Los jueces de la Corte Pichincha, que integran el Tribunal de juzgamiento del caso Pruebas PCR, ya tienen en su poder el expediente del caso que tiene más de 25.000 hojas.
Y ahora, los jueces Wilson Lema, Fabián Fabara y Carlos Figueroa deben establecer día y hora para que empiece el juicio contra el alcalde Jorge Yunda y 13 procesados más, por el presunto delito de peculado.
En el expediente, entre otras cosas, constan las transcripciones de los chats que, según la Fiscalía, incriminan a Yunda en la trama que habría dejado un perjuicio económico para el Municipio de Quito en la compra de pruebas para la detección de Covid-19.
En los meses más complicados de la pandemia, el Municipio de Quito firmó un contrato de emergencia para la adquisición de reactivos para la determinación de Covid-19 por PCR polimerasa con la empresa Salumed por USD 4,2 millones.
En el objeto del contrato se exigía la entrega de pruebas PCR polimerasa, pero Salumed entregó un kit isopollo COVID19 con tecnológica RT Lamp.
Según la Fiscalía, el perjuicio para el Municipio de Quito fue de USD 2,2 millones. Este monto se calculó con base en la falta a las especificaciones técnicas y el valor de las multas no cobradas a Salumed.
Se pudo cobrar las multas
Alberto Santillán, fiscal de Pichincha, señala a los funcionarios involucrados por no terminar de manera unilateral el contrato para exigir el pago de garantías por parte de Salumed, al declararlo contratista incumplido.
Sin embargo, los chats que reposan en el expediente, sugieren que la decisión de no terminar el contrato de esa manera vino de Yunda.
Esos indicios constan, por ejemplo en la materialización de los chats entre Yunda y Ximena Abarca, secretaria de Salud del Municipio de Quito y también procesada en el caso.
Abarca le informó a Yunda que, con base en la solicitud del Concejo Metropolitano de presentar un informe jurídico sobre el contrato, la Secretaría realizó los análisis técnicos y jurídicos.
Y la decisión recomendada era "declarar la terminación unilateral del contrato por incumplimiento del contratista, lo que implica la no utilización de las pruebas, ni donarlas al IESS".
Además, Abarca le explicó a Yunda que el siguiente paso era no pagar el anticipo no devengado que ascendía a USD 1,1 millones.
Y que ese dinero se usaría en una nueva compra de "pruebas equivalentes a las PCR que da como resultado en pocos minutos y son parecidas a las pruebas exigidas para la detección del virus, no son inmunológicas".
El objetivo de esa nueva compra, según Abarca era "no estar desabastecidos". Y le comunicó a Yunda que el Ministerio de Salud Pública les ofrecía esas pruebas PCR y que la Secretaria de Salud ya estaba comprobando la tecnología para el procesamiento.
Sin embargo, Yunda respondió que no. El Alcalde le manifestó que, luego de conversar con Linda Guamán, excoordinadora técnica del Municipio, decidió aceptar los argumentos de Salumed y usar las pruebas.
Y semanas después cuando investigaciones periodísticas revelaron los problemas en las pruebas recibidas, finalmente, Abarca le comunicó a Yunda que se dio por terminado el contrato por mutuo acuerdo. Eso significó que el Salumed no asumiera ningún costo.
Jorge Yunda, alcalde de Quito, y Ximena Abarca, secretaria de salud del Municipio, @LoroHomero
'Debemos volar' para validar las pruebas
En otro chats recogidos por la Fiscalía, en cambio, Yunda conversa con Linda Guamán.
Según el Ministerio Público, Yunda y Guamán "tenían pleno conocimiento de la baja sensibilidad que tenían las pruebas RT Lamp". Y sabían que las pruebas no fueron las que se pagaron.
En una conversación, Guamán le informa a Yunda que están trabajando en el "proceso de externalización". Es decir, la contratación de laboratorios externos que validen las pruebas RT Lamp que el Municipio recibió de Salumed. El Municipio pagó USD 650.000 por esos servicios.
"Así es doctora, debemos volar con la externalización", respondía Yunda a Guamán.
Además, Yunda decía que con las pruebas RT Lamp es más rápido el diagnóstico que con las PCR. "O sea las LAMP, en teoría, serían mejor que las PCR", escribió el Alcalde.
Pero, Guamán no lo secundaba. "Alcalde, yo no diría que son mejores", respondía la científica. Y agregaba que las dos pruebas son buenas. Y que la eficacia de las pruebas no depende necesariamente de si son RT Lamp o PCR sino de la sensibilidad.
Los informes científicos
Adelantándose a la fase de juicio, la Fiscalía gestionó la toma de testimonio anticipado a científicos para hablar acerca de la eficacia de las pruebas recibidas por el Municipio. Esos testimonios también son parte del expediente.
Por ejemplo, Tannya Lozada, directora general de Investigación de la Universidad de las Américas (UDLA), relató que recibió una llamada del alcalde Jorge Yunda.
Yunda le dijo que le habían dado su nombre con la finalidad de que asesore al Municipio de Quito sobre las mejores estrategias para el diagnóstico molecular de Covid-19.
Esa fue la única conversación entre Lozada y Yunda. Luego, Lozada siguió conversando con Lenín Mantilla, secretario de Salud de ese entonces, también procesado en el caso y prófugo de la justicia.
El 31 de marzo del 2020, Lozada envió un correo electrónico a Mantilla con su asesoramiento respecto a las pruebas RT LAMP que entregó Salumed.
"Si bien es muy novedosa y versátil, en teoría no requiere un termociclador (...), pero el protocolo que usa no es el estándar recomendado para el virus", decía el reporte.
También rindió testimonio anticipado Miguel Ángel García, otro científico de la UDLA, quien explicó que a las pruebas se les hizo un estudio de desempeño clínico y análisis de la sensibilidad.
A través de esta técnica, la UDLA analizó 128 muestras que fueron entregadas por Salumed. La Universidad emitió un informe, en el que se determinó que la sensibilidad de las pruebas analizadas era del 63,4%.
Por lo que se pudo verificar que los “kits proveídos (sic) por la empresa Salumed no cumplían con las especificaciones técnicas establecidas por la entidad contratante”.
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