Los presos tendrán suspendidos sus derechos de libertad de asociación y reunión. Además, el presidente Guillermo Lasso dispuso al Consejo de la Judicatura que emita un informe sobre el uso de la prisión preventiva en los procesos penales iniciados desde 2019.
Tras la última masacre en la Penitenciaría del Litoral que, hasta las 15:00 del 29 de septiembre se calculaba que terminó con más de 100 fallecidos, el presidente Guillermo Lasso firmó la declaratoria de estado de excepción para todo el sistema penitenciario.
La medida durará 60 días y tiene por objetivo “precautelar los derechos de las personas privadas de la libertad, como grupo de atención prioritaria, así como del personal del cuerpo de seguridad penitenciaria y de miembros de la Policía Nacional”.
Con la medida también se movilizan los recursos necesarios de todas las entidades del Gobierno Central, así como del Servicio Nacional de Atención Integral (Snai), de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, para que restablezcan y mantengan el orden.
La presencia de las fuerzas de seguridad pública será para reforzar la seguridad interna y perimetral de los centros de privación de libertad. Así como para “intervenir de manera urgente, dentro del marco constitucional y legal vigente, y en respeto a los derechos humanos” en caso de nuevos altercados.
Las Fuerzas Armadas se encargarán del control de armas fuera de los centros penitenciarios.
Y las personas privadas de la libertad perderán el derecho a la inviolabilidad de correspondencia, libertad de asociación y reunión, en todos los centros del país. Por lo tanto, las autoridades limitarán las aglomeraciones y espacios de reunión, dentro y fuera de las cárceles.
Además, el Mandatario dispuso al Consejo de la Judicatura que en 10 días emita un informe sobre el uso de la prisión preventiva en los procesos penales iniciados desde 2019. Lo mismo para las penas no privativas de libertad en las sentencias expedidas desde julio de 2019.
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