La iniciativa aprobada por la Asamblea planteaba la reprogramación de deudas, pero este tema ya llegó a acuerdos en los diálogos con el movimiento indígena. La propuesta no podrá tratarse un año.
El presidente Guillermo Lasso emitió, este 21 de julio de 2022, una objeción total a la derogatoria a la Ley Humanitaria aprobada por la Asamblea. La iniciativa del Legislativo buscaba “tumbar” la mayor parte de esta polémica ley, y establecía la reprogramación de pagos de las deudas adquiridas durante la pandemia.
El veto total de Lasso impide a la Asamblea volver a tratar este proyecto durante un año. Una vez transcurrido ese tiempo, los legisladores podrían solo ratificarlo o archivarlo.
El documento argumenta que hay problemas en la redacción y errores de técnica legislativa en la propuesta aprobada. Asegura que parte de las reformas planteadas en la iniciativa, “aunque bien intencionadas, podrían acarrear consecuencias indeseables para los ecuatorianos”.
Argumenta, por ejemplo, que postergar la prohibición de corte de servicios públicos y el pago de deudas amenazaría la sostenibilidad de las empresas.
El tema de las reprogramaciones de deudas fue uno de los tratados en los diálogos derivados de los 18 días de paro nacional. De hecho, el día de la firma del acuerdo de paz, el movimiento indígena propuso que Lasso no vetara esta propuesta.
Sin embargo, el diálogo sobre ese tema entre el Gobierno, la Conaie, la FEINE y la Fenocin ya tuvo frutos. El 18 de julio, se establecieron cuatro acuerdos, entre los que está una reestructuración de microcréditos, préstamos para pymes y créditos educativos obtenidos entre enero de 2020 y junio de 2022, en bancos privados y cooperativas.
Este es justamente otro de los argumentos del veto. “Estos mecanismos de condonación, establecidos en la mesa técnica, establecen alivios mayores a los que plantea este proyecto de ley, permitiendo agilidad en su implementación”, dice el documento.
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