De los 113 candidatos que siguen en el concurso de la Judicatura, 20 son jueces y 30 fiscales. Hay un exasambleísta, un exfiscal y una jueza criticada por supuestamente entorpecer un caso de corrupción.
El miércoles 20 de julio de 2022, el Consejo de la Judicatura (CJ) anunciará a los 113 postulantes que continuarán en el proceso para convertirse en jueces anticorrupción.
Quienes pasan a esta siguiente fase fueron declarados idóneos a través de un test y entrevistas psicológicas.
Luego, los candidatos entrarán a la fase de oposición, que incluye pruebas teórica y práctica. Aquellos que sumen al menos 80 puntos en el proceso podrán ingresar al curso de formación como jueces especializados en corrupción y crimen organizado.
Y, finalmente, solo los candidatos que aprueben el curso entrarán a la lista de elegibles. Los 12 mejor puntuados serán posesionados.
PRIMICIAS revisó los registros públicos de los 113 postulantes en carrera. En total, son 45 mujeres y 68 hombres. En el listado hay jueces con polémicas decisiones, un exasambleísta y personajes conocidos en la función pública.
Caras conocidas
En la lista de los 113 postulantes hay varios nombres conocidos como Paúl Pérez Reina, fiscal general encargado en mayo de 2018. En esa época, la Asamblea Nacional cesó a Carlos Baca Mancheno.
Quien debía asumir la titularidad de la Fiscalía era Thania Moreno, pero también fue suspendida y en su lugar estaba el fiscal imbabureño Gen Rhea. Sin embargo, el Consejo de Participación Transitorio, presidido por Julio César Trujillo, nombró a Pérez Reina.
Seis meses después, Pérez renunció ya que decidió aceptar una oportunidad laborar en una organización internacional de lucha contra el narcotráfico.
También está Alberto Santillán, actual fiscal provincial de Pichincha, quien hizo el llamamiento a juicio por presunta rebelión de la prefecta Paola Pabón y Virgilio Hernández. Pero ese caso se extinguió ya que ambos recibieron anmnistía.
Ahora, Santillán está a cargo del denominado caso de pruebas PCR por el delito de peculado. En este proceso están llamados a juicio Jorge Yunda, exalcalde de Quito, y dos exsecretarios de Salud de su administración.
Al momento, el proceso está detenido por una recusación que se resuelve desde octubre de 2021.
Hay otras figuras como el fiscal César Suárez, quien trabaja en Guayas y está a cargo de uno de los procesos relacionados con el desfalco del Instituto de Seguridad Social de la Policía (Isspol).
Los jueces polémicos
También entre los postulantes hay funcionarios que han participado en casos polémicos o que han tomado decisiones controversiales. Por ejemplo, está la jueza Mabel Tapia Rosero que formó parte del Tribunal que otorgó medidas cautelares a Guadalupe Llori, cuando evitaba su destitución de la Presidencia de la Asamblea.
Otro nombre controversial es el de la jueza Salomé Palomeque, de Manabí. En junio de 2020, la fiscal Diana Salazar denunció públicamente que una magistrada de esa provincia impedía avanzar con las investigaciones del caso Hospital de Pedernales, por el que fue sentenciado el exasambleísta Daniel Mendoza.
Aunque Salazar no reveló el nombre de la jueza, Fernando Villavicencio, actual presidente de la Comisión de Fiscalización, señaló a Palomeque como la responsable de esas supuestas trabas,
Además de los casos de corrupción, los nuevos jueces deberán tramitar casos relacionados con el crimen organizado, incluyendo el narcotráfico.
La fiscal Jéssica Córdova, candidata a jueza de Tribunal, emitió un dictamen abstentivo polémico sobre esta tema. En 2018, Córdova junto al fiscal Pérez Reina decidieron no acusar a tres jueces que eran procesados por prevaricato.
Según reportó un medio digital, los magistrados fueron criticados por un habeas corpus que benefició a Julia Mero, esposa de Washington Prado, alias 'Gerald', conocido como 'el Pablo Escobar ecuatoriano'.
Mero recuperó la libertad pese a recibir una sentencia por delincuencia organizada.
Los políticos
Del lado político también hay nombres conocidos como Jaime Olvido, exasambleísta de los registros de Pachakutik, y Tatiana Sampedro, asesora del asambleísta Patricio Cervantes de Creo.
Además, hay cinco postulantes que tienen o tuvieron cargos de libre remoción en el gobierno de Guillermo Lasso. Específicamente, estos funcionarios pasaron por la Arcsa, en el Banco de Desarrollo, el Ministerio de Educación e Inmobiliar.
Los postulantes y sus títulos
Por cuestiones reglamentarias, todos los candidatos a jueces son abogados y 112 tienen títulos de cuarto nivel registrados en la Senescyt. Solo Mery Segovia, quien busca una magistratura en las unidades judiciales, no tiene posgrados.
Washington Astudillo, candidato a la Corte Provincial, es el que más títulos de cuarto nivel tiene: nueve en total.
Mientras que Astudillo, actual agente fiscal de lo penal en Guayas, es el único que alcanzó 50/50 en la fase de méritos.
La jueza Silva Velasco tiene siete posgrados y obtuvo 43/50. Actualmente es magistrada de Garantías Penales en Pichincha y busca un espacio en la Corte Provincial.
Además, hay 12 postulantes con cuatro títulos de cuarto nivel, 30 con tres posgrados, 38 con dos títulos y 30 con un posgrado.
Sobre la experiencia, 110 de los 113 postulantes trabajaron o trabajan en el sector público. Los otros tres no tienen experiencia previa, según los registros de la Contraloría.
De los 110, el 71% tiene experiencia en la Función Judicial, entre el Consejo de la Judicatura, la Fiscalía y la Defensoría Pública.
Entre los judiciales que buscan una magistratura anticorrupción, los más numerosos son los jueces y fiscales. Hay 20 magistrados, 29 agentes fiscales y un fiscal provincial en el proceso.
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