La lucha contra la corrupción ha sido una de las “banderas “de los dos años de gobierno de Lenín Moreno. Desde el Frente de Transparencia y Lucha contra la Corrupción hasta la actual Comisión Internacional, sin embargo, no se han concretado propuestas legales ni de política pública. Temas como la contratación pública podrían reforzarse.
El gobierno de Lenín Moreno ha estado marcado por un discurso de lucha en contra de la corrupción. Los anuncios para combatirla comenzaron en la campaña electoral que se vio atravesada por el escándalo de los sobornos, supuestamente, pagados por la constructora Odebrecht a funcionarios públicos a cambio de contratos.
Sin embargo, las prácticas y políticas aún no han llegado a cambiarse.
La Función de Transparencia se subió a la ola: el martes el Comité de Coordinación “aprobó y presentó el Plan Nacional por la Integridad Pública y Lucha Contra la corrupción para el periodo 2019 – 2023”.
Se plantea tres objetivos:
- Promover la integridad en la gestión pública y privada que se desarrolle con recursos públicos.
- Fortalecer la acción ciudadana para lograr su incidencia en lo público.
- Fortalecer los mecanismos de coordinación y cooperación interinstitucional pública y privada que articulen iniciativas y acciones para la prevención y lucha contra la corrupción.
Aunque no se dio a conocer cómo se ejecutaría este plan.
La lista de iniciativas empezó en mayo de 2017.
Frente de Transparencia:
El período de Moreno comenzó en mayo del 2017 y, a los pocos meses se instaló el Frente de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, mediante decreto ejecutivo. La agrupación funcionó durante cinco meses, y presentó un informe final al primer mandatario.
El documento hizo propuestas fortalecimiento de las instituciones de control como la Fiscalía, Contraloría, Superintendencia de Compañías y el sistema de contratación pública. Sobre el último tema, propusieron una auditoría externa al sistema, la exigencia de requisitos para contrataciones de altos valores y el diseño de un mecanismo de calificación y registro de proveedores.
Las recomendaciones, sin embargo, quedaron ahí. El informe del Frente no volvió a ser mencionado.
Solo una de sus recomendaciones se aplicó: el cambio de la forma de designación de los miembros del Consejo de Participación Ciudadana.
La consulta popular:
La consulta popular de febrero del 2018 también incluyó un tema relacionado con la lucha contra la corrupción. La primera pregunta decía: ¿Está usted de acuerdo con que se enmiende la Constitución para que se sancione a toda persona condenada por actos de corrupción con su inhabilitación para participar en la vida política y con la pérdida de sus bienes?
Una Comisión de Expertos Internacionales:
La más reciente apuesta del gobierno fue el lanzamiento de la Comisión de Expertos Internacionales de Lucha Contra la Corrupción en Ecuador (Ceicce), el 13 de mayo de 2019. La agrupación tiene como objetivo asesorar y fortalecer a las instituciones del Estado ecuatoriano y establecer mecanismos más rápidos de prevención para impedir actos de corrupción.
Una lucha que se queda en el discurso
Las reformas legales necesarias para activar la lucha contra la corrupción, o su prevención, no se han concretado en estos dos años de gobierno de Moreno. La Ley Anticorrupción sigue en la Asamblea, lo aprobado en la consulta popular no se ha aplicado y otras propuestas siguen pendientes.
El presidente Moreno envió un proyecto de Ley Anticorrupción a la Asamblea en septiembre del 2018. El documento se entregó después de que el primer mandatario vetó totalmente la Ley contra la Corrupción, de iniciativa Legislativa. Esta fue aprobada con los votos del oficialismo.
El proyecto de Ley Anticorrupción del Ejecutivo propone un sistema de protección para los denunciantes de actos de corrupción y una compensación económica. Está pendiente el segundo debate de la propuesta, que tiene 10 artículos.
Mientras, también siguen pendientes también las reformas legales necesarias para la aplicación de lo aprobado en la consulta popular respecto a la inhabilitación política de los sentenciados por corrupción. Para llegar a aplicar lo aprobado en la consulta, sería necesario un cambio en el Código Integral Penal y en el Código de la Democracia.
Jorge Rodríguez, presidente de la Comisión Anticorrupción, cree que este tipo de omisiones del gobierno demuestran que no hay un real objetivo de erradicación de malas prácticas.
“Todo ha sido una trama para seguir cubriendo a los corruptos”.
Jorge Rodríguez
Para él, también es necesario aprobar una Ley de Extinción de Dominio. Con esta, se podría declarar la titularidad a favor del Estado de los bienes de los sentenciados por delitos relacionados con corrupción.
Además, cree que el requisito de informe de Contraloría para el delito de peculado se debe eliminar. El tema está en debate en la Corte Constitucional y debería resolverse en los próximos días.
También está pendiente una reforma a la Ley de Contratación Pública. Las instituciones del Ejecutivo preparan una propuesta para enviar a la Asamblea, que podría ser incluida entre el paquete de reformas económicas y laborales.
Los casos ya judicializados
Los organismos de la Justicia han avanzado en la investigación de los delitos relacionados con la corrupción. Según la Fiscalía, hay al menos 25 casos grandes en investigación previa.
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