En entrevista con PRIMICIAS, el director del Isspol habla del avance de las investigaciones por el desfalco de más de USD 900 millones en operaciones irregulares.
Ha pasado casi un año y medio desde que se destapó el desfalco al Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional (Isspol) y apenas se ha logrado recuperar USD 13 millones.
Por eso, el Isspol “definirá hoy, 22 de febrero, el inicio de las acciones de cobro en el país“, afirma su director, el coronel Renato González.
Se hará con base en 59 expedientes civiles y 10 expedientes penales que elaboró el consorcio jurídico Gonzalo Córdoba Abogados, contratado para dar asesoría legal y patrocinio al Isspol por dos años.
En entrevista con PRIMICIAS, el coronel González habla sobre la estrategia de cobro, el avance de las investigaciones y los nuevos allanamientos por el caso Isspol.
¿Qué está pasando con la recuperación de los recursos del Isspol?
Tenemos dos ámbitos de acción: el nacional y el internacional. En el primero, el Isspol contrató al consorcio jurídico Gonzalo Córdova Abogados, que trabaja desde el 4 de octubre de 2021.
El consorcio hizo un diagnóstico con la poca información que tenían disponible porque ni siquiera había un archivo digital, que ahora se está construyendo.
Luego elaboró 59 expedientes civiles y 10 expedientes penales. Esa información se alimentó con documentación de sustento de organismos de control y otras fuentes, para así definir el inicio de las acciones de cobro, el 22 de febrero de 2022.
¿En qué se enfocarán esas acciones de cobro?
En las operaciones que se hicieron en el país; entre ellas, la cesión de derechos fiduciarios, las obligaciones de empresas, las facturas comerciales, las acciones. El instrumento que se va a utilizar es la coactiva.
Para eso se necesita que el Consejo Directivo del Isspol se reúna para aprobar el reglamento de coativas, para tener el instrumento de cobro.
¿Qué está pasando en el ámbito internacional?
También se necesita una reunión del Consejo Directivo del Isspol para recibir al Procurador General del Estado y así definir la fuente de financiamiento del pago de abogados en el extranjero, que resulta más costoso.
El contrato con Gonzalo Córdova Abogados se hizo por USD 900.000 por dos años, más 3% de lo que logre recuperar.
En el extranjero se maneja, sobre todo, un pago por horas y se puede llegar a un pago por resultados, pero es más elevado.
En el caso de la defensa en el exterior yo no puedo tomar una decisión.
¿Por qué?
Porque a Gonzalo Córdova Abogados se le paga de un espacio que quedó del presupuesto operativo anual, que es de USD 6 millones.
Por la magnitud de los pagos internacionales no puedo sacar dinero del presupuesto operativo. Eso tiene que salir del presupuesto de inversiones, que debe ser autorizado por el Consejo Directivo.
Con eso se termina el proceso de contratación de abogados.
¿Qué recursos se pueden recuperar en el exterior?
En el extranjero hay USD 176 millones, en bienes y propiedades, que están confiscados por la justicia de Estados Unidos por las investigaciones a Jorge Chérrez, exasesor financiero del Isspol, y John Luzuriaga, exdirector de Riesgos del Isspol.
Hay USD 176 millones, en bienes, que están confiscados por la justicia de Estados Unidos.
A eso se suman casi USD 30 millones que el Citibank en Nueva York tiene inmovilizados unilateralmente.
También se busca recuperar USD 35 millones que llegaron a tener Lafise Corporation a nombre del Isspol, que fueron entregados a Chérrez.
Y no descarto que tengamos que ir a la justicia estadounidense por Madison Assets. Tenemos serias sospechas de que, dentro de esa trama de estafa por más de USD 200 millones, puede haber recursos del Isspol.
¿Cuántas investigaciones están abiertas en Ecuador por el desfalco al Isspol?
Por lo menos 21 investigaciones previas aunque no hay claridad absoluta porque la Fiscalía, por su cuenta, ha abierto también investigaciones.
Seis de las investigaciones han llegado a instrucción fiscal, que son: Citadel, Decevale, SMS, Delcorp y Ecuagran, en Guayaquil; y peculado, por la negociación de bonos con pacto de recompra, en Quito.
