El miércoles 29 de septiembre, el alcalde de Quito Jorge Yunda y 13 personas más se someterán a un juicio por presunto peculado. La Fiscalía los procesa por la compra irregular de pruebas PCR.
531 días luego de la firma del contrato que dio origen al caso y 152 días después del llamado a juicio, finalmente el alcalde de Quito Jorge Yunda responderá a las acusaciones por un supuesto peculado en la compra de pruebas PCR durante la pandemia de Covid-19.
La audiencia de juicio será larga, porque si bien está citada para el 29 de septiembre de 2021 pasarán varios meses hasta que haya un fallo de primera instancia. Incluso, se conoció que la sala de audiencias se reservó hasta finales de octubre.
Solo la Fiscalía, en su rol de acusadora, convocará a 200 testigos. El fiscal Alberto Santillán llamará a 10 policías, a los concejales Luz Elena Coloma y Fernando Morales; y a otros funcionarios y expertos en contratación pública, aduanas y otras áreas.
Además, cada uno de los 14 procesados presentará sus propios testigos. Durante la audiencia preparatoria de juicio, la defensa del alcalde Yunda, por ejemplo, anunció la convocatoria a 57 peritos, 30 testigos y decenas de pruebas documentales.
Al inicio de la audiencia, las 15 partes procesales (Fiscalía y acusados) presentarán su alegato inicial. Luego vendrá la parte probatoria con testigos y documentos, y los alegatos de cierre con las conclusiones de los abogados.
En ese momento, el Tribunal Penal de la Corte Provincial de Pichincha tendrá un tiempo, no determinado, para deliberar y convocar a una audiencia para informar la sentencia.
Luego, tanto la Fiscalía como los acusados podrán apelar y solicitar una casación de esa sentencia antes de que esta se ejecute.
Las cuatro claves del caso
A continuación, PRIMICIAS le muestra las cuatro claves del caso Pruebas PCR que se juzgará desde el 29 de septiembre de 201.
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Empresa entregó pruebas RT Lamp
En la imagen, personal médico realiza pruebas de PCR en Quito. EFE
El 16 de abril de 2020, la Secretaría de Salud del Municipio de Quito contrató con la empresa Salumed S. A., la compra de 100.000 pruebas PCR para la detección de Covid-19 a un costo de USD 4,2 millones.
En lugar de las pruebas PCR, la empresa Salumed habría entregado pruebas de diagnóstico RT Lamp.
Según la posición de algunos de los procesados, las pruebas RT Lamp son una variante de las PCR, que presenta mejoras en tiempo y sensibilidad.
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La sensibilidad de las pruebas, en discusión
Otros factores por los que las pruebas entregadas por Salumed son observadas son su sensibilidad y capacidad de detección del virus.
La Fiscalía, entre los elementos de convicción, presentará un informe de la Secretaría de Salud de México en el que se señala que “no se observó concordancia entre los valores de límite de detección y la especificidad declarados por el fabricante”.
Además, hay dos informes de la Universidad de las Américas (UDLA), que determinan que los kits entregados por Salumed no cumplían con las especificaciones técnicas.
Del lado de los procesados, en cambio, hay una pericia a los informes de la UDLA que señala entre otros puntos que no se usaron controles certificados, no se hicieron copias, los equipos no estuvieron calibrados, y se congelaron y descongelaron las muestras. Es decir, alegan que los resultados no son confiables.
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La terminación del contrato
El 13 de julio de 2020, luego de las observaciones a la sensibilidad de las pruebas entregadas, Salumed y el Municipio de Quito terminaron por mutuo acuerdo el contrato.
Según la Fiscalía, ante el incumplimiento de la empresa, el Municipio de Quito pudo terminar el contrato de manera unilateral y ejecutar las garantías establecidas en el proceso para que la empresa pague una multa.
Del lado de los procesados, en cambio, se dice que administrativamente no era posible la terminación unilateral.
Esto ocurre porque la administradora del contrato no indicó que había un incumplimiento por parte de la empresa.
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El informe de Contraloría
El contrato con Salumed fue objeto de una auditoría de la Contraloría, el cual concluye que los kits de detección molecular no cumplían con las especificaciones establecidas en el contrato.
Según las especificaciones técnicas, los kits debían tener ciertos componentes y características, pero los productos que se recibieron eran diferentes.
Mientras que la comisión de recepción de la Alcaldía dejó constancia de que Salumed, supuestamente, había cumplido con la entrega de los reactivos.
La Contraloría pidió el apoyo de los técnicos del Hospital Carlos Andrade Marín del IESS, y el informe de esta entidad concluyó que “la entrega difiere de lo solicitado”.
Otra anomalía fue el tiempo de cumplimiento. El plazo del contrato concluía el 25 de mayo de 2020, pero los productos se entregaron con un retraso de 56 días.
Un informe da cuenta de las irregularidades en la entrega de las pruebas #Covid19 y en la forma en que se terminó el contrato con la empresa Salumed. » https://t.co/ABb9wwaJm5
— Primicias (@Primicias) April 27, 2021
Jorge Yunda asistirá a su juicio en medio de un caos institucional en la Alcaldía. A inicios de junio de 2021, el Concejo de Quito lo removió de su cargo y Santiago Guarderas asumió esa posición.
A través de recursos judiciales que están bajo observación, Yunda pudo revertir esa decisión y mantenerse en el cargo. Ahora, la decisión final sobre esa situación está en manos de la Corte Constitucional (CC).
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