por presunta rebelión de la prefecta de Pichincha, Paola Pabón, y Virgilio Hernández. Ese caso se extinguió porque ambos, militantes del correísmo, recibieron amnistía.

Sigue en el concurso, además, la jueza Mabel Tapia Rosero, que formó parte del Tribunal que otorgó medidas cautelares a Guadalupe Llori, cuando evitaba su destitución de la Presidencia de la Asamblea.

En esta lista también estaba el fiscal César Suárez, quien trabaja en Guayas y está a cargo de uno de los procesos relacionados con el desfalco del Instituto de Seguridad Social de la Policía (Isspol). Pero, no se presentó a la prueba teórica.