Lasso veta totalmente las reformas a la Ley de la Contraloría

El presidente Guillermo Lasso emitió, este 25 de mayo de 2022, un veto total a las reformas a la Ley de la Contraloría General del Estado. Con esta decisión del Ejecutivo, la Asamblea no podrá topar esta propuesta en un año.

La iniciativa de reforma a la Ley de la Contraloría nació después de la designación de Valentina Zárate y Carlos Riofrío como contralores subrogantes. Pablo Celi presentó su renuncia y nombró a sus reemplazos desde la Cárcel 4, después de que fue detenido y procesado penalmente, y en medio de un juicio político en su contra.

El proyecto de reformas unificó iniciativas de seis asambleístas, entre ellos el entonces legislador Francisco Jiménez (BAN), actual ministro de Gobierno.

En el veto, el Presidente señala que la Contraloría no puede ser un "botín político ni estar sujeta a los vaivenes de la política". Por ello, según el documento, dado que hay un concurso para escoger a un nuevo contralor en marcha en el Consejo de Participación, la reforma "es inconveniente para la estabilidad institucional".

El veto total generó reacciones de inmediato en la Asamblea. El presidente de la Comisión de Justicia, Alejandro Jaramillo (ex ID), aseguró que la reforma buscaba "evitar tener un contralor que despacha desde la cárcel".

Este es el segundo veto total emitido por el presidente Lasso, que deja a la Asamblea atada durante un año para tratar este tema. El primero fue en contra de las reformas a la Ley de Seguridad Social, en junio de 2021.

Hace pocas semanas, el Mandatario vetó totalmente por inconstitucionalidad las reformas a la Ley de Educación Superior, que estableció el alza de salarios para los maestros. Este, sin embargo, fue rechazado por la Corte Constitucional.

Otro veto total

Un nuevo veto total (sería el tercero) también llegó a la Asamblea, en contra de la Ley de Tratados Internacionales. Esta tampoco podrá tratarse en un año.

La iniciativa fue presentada por María Augusta Calle (AP) en 2016, pero en el actual período la reforma fue impulsada y tramitada por la Comisión de Relaciones Internacionales, dirigida por el jefe de la bancada oficialista Juan Fernando Flores.

El proyecto buscaba regular el procedimiento para la celebración de tratados, determinar las competencias y obligaciones de las instituciones parte, y distinguir los tratados internacionales de los acuerdos o convenios interinstitucionales en el ámbito internacional. Obtuvo 123 votos a favor, incluidos todos los de la Bancada del Acuerdo Nacional.