La investigación de Citadel ya concluyó la audiencia evaluatoria y preparatoria de juicio. Ahí están procesados Xavier Neira, su esposa Oriana Rumbea, Luis Álvarez Villamar y su yerno Gonzalo Navarro.
Estamos a la expectativa de que el juez Juan Carlos Terán nos convoque para el dictamen, que debería ser pasar a juicio.
¿Oriana Rumbea logró que se le retire la medida cautelar de arresto domiciliario en el caso Decevale por supuesta falsedad de información?
Eso todavía está pendiente.
Es importante mencionar que en noviembre de 2021, el abogado Josef Noritz, primo de la jueza Gianella Noritz, se sumó a la defensa de Rumbea, exfuncionaria del Depósito Centralizado de Compensación y Liquidación de Valores (Decevale) y de la Bolsa de Valores de Guayaquil. Con eso se buscaba que la jueza se excusara de la causa.
Esa situación fue evaluada por el juez Ronald Guerrero, quien analizó el reglamento del Consejo de la Judicatura y vio que era el abogado quien no debía sumir la defensa. Por eso, la jueza Noritz reasumió la causa y realizó la audiencia preparatoria de juicio.
En la cuarta sesión, el abogado Josef Noritz intentó conectarse y la jueza no le permitió ingresar. Y, por eso, la jueza fue recusada, para que se nombre otro juez y pedir la nulidad de la audiencia, en la que también se estableció prisión preventiva contra Jorge Chérrez.
Lo que no se dice es que en esa audiencia se inmovilizaron USD 240 millones en bonos registrados en el Banco Central. Si la audiencia es anulada, el Isspol queda desprotegido.
Por eso, he pedido a los presidentes del Consejo de la Judicatura y de la Corte Nacional de Justicia que me reciban para que se sancione al abogado Noritz.
¿Por qué la Fiscalía pidió el archivo de la investigación previa por supuesto peculado por la compra del terreno denominado Ambiensa?
En la investigación de Ambiensa un ingeniero valoró los terrenos en USD 18,9 millones, cuando el Isspol los compró en USD 17 millones y, por eso, se archivó la investigación.
La valoración fue de USD 18,9 millones pese a que el terreno tiene desnivel y por ahí pasa un gasoducto. Por eso no deberíamos quedarnos solo con un peritaje.
El problema no solo es el precio, sino el proceso de compra.
El dinero del Isspol es público, por lo que el terreno debía adquirirse a través del Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop), lo que no ocurrió.
La compra de otros terrenos como Mapreco, ubicado en Guayas, y Anchamaza, en Mejía, tampoco se hizo a través del Sercop.
¿A qué responden los 16 nuevos allanamientos por las inversiones irregulares del Isspol?
Los allanamientos se hicieron por las investigaciones por el caso Citadel.
Uno de los allanamientos fue en la casa de Esteban Celi. En junio de 2019, el Isspol realizó una transferencia al Decevale para la supuesta compra de bonos 2028, lo que no ocurrió. Lo que sí sucedió es que esos recursos se repartieron, según la investigación de Citadel.
USD 15 millones fueron para Jorge Chérrez y USD 11 millones para Xavier Neira. Del dinero de Neira, Oriana Rumbea saca un cheque de emergencia del Decevale y mueve casi USD 300.000 al fideicomiso Corpo Seis.
Con ese instrumento se compra la casa de Esteban Celi, que costó USD 650.000, es decir, la mitad de la casa de Esteban Celi se compró con dinero del Isspol.
Usted ha dicho que en el caso Isspol también deben ser investigadas las autoridades de control. ¿Se ha vinculado a alguna?
Hasta el momento no. Sé que en Guayaquil hay una investigación previa por delincuencia organizada.
Lo ideal sería que ahí entren todos los involucrados, los funcionarios operativos y las máximas autoridades.
¿Qué autoridades deberían ser llamadas a dar su versión?
Suad Manssur, quien fue superintendente de Compañías; Diego Martínez, gerente del Banco Central cuando la operación ‘swap’ de bonos se registró de forma manual; Christian Cruz, quien se desempeñó como superintendente de Bancos.
Además, Pedro Solines, que fue superintendente de Bancos y miembro de la Junta de Política y Regulación Monetaria.
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