La campaña electoral será en enero de 2023. Los candidatos tienen un techo para sus gastos, de acuerdo con el número de votantes que hay en su cantón o provincia. Si se pasan de ese monto, pueden tener sanciones.
Las campañas electorales significan mucho dinero. Para garantizar que los gastos de campaña no sean extraordinarios, el Consejo Nacional Electoral (CNE) fija un límite en el monto que cada candidato puede gastar, de acuerdo con el número de electores registrados en cada circunscripción.
Para 2023, el CNE ya fijó estos techos. Los más altos corresponden a las provincias y cantones con más votantes registrados. En los cantones más pequeños, el monto es menor, pero en ningún caso menos de USD 30.000.
Dado que las campañas electorales se financian con recursos privados (el fondo de promoción electoral para vallas y pauta en medios de comunicación es aparte), esto significa que tampoco podrían recibir aportes por encima del límite.
Para justificar los egresos, los encargados económicos deben presentar comprobantes de los aportes y facturas de los gastos. Esto entra en revisión en el CNE después del proceso electoral.
Entre los gastos de campaña se pueden contar los eventos, mítines y reuniones, pintura de murales o material publicitario como adhesivos, camisetas.
Los candidatos no podrán entregar donaciones, dádivas o regalos a los ciudadanos, a excepción de los artículos promocionales reglamentados.
Hasta cuánto se podrá gastar
Para las prefecturas, el mayor gasto lo podrán hacer los candidatos que participen en Guayas, Pichincha y Manabí.
Todos ellos podrán hacer pagos de más de USD 1 millón.
Mientras que en los cantones, los dos que tendrán la oportunidad de gastar más de USD 800.000 son Quito y Guayaquil. Estos dos cantones están seguidos muy de lejos por Cuenca, Santo Domingo, Ambato y Portoviejo.
En el caso de los alcaldes, el Código de la Democracia establece que el límite del gasto electoral nunca puede ser menor a USD 20.000.
Los descuentos y las sanciones
Los candidatos que hagan campaña anticipada tendrán un descuento en el límite gasto electoral. En el caso de que el CNE identifique algún tipo de promoción antes de la época oficial de campaña electoral (entre enero y febrero de 2023), esto le será imputado al gasto electoral.
Además, la campaña anticipada es una infracción electoral grave, que se sanciona con multas desde 11 hasta 20 salarios básicos (de USD 4.675 a USD 8.500), destitución y/o suspensión de derechos de participación desde seis meses hasta dos años.
En el plazo de 90 días después de las elecciones, los partidos y movimientos deben entregar liquidaciones de los valores, ingresos y egresos de la campaña electoral.
Si el CNE halla indicios de infracciones, puede disponer auditorías especiales o presentar el caso ante el Tribunal Contencioso Electoral.
Es una falta muy grave el incumplir las resoluciones del CNE, que se sanciona con multa desde 21 hasta 70 salarios básicos (de USD 8.925 a USD 29.750), destitución y/o suspensión de derechos de participación desde dos hasta cuatro años.
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