El Legislativo ahonda su ruptura con el Ejecutivo antes de las elecciones

La Asamblea tiene al Gobierno “en sus manos” mientras tramita la Ley Anticorrupción, necesaria para el desembolso del FMI. Las últimas críticas de los legisladores se centran en los vetos, que aseguran están excediendo sus capacidades y buscando reformar artículos no topados por la Asamblea.

La debilidad del Ejecutivo ante el Legislativo es cada vez más aparente. Sin un bloque legislativo propio, al Gobierno Central se le está haciendo casi imposible que cualquier iniciativa suya sea aprobada sin ser totalmente modificada.

Aún quedan seis meses para el cambio de gobierno, y la situación es cada vez peor.

Para muestra están los dos últimos vetos entregados por el Ejecutivo a las reformas al Código Orgánico de la Función Judicial y a las reformas a la Ley de Compañías. En ambos casos, la mayoría de observaciones del Ejecutivo fueron descartadas con la mayoría calificada de la Asamblea (91 votos), un número que hasta hace poco era difícil de alcanzar.

A esto se suma que el Legislativo tiene en sus manos la aprobación de la Ley Anticorrupción, que el Gobierno necesita que pase hasta fin de años para viabilizar el desembolso de USD 2.000 millones del Fondo Monetario Internacional (FMI). La Asamblea apuró el trámite, pero según José Serrano, presidente de la Comisión de Justicia, no se puede aprobar cualquier “mamotreto”.

Lo bueno para el Gobierno es que no tiene nuevas reformas pendientes como parte de los acuerdos con multilaterales para lo que resta de su mandato. La reforma laboral quedará para el nuevo período, al igual que la posible reforma tributaria y de la seguridad social.

Vetos desechados a pesar de a dificultad

Una de las principales críticas a la Constitución por ser hiperpresidencialista está justamente en que la Asamblea, para ratificarse en un texto vetado por el Ejecutivo, necesita los votos de las 2/3 partes de sus legisladores. Esto, con la actual integración del Legislativo, son 91 votos, un número alto para alcanzar.

Aún así, la Asamblea ha logrado desechar gran parte de las objeciones contenidas en los vetos presidenciales.

En la sesión del 1 de diciembre pasado, los legisladores se ratificaron en 25 de las 45 objeciones propuestas para las reformas a la Ley de Compañías. También se ratificaron en 18 de las 24 objeciones a la reforma al Código de la Función Judicial.

Y no es la primera vez que algo así sucede. En el último año, la Asamblea ha desechado la mayor parte de los vetos ejecutivos.

Aún así, en dos casos el Pleno no ha logrado los votos para ratificarse en este año: en la Ley de Empresas Públicas y en la Ley de Ordenamiento de las Finanzas Públicas.

A esto se les suman las críticas a los vetos, por sus errores o porque incluyen cambios a artículos que no habían sido topados por la misma Asamblea. En el caso de la Ley de Compañías, el ponente, Esteban Albornoz (AP), repitió en al menos cinco ocasiones que las objeciones se referían a temas no tratados en la reforma propuesta por el Legislativo.

La Ley Anticorrupción: el deseo de Navidad del Gobierno

El Ejecutivo espera con ansias la aprobación en segundo debate de la Ley Anticorrupción, uno de los compromisos con el FMI que el país debe cumplir antes de fin de año para el desembolso de USD 2.000 millones.

El problema es que la promulgación de la Ley no depende del Ejecutivo, sino del ritmo que la Comisión de Justicia, dirigida por José Serrano (AP), decida darle.

La propuesta no es tan larga: 15 artículos y seis disposiciones reformatorias. Pero aún así, la mesa legislativa ha recibido comparecencias y aportes, que demoran el trámite.

La negociación Ejecutivo-Legislativo se vio empañada con el juicio político a la exministra María Paula Romo. Aunque la ruptura del diálogo y la coordinación entre, al menos, la bancada oficialista y el Ejecutivo ya venía de meses antes.

A pesar de esto, la salida de Romo apuró la aprobación del informe para primer debate de la ley. Este 2 de diciembre, comenzó en Justicia el análisis para la elaboración del informe de segundo debate. Y aunque los legisladores saldrán a vacancia el 16 de diciembre, el presidente, César Litardo, podrá convocar a una sesión extraordinaria de ser el caso.