Jueves, 28 de marzo de 2024

Guamán: "Faltó prolijidad en la redacción del contrato con Salumed"

Autor:

Mario Alexis González

Actualizada:

19 Jun 2021 - 0:03

Linda Guamán, excoordinadora técnica de la Secretaría de Salud del Municipio de Quito, justifica la validez de las pruebas Covid-19 adquiridas por esa entidad.

Linda Guamán durante una entrevista telemática con PRIMICIAS, el 18 de junio de 2021.

Autor: Mario Alexis González

Actualizada:

19 Jun 2021 - 0:03

Linda Guamán durante una entrevista telemática con PRIMICIAS, el 18 de junio de 2021. - Foto: Captura de pantalla

Linda Guamán, excoordinadora técnica de la Secretaría de Salud del Municipio de Quito, justifica la validez de las pruebas Covid-19 adquiridas por esa entidad.

Guamán fue parte de la Secretaría de Salud cuando se terminó el contrato, para la adquisición de pruebas Covid-19, con Salumed.

Ahora, la Fiscalía dice que esa terminación causó un perjuicio para el Estado, por lo que Guamán, junto al alcalde Jorge Yunda y otras 12 personas, tienen un llamado a juicio por peculado.

Guamán habló con PRIMICIAS sobre los detalles técnicos de este proceso.

Pruebas PCR  o RT Lamp

El origen del caso es el tipo de pruebas que el Municipio compró y las que recibió. El objeto del contrato dice PCR y se recibieron RT Lamp. ¿Cuál es la diferencia?

Es importante aclarar que pueden estar clasificadas desde el punto de vista científico, que es el criterio que yo he dado. Pero también tenemos que ver la categorización desde el punto de vista de autoridad competente. Son dos cosas distintas y que en este caso están en conflicto.

Entonces, ¿las pruebas que Salumed entregó al Municipio de Quito son PCR?

El 7 de julio de 2020, en sesión del Concejo Metropolitano, hice público a los concejales que las pruebas que el alcalde Yunda venía llamando PCR son de una tecnología que se llama RT Lamp, que es una variante de la PCR. 

¿A qué se refiere cuando dice variante?

La PCR es una tecnología que desde los años 80 nos acompaña. Es decir, es vieja y ha habido varias mejorías a la PCR, que tiene algunas desventajas. La prueba RT Lamp, al ser una variante de la PCR, mejora varias de estas desventajas como el tiempo, la sensibilidad, etcétera.

Pero, ¿Salumed ofreció PCR y entregó RT Lamp? ¿Hubo irregularidades ahí?

Las pruebas se llaman RT Lamp y así presentó Salumed la oferta a la Secretaría de Salud. Y así Salumed presentó los documentos ante la Agencia de Regulación y Control Sanitario (Arcsa), mostrando desde el inicio que son pruebas RT Lamp. 

En definitiva, ¿estas pruebas son PCR o RT Lamp?

Científicamente son RT Lamp, que es una variante de la PCR.

Pero, en términos de regulación, la Arcsa, como autoridad que emite los registros sanitarios, recibió los documentos de Salumed que decían RT Lamp y las categoriza dentro de PCR.

No solo lo ha hecho el Arcsa, la Unión Europea también las cataloga como PCR.

Los informes de la UDLA

La UDLA realizó dos informes sobre las sensibilidad de las pruebas recibidas por el Municipio. El segundo informe dice que la sensibilidad estaba por debajo de lo recomendado para diagnosticar el Covid-19. ¿Es así?

El contrato dice 99% de sensibilidad. Pero el contrato no dice a qué carga viral y eso ha dado apertura a esta interpretación equivocada de si se cumple o no el contrato.

¿Por qué era importante que el contrato especifique la carga viral?

Porque una prueba va a ser más sensible si tú tienes más virus. Si yo te hago la prueba a ti y tú estás con tres millones de virus encima, la prueba, probablemente, va a ser muy sensible y va a detectar el virus.

Pero, si yo te hago la misma prueba, pero tú tienes 100 virus, probablemente, te va a dar negativo con la misma prueba y en la misma persona.

¿Entonces el error de origen viene del contrato?

Existe una falta de prolijidad en quien sea que redactó el contrato, ya que coloca sensibilidad del 99% en las especificaciones técnicas, pero no coloca a qué carga viral.

Esto da apertura a que un oferente traiga una prueba que diga 99% de sensibilidad cuando tienes tres millones de virus y eso no es ser muy sensible.

¿El caso se origina en esa falta de prolijidad?

