El caso pruebas PCR, en el que está siendo juzgado el exalcalde Jorge Yunda, continuará suspendido. Dos jueces deliberan sobre una recusación.
Una hora no fue suficiente para que Wilson Lema y Patlova Guerra, jueces de la Corte de Pichincha, tomarán una decisión sobre la recusación presentada en contra de su compañero de Tribunal, el juez Fabián Fabara.
Los tres conforman el Tribunal de juzgamiento del caso Pruebas PCR. En este proceso, el exalcalde Jorge Yunda y 13 personas más son procesadas por un presunto delito de peculado.
Yunda pidió la separación de Fabara del caso argumentando que su actuación en el juicio era parcializada. Y, el 1 de diciembre de 2021 se realizó la diligencia para tramitar la recusación.
La diligencia se instaló a las 11:00 y duró hasta las 18:00. A esa hora, Lema y Guerra anunciaron que se tomarán más tiempo del que habían previsto para deliberar y convocarán a la audiencia, otro día, para leer la resolución.
Si Fabara es separado, el caso deberá reiniciarse desde la audiencia de juicio y deberá practicarse, nuevamente, la prueba. Es decir, deberá repetirse todo lo practicado en los primeros 17 días del proceso, en octubre.
Pero, además, la decisión toma relevancia por lo que pueda pasar con los otros dos magistrados.
Édgar Molina, abogado de Yunda, y Xavier Flores, abogado de Fabara, coinciden en que en ese caso, los otros dos jueces deberán también dar un paso al costado porque “ya están contaminados” y conocen las pruebas que se mostrarán.
La audiencia
La audiencia se realizó la mañana y tarde del 1 de diciembre de 2021, en la sala 6 del tercer piso del edificio de la Corte Provincial de Pichincha, en el norte de Quito.
Fabara fue defendido por el abogado Xavier Flores. Yunda, quien no se presentó, fue representado por cuatro abogados, liderados por Édgar Molina y Marcelo Icaza.
Según los abogados de Yunda, el magistrado Fabara mostró -durante los primeros días del juicio- una actitud parcializada contra el exalcalde. Y eso se habría evidenciado en sus intervenciones durante las presentaciones de testigos y peritos.
La normativa penal y procesal permite que los jueces hagan preguntas de aclaración a los testigos. Pero, según Molina, Fabara fue más allá y realizó una especie de interrogatorio y contrainterrogatorio a los testigos. E, incluso, “les orilló a decir y aceptar cosas que no dijeron en sus declaraciones“, dijo el abogado.
Por ejemplo, dijo Molina, en las preguntas de aclaración a los expertos en contratación pública, las interrogantes de Fabara hicieron que los peritos respondieran que, aunque Yunda no firmó el contrato, era el responsable por cuando él delegó su firma a Lenín Mantilla, exsecretario de Salud.
La defensa de Yunda aseguró que, hasta ese momento, la Fiscalía no había mencionado las delegaciones en su teoría del caso. Pero, que a partir de ese momento, empezó a incluirlo en sus siguientes interrogatorios por lo que, la actuación de Fabara “influyó en la tesis de Fiscalía y la orientó hacia un delito de tráfico de influencias“.
La defensa de Fabara, en un inicio, tuvo como estrategia desvirtuar la recusación desde la parte procesal y de requisitos.
Para intentar demostrar la parcialización de Fabara, los abogados de Yunda anunciaron la reproducción de seis extractos de la grabación de la audiencia de juicio. Pero, Xavier Flores impugnó su presentación porque estas grabaciones no fueron adjuntadas en la demanda.
La segunda prueba anunciada por Yunda fue la declaración del propio Fabara. Flores también se opuso, por cuando la consideró inútil y que podría generar un conflicto de interés porque el juez podía continuar en el caso Pruebas PCR.
Finalmente, los jueces Lema y Guerra rechazaron la oposición de Flores y dieron paso a la reproducción de los audios. Aunque, sí acogió la impugnación a la declaración de Fabara.
Tras la reproducción de esas grabaciones, los abogados de ambas partes dieron sus alegatos de cierre y los jueces se tomaron unos 50 minutos para deliberar.
El caso
Dentro de las causas que la Fiscalía ha abierto en contra de Yunda y otros funcionarios de su administración, la más avanzada es la del caso denominado Pruebas PCR.
Yunda, dos de sus exsecretarios de Salud, Ximena Abarca y Lenín Mantilla, 10 funcionarios y un empresario son juzgados por el presunto delito de peculado.
El proceso se refiere a posibles irregularidades en el contrato de USD 4,2 millones entre el Municipio de Quito, durante la gestión de Yunda, y la empresa Salumed. El objeto del contrato fue la compra de 100.000 pruebas PCR para diagnóstico de Covid-19.
El juicio se instaló el 29 de septiembre de 2021, y tras 15 días de audiencia, el 21 de octubre se suspendió debido a la demanda de recusación.
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