La audiencia de vinculación se realizó el lunes, 17 de mayo de 2021 en la Corte Nacional de Justicia. El juez ordenó la presentación periódica de los involucrados y no concedió la prisión preventiva que solicitó la Fiscalía.
La lista de los procesados por supuesta delincuencia organizada en el caso Las Torres subió a 14. La Fiscalía solicitó a la justicia la vinculación de cinco personas más.
Se trata de Roy Calero, Pablo Flores, Marco Flores, Álvaro De Guzmán y Pedro Saona, todos presuntamente relacionados en la supuesta red de delincuencia organizada que operó en la Contraloría, la Secretaría General de la Presidencia y Petroecuador.
La Fiscalía solicitó prisión preventiva para los vinculados.
La fiscal general, Diana Salazar, sustentó esa solicitud en que los presuntos miembros de esta organización mantenían reuniones en Miami, tienen empresas en Panamá y trataron de hacer movimientos financieros en Suiza.
Además, los procesados registran movimientos migratorios frecuentes y ninguno compareció a la audiencia de vinculación, pues varios ya no están en el país.
El juez de la Corte Nacional de Justicia, Felipe Córdova, no aceptó el pedido y dictó medidas alternativas. Luego de varias horas de análisis resolvió:
- En el caso de Roy Calero, quien vive en Estados Unidos y no existe una figura jurídica legal para que el juez pueda ordenar a otro país, dispuso que se presente una vez cada tres semanas en la CNJ.
- Sobre Pablo Flores, Marco Flores, Álvaro De Guzmán y Pedro Saona se dictó la prohibición de salida del país y la presentación una vez cada ocho días ante la CNJ. También se ordenó el uso de dispositivo electrónico.
El caso Las Torres investiga una presunta red de delincuencia organizada que operó en la Contraloría, en la Secretaría General de la Presidencia y en Petroecuador.
Según la Fiscalía, se exigieron sobornos a proveedores de Petroecuador a cambio del pago de planillas atrasadas y del desvanecimiento de millonarias glosas.
El rol de cada uno
Durante la audiencia de vinculación, Salazar dio a conocer la presunta participación de cada uno de los nuevos vinculados en el caso.
Roy Esteban Calero Acosta
Según la Fiscalía, Calero facilitó cuentas bancarias en el exterior para recibir los pagos de la empresa Monay, entidad creada por Nolimit.
Una vez recibida la transferencia, Calero habría entregado esos dineros en Ecuador a Roberto Barrera, emisario de Petroecuador para el cobro de los sobornos, y a una mujer.
Álvaro Jorge De Guzmán Pérez
La fiscal Diana Salazar dijo que De Guzmán tiene relación de dependencia en varias empresas proveedoras de servicios, que son de propiedad de Esteban Celi, hermano del contralor Pablo Celi.
Además, De Guzmán habría asesora a los líderes de la presunta organización sobre el manejo de los supuestos pagos indebidos.
Pablo Antonio Flores Cueva
Según la Fiscalía, Flores, en su condición de gerente de Petroecuador, no denunció los hechos, "mantuvo y sostuvo la mentira hasta que explotó la trama en Estados Unidos". Dentro de la supuesta organización, lo señalan con el rol de líder.
Marco Antonio Flores Troncoso
Las primeras investigaciones determinarían que Flores recibió dineros provenientes de Nolimit, a través de Roberto Barrera. Esto, supuestamente, ocurrió mientras su hijo, Pablo Flores, era gerente de Petroecuador.
Pedro Vicente Saona Roca
La Fiscalía segura que Saona era el consultor técnico de la organización. Esa asesoría se habría dado a través de la empresa Legalcont, que se constituyó en Estados Unidos y en Ecuador, en 2019, y de la que Saona es accionista.
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