El Gobierno reconoce que no se cumplirá disposición de la Ley de Comunicación para el traspaso de las acciones de los medios de comunicación incautados en 2008. Nueve de las 11 empresas de comunicación están en proceso de liquidación o ya fueron disueltas.
La Empresa de Medios Públicos EP -en respuesta a una solicitud de PRIMICIAS- admite que es imposible, por el momento, vender las casi 200 empresas incautadas a los hermanos Isaías, prófugos de la justicia, en 2018.
Entre estas empresas hay 18 medios de comunicación y, casi todos, están quebrados. El único que opera al 100% es TC Televisión.
El Gobierno reconoce que no cumplirá la Transitoria Primera de la Ley Orgánica de Comunicación (LOC), que fue reformada hace un año, y que ordena al Estado que transfiera todas las acciones de medios privados que posee, con plazo final hasta el 20 de febrero de 2020.
Según las respuestas al cuestionario enviado por PRIMICIAS a la Empresa de Medios Públicos “existen medidas cautelares producto de una acción de protección (Proceso Judicial No. 09201-2018-02826) que fue interpuesto por los abogados de la familia Isaías".
Estas medidas implican la "prohibición de enajenar los bienes, lo que hace imposible una negociación y venta de las acciones. Mientras esta acción judicial se mantenga, no se pueden tomar acciones para el cumplimiento de la Transitoria Primera”, dice la empresa.
12 años de controversias
Lo mismo dice el abogado de los hermanos Roberto y William Isaías (condenados a ocho años de cárcel por peculado), Jorge Zavala Egas.
Zavala Egas asegura que, hasta finales de 2020, no se podrá dilucidar el panorama jurídico.
“Son casi 12 años de acciones legales y no vamos a desmayar. Estamos ya en tribunales internacionales. Hemos visto cómo el Estado ha quebrado estas empresas privadas ilegalmente incautadas”.
Jorge Zavala, abogado de los hermanos Isaías
Los Isaías eran propietarios del banco Filanbanco, que quebró en 2001 tras una serie de irregularidades. Hasta 1998 el banco estuvo en manos de los Isaías. Luego, pasó a regulación estatal.
Los hermanos Isaías tenían deudas pendientes con el fisco por USD 661 millones: se demostró que entregaron -en calidad de préstamos sin garantías- esa cantidad a personas y compañías vinculadas.
Lo de Filanbanco marcó una época en que la mitad de las entidades financieras cerró y Ecuador padeció la peor crisis política y económica de su historia.
Debacle administrativa
Al lío legal se suma otro igual de grande: el administrativo. Nueve de las 11 empresas de comunicación incautadas están en liquidación. Es decir, el 81% ha quebrado en manos del Estado.
Mientras no termine el proceso iniciado por la Superintendencia de Compañías, aquellas compañías que se encuentren en liquidación no se pueden enajenar.
En seis de las empresas consta el mismo liquidador: Carlos Humberto Alvarado Vera. Los otros tres liquidadores son: Víctor Damián Aucancela (Edimpres S.A.), Santiago Jaramillo Dávalos (Movidad CA) y Juan Gutiérrez Vivero (Gamavisión).
Repetición para responsables
El Gobierno de Lenín Moreno planea aplicar el derecho de repetición a los funcionarios del régimen del expresidente Rafael Correa (ministros incluidos, como Fernando Alvarado, extitular de la Secretaría de Comunicación, Secom).
Esto lo establece el artículo 11 de la Constitución. “El Estado ejercerá de forma inmediata el derecho de repetición en contra de las personas responsables del daño producido, sin perjuicio de las responsabilidades civiles, penales y administrativas”.
Lo que significa que los exfuncionarios deben asumir los costos del desperdicio de recursos en el manejo de los medios incautados.
Sin embargo, en Ecuador no ha sido posible hacer efectiva la acción de repetición contra los servidores o personas que actuaron con potestad pública por falta de normativa y por una inadecuada regulación de la acción, según una investigación de la Universidad San Francisco de Quito.
Según la gerencia de Medios Públicos EP, “estos medios deben pasar a manos de la sociedad y no deben ser administrados y usufructuados por ningún régimen".
Y añade que "esa es la gran lección del régimen anterior: el uso para fines políticos de los medios incautados. Llevamos adelante un responsable proceso de solución a la situación caótica con la que se manejaron”.
Como gallinas enfermas
Aunque terminen los procesos judiciales y las liquidaciones en camino, varios de los empleados y ejecutivos de los medios incautados, entrevistados por PRIMICIAS, aseguran que la venta será imposible.
“Dos gobiernos nos han dejado quebrados y sin opción de una liquidación digna o una jubilación patronal. Además ¿quién quiere comprar algo que no sirve? Esto es como tratar de vender una gallina enferma”, reclama uno de los empleados de las cuatro radios incautadas.
PRIMICIAS también contactó a altos funcionarios del régimen de Correa.
Uno de ellos, vinculado al proceso de incautación, recalca que en el Gobierno de la llamada Revolución Ciudadana “nunca se dio un dólar del Estado a los medios incautados. El Gobierno de Moreno, en cambio, sí ha dado una millonaria cantidad para salvar, por ejemplo, a Gamavisión”.
Quien dice estas palabras es un exministro y se refiere a los casi USD 7 millones que la Presidencia de la República pagó a Gamavisión -por orden de la Contraloría- para cubrir el costo de los casi 200 Enlaces Ciudadanos (o sabatinas) de Rafael Correa que este canal incautado produjo y transmitió.
634 empleados privados que dependen del Gobierno
En los medios incautados hay 634 empleados. La mayoría de ellos en TC Televisión (430). Los demás están en las radios, la editorial y otros canales que, en su mayoría, han sido disueltos o se encuentran liquidación.
“Se ha buscado preservar el empleo de cientos de trabajadores. Dentro de nuestra política de austeridad, al desvincularse personal se lo hizo hasta el punto de que se pueda honrar con los valores pendientes”, señala la versión gubernamental.
La joya de la corona es TC. Según Medios Públicos EP, este canal tiene una evolución positiva.
“De saldos en rojo a resultados de gestión favorables. La plantilla se ha optimizado en un 13%; en la actualidad es de 430 empleados, lo que implica un ahorro de casi USD 1 millón en sueldos y un 10% en costos operativos de la empresa. Su flujo por autogestión ha permitido incluso tener utilidad en 2019, algo que históricamente ya no había”.
Según el Estado, Gamavisión ha dejado atrás su complicada situación. “Se entregaron USD 7 millones que permitieron cancelar a empleados y extrabajadores, impuestos, aportes retrasados al seguro social, proveedores y liquidaciones”, de acuerdo con la Empresa Medios Públicos EP.
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