No creo porque esto se podía subsanar en el ámbito administrativo. Hay falta de prolijidad, pero eso es un caso de administración pública. Saltar a lo penal, además en un caso por peculado, ya no es por desconocimiento, sino con un fin político.

¿Por qué la sensibilidad fue evaluada por la UDLA?

Cuando llegué a la Secretaría de Salud y tenía que recibir lo que ya estaba comprado. Le digo a Ximena Abarca (secretaria de Salud), no sabemos a qué carga viral detecta esta sensibilidad del 99%.

Entonces, conociendo que Arcsa es incapaz de validar pruebas, le pedí a la UDLA que nos diga la carga viral a la que detecta esa sensibilidad declarada.

¿Qué concluyó la UDLA?

En el primer informe ellos dicen 94% de sensibilidad a 500 copias. A mí me pareció adecuado porque eso nos ayudaba a tener una idea, para ver si aplicábamos estas pruebas a personas con síntomas, en hospitales o a los funcionarios públicos.

Pero hubo un segundo informe, ¿qué decía?

Hubo un segundo informe porque el investigador se da cuenta y reconoce que cometió un error en el primero. La segunda validación salió diferente y ahí la sensibilidad bajó.

Con esos antecedentes, yo como investigadora tuve dudas y de ninguna forma nos íbamos a basar en estos informes para aplicar las pruebas.

Hay una pericia técnica sobre estos informes, ¿cuándo se hizo y qué concluyó?

Esta pericia fue realizada en la instrucción fiscal, a mediados de marzo de 2021, a través de Fiscalía. Fue una pericia de biotecnología a los informes de la UDLA, de Synlab y de los coreanos.

Se evaluó si los informes cumplían la parte metodológica y si tenían validez jurídica. En el caso de la UDLA, el perito detalla que no se usaron controles certificados, no se hizo triplicatas, los equipos no estuvieron calibrados, se congelaron y descongelaron las muestras.

Probablemente, esto llevo a que el material genético se degrade. No se usaron estándares de referencia, no se siguieron las normas ISO y concluye que no tiene validez técnica ni jurídica.

¿La pericia fue solicitada por su defensa?

Fue solicitada por mi defensa y para definir el perito la Fiscalía realizó un sorteo entre los peritos acreditados por el Consejo de la Judicatura.

La terminación del contrato

Conociendo que las pruebas tenían una buena sensibilidad, ¿por qué decidieron terminar el contrato con Salumed?

Una vez que la UDLA emitió el informe, en el Concejo comenzó una presión política respecto a "terminen el contrato" de forma unilateral.

Yo en el Concejo reporte los errores de los informes, pero esto fue visto como espaldarazo al alcalde Yunda y que yo quería buscar otros informes que si nos convengan. 

¿Por qué no se lo terminó de manera unilateral?

Yo no tenía la decisión para hacerlo. Pero, ahora entiendo que solo puedes terminar un contrato de forma unilateral cuando la administradora del contrato indica que hay un incumplimiento.

Mi compañera no indicó que había incumplimientos porque ella recibió de conformidad con lo que decía Arcsa y el contrato.

Además, hasta el día de hoy está vigente la Ley de Apoyo Humanitario, que en la disposición decimonovena indica que no se puede dar por terminados contratos cuando existen rubros pendientes de pago. Y esto es lo que ocurrió.

Pero, según los chats que tiene la Fiscalía, Ximena Abarca le recomendó al alcalde Yunda que terminen unilateralmente el contrato. Y él respondió que no y decidió usar las pruebas luego de conversar con usted ¿Qué pasó?

Ninguna máxima autoridad es conocedora de contratación pública. Ante lo que sucedía en el Concejo: suponiendo que los concejales conocían de contratación pública, tú asumes que los concejales sabían lo que estaban pidiendo.

Entonces, tanto Ximena como yo dijimos, si los concejales están pidiendo la terminación unilateral, probablemente ese es el camino.

Sin embargo, el análisis jurídico dijo lo contrario y ahí es cuando se decide terminarlo de mutuo acuerdo.

¿Entonces hubo en error al haber cedido por presiones políticas?

Es que nunca cedimos, todas fueron conversaciones. Nosotros mantuvimos varias conversaciones, tanto en el Concejo como en nuestros chats, sobre lo que se debía hacer.

Pero la Fiscalía asume que adecuamos nuestras conductas porque Salumed nos pagó, porque el Alcalde nos pidió y no a lo que nosotros vimos como evidencia.

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