La sesión para decidir si continúa el proceso de fiscalización, impulsado por el correísmo, está suspendida desde el 29 de marzo pasado.
La suerte del contralor Carlos Riofrío ha estado en el limbo por cerca de dos meses. Después de que la Comisión de Fiscalización recomendara el archivo del juicio político en su contra, el Pleno de la Asamblea no ha logrado instalar la sesión para resolver sobre ese informe.
Este juicio político se vio enredado en la pugna legislativa. La sesión original en la que los legisladores iban a tratar ese informe, el 29 de marzo de 2022, fue suspendida por un cambio del orden del día para incluir la creación de la comisión multipartidista para evaluar al Consejo de la Administración Legislativa (CAL).
En un segundo intento, la presidenta de la Asamblea, Guadalupe Llori, convocó la sesión para el 28 de abril de 2022. Pero hubo una amenaza de bomba, que coincidió con la instalación de la comisión multipartidista.
Y, finalmente, el tema está en agenda para este 18 de mayo, cuando se cumplen ya más de dos meses desde la decisión de la Comisión de Fiscalización. Y ahora entre los legisladores hay criterios divididos sobre si el proceso debe seguir o no.
El informe de Fiscalización no es vinculante, por lo que UNES impulsaba la idea de desecharlo, y que sí haya un juicio político en el Pleno contra Riofrío.
Posiciones contrapuestas
La reformada Ley Orgánica de la Función Legislativa fijó plazos específicos para el trámite de los juicios políticos. Por ello, tras la aprobación del informe -que puede recomendar el juicio político o el archivo de la denuncia-, la Secretaría tiene dos días para difundirlo, y luego la Presidenta tiene cinco días para incorporarlo en el orden del día del Pleno.
Estos plazos ya se cumplieron y, sin embargo, la sesión no se ha logrado instalar; y la ley no da un plazo para decisión del Pleno.
Para Fernando Villavicencio (indep.), presidente de la Comisión de Fiscalización, los plazos ya preculyeron; es decir, que el Pleno ya no podría pronunciarse sobre el tema. Su conclusión se centra en otro artículo de la Ley de la Función Legislativa, que dice que las sesiones deben evacuarse en menos de 30 días.
De hecho, este fue uno de los reclamos que Villavicencio presentó a Llori durante una reunión, la semana pasada, con los presidentes de las comisiones. Sin embargo, el secretario de la Asamblea, Álvaro Guzmán, aseguró que los plazos sí se han cumplido y el informe sí podría tratarse en el Pleno.
La decisión estará en manos del mismo Pleno, que deberá resolver primero si es posible conocer el informe, y luego si habrá o no juicio político contra Riofrío.
Un concurso retrasado
Este juicio político camina a la par del proceso de designación de un nuevo contralor, a cargo del Consejo de Participación Ciudadana (Cpccs). Pero este lleva múltiples rechazos.
Carlos Riofrío es el tercer reemplazo de Carlos Pólit, y debía cumplir con su período, que culminaba el 15 de marzo de 2022. Pero está prorrogado en funciones hasta que el concurso termine.
Y el concurso ni siquiera comienza oficialmente. El equipo técnico aún está en la fase de calificación de méritos de los miembros de la comisión ciudadana de selección que llevará adelante el concurso.
Según Hernán Ulloa, presidente del Cpccs, la designación concluiría en unos tres meses.
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