El juicio político al Procurador sigue en el limbo tras decisión del Pleno

La Asamblea resolvió que el proceso vuelva a la Comisión de Fiscalización, que envió el juicio político al Pleno en un inicio. El tema deberá volver a ser analizado, por el pedido de UNES de su retiro.

El juicio político planteado en contra del procurador Íñigo Salvador sigue sin una salida. El Pleno de la Asamblea resolvió, el jueves 21 de abril de 2022, que el proceso regrese a la Comisión de Fiscalización, que deberá pronunciarse sobre si sigue adelante o queda archivado.

El problema nació cuando el asambleísta Ferdinand Álvarez (UNES) notificara su intención de retirar el pedido de juicio político. El legislador argumentó que hacía eso para que se pueda dar prioridad al proceso de fiscalización -también presentado por el correísmo- en contra de los cuatro vocales de mayoría del Consejo de Participación Ciudadana.

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Para evitar que la Comisión inicie el trámite, los legisladores de UNES retiraron sus firmas de apoyo a la iniciativa de juicio político. Esto haría que la solicitud no cumpla los requisitos y, por lo tanto, no pueda iniciar su trámite.

Ante esto, Fiscalización no logró las firmas para avocar conocimiento, por lo que envió el tema al Pleno para que resuelva.

Pero en el Pleno el enredo fue otro. La asambleísta Gabriela Molina (UNES) planteó una moción para que el proceso fuera devuelto a Fiscalización, el pasado 4 de abril. Esto fue un error según su misma bancada, pues la idea era archivar el juicio político directamente en el Pleno.

Por ello, la moción no obtuvo ni un solo voto a favor. Pero el Pleno aprobó una reconsideración, por lo que debía haber otra votación.

Este 21 de abril, la moción logró 92 votos a favor, con lo que retornará a Fiscalización. Esa comisión deberá, entonces, analizar si el pedido de juicio político cumple o no los requisitos para iniciar su trámite.

Álvarez acusa al procurador Salvador de incumplimiento de funciones, por una supuesta falla en su deber de defender los intereses del Estado ecuatoriano. Específicamente, lo señalan por haber actuado "en contra de estos intereses" en los procesos arbitrales de Perenco y Chevron-Texaco.