Un estudio detectó sobreprecio en el contrato de USD 27,5 millones para la remodelación del hospital Rafael Rodríguez del MSP, en Manta. Mientras se hacían las obras se firmó otro contrato, por USD 4 millones más, para levantar una casa de salud provisional, que tampoco se concluyó.
La Comisión Anticorrupción asegura que la red de corrupción del exsambleísta Daniel Mendoza y el Servicio de Contratación de Obras (Secob), cuyos principales directivos están presos, tuvo injerencia en la adjudicación de contratos en tres hospitales de Manabí: Pedernales, Bahía de Caráquez y Manta.
Manta es la tercera pata de la trama criminal, según Anticorrupción y la Fiscalía. La investigaciones han detectado, hasta ahora, que se repartieron coimas de, al menos, USD 2 millones, cuya repartición dispuso el detenido exlegislador.
Por ejemplo, al asesor de Daniel Mendoza, Jean Carlos Benavides, se le incautaron más de USD 600.000 cuando fue detenido.
¿Qué ocurre en Manta? La situación, al parecer, incluso es más crítica de lo detectado en Pedernales o Bahía.
Según la Veeduría Ciudadana, todo marcha mal en el hospital Rodríguez Zambrano del Ministerio de Salud.
Se adjudicaron dos contratos que suman USD 31,5 millones:
- El primero, para repotenciar la casa de salud afectada por el terremoto de 2016, por un monto de USD 27,5 millones.
- Y el segundo, para construir un hospital exprés, provisional, exigido por la Junta Cívica de Manta, que asciende a USD 4 millones y adjudicado a una persona natural con poca experiencia en construcción.
Ambos contratos están salpicados por denuncias de corrupción. Y ambas construcciones, atrasadas o paralizadas.
Primero, se rescindió el contrato para levantar una casa de salud de contingencia. Luego, la Veeduría Ciudadana denunció, este jueves 30 de julio de 2020, un sobreprecio en la remodelación de la casa de salud: una obra que se adjudicó por USD 27,5 millones.
Quienes detectaron la presunta anomalía son profesionales de la Facultad de Ingeniería Civil de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manta (Uleam). A los técnicos los motivó el deseo de cerciorarse que la nueva estructura sea antisísmica.
Darío Páez, decano de la Facultad, dijo a PRIMICIAS que la obra tiene su antecedente en 2016. Ese año el Ministerio de Vivienda contrató una consultoría para establecer las condiciones del hospital, luego del devastador terremoto del 16 de abril de aquel año.
“Esta consultoría establece que había que poner disipadores y otras cosas. Eso costaba USD 4 millones. Luego, hay un lapso en el cual la construcción pasa de USD 4 millones a USD 27 millones”, según Páez.
Los disipadores son dispositivos, cuya función en los edificios se puede comparar a lo que hacen los amortiguadores en los vehículos: absorben el impacto. En este caso, explica el experto, los disipadores son clave ante un eventual terremoto.
“Adicionalmente al refuerzo, ingresaron otras necesidades: líneas de conducción, nuevos elevadores. En ningún lugar existe justificación de por qué tumbar paredes. Eso encarece la obra, pues hay que hacer todo nuevo”, detalla el decano.
En 2019, el Servicio de Contratación de Obras adjudica la remodelación del hospital por un valor de USD 27,5 millones.
La Veeduría Ciudadana y los técnicos de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí analizaron el contrato y detectaron una serie de irregularidades, como sobreprecios del 300%. Aquí el detalle de algunas de ellas:
- Se compra un generador eléctrico por USD 273.000 cuando en Manta el mismo equipo cuesta USD 107.000.
- Un transformador que cuesta USD 18.000 se planilla en USD 23.000.
- En el área eléctrica se colocan transformadores de alta potencia, cuando el consumo del hospital hace que sea innecesario.
- Los disipadores de energía que cuestan USD 4.500 se compran en USD 5.200. Se necesitaban 360 de estos dispositivos. Solo en este rubro hay un sobreprecio de más de USD 250.000.
Para el Decano de la Uleam, lo necesario era reforzar la estructura con los disipadores. “No entiendo por qué derrocan paredes y desechan la infraestructura hospitalaria que hay en ellas: líneas eléctricas, de comunicaciones y de oxígeno. Reconstruir todo eso elevó el costo”.
El experto afirma que el edificio no tiene afectación mayor. “En la parte baja hay paredes dañadas, mampostería. Eso hay que cambiarlo, pero en la consultoría determina que la estructura está 100% buena: vigas y columnas no fueron afectadas en el terremoto”.
La mano política en la obra
El informe de la Veeduría Ciudadana se entregó el pasado miércoles 29 de julio al viceministro de Salud, Xavier Solórzano, quien estuvo de visita en Manta.
Pero esa cartera de Estado no adjudicó la obra, sino el Servicio de Contratación de Obras (Secob). Esta entidad fue absorbida por el Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP).
Cuando se adjudicó la obra, al frente del Secob estaba Johe Jaramillo, quien fue candidato a asambleísta por el Partido Socialista en las elecciones de 2017.
En su administración colocó a miembros de esa agrupación en puestos clave del Secob. El Partido Socialista apoya al gobierno de Lenín Moreno.
Julio Villacreses, representante de la Comisión Anticorrupción en Manabí, cree que es necesario rescindir el contrato.
La mafia de Mendoza
Parte de la estructura del hospital Rafael Rodríguez Zambrano de Manta este 30 de julio de 2020. Cortesía El Diario
Pacientes en Manta esperan ser atendidos este 30 de julio de 2020 en el hospital Rafael Rodríguez Zambrano que funciona por ahora en un policlínico. API
Como el hospital Rafael Rodríguez Zambrano y la casa de salud provisional no funcionan, ahora el servicio se da en un policlínico. API
“Extraoficialmente sabemos que el hospital de Manta es parte de la cuota de Daniel Mendoza, junto con el hospital de Bahía y de Pedernales”, denuncia la Comisión Anticorrupción.
La construcción de las tres casas de salud de Manabí (Bahía, Pedernales y Manta) cuesta al Estado ecuatoriano USD 70,18 millones. Y en los tres contratos hay atrasos, ilegalidades y una serie de delitos detectados, según la Fiscalía.
En Manta se conformó, además, un Comité Interinstitucional, que propone ahora construir un nuevo hospital, ante el fracaso de los dos millonarios contratos.
“Hay un sobreprecio terrible. Hay que rescindir el contrato, que devuelvan la plata porque no han hecho nada”, dice el delegado de la Comisión Anticorrupción en Manabí.
El contrato actualmente está en ejecución, según el Secob, y se dio de anticipo el 50% de los USD 27,5 millones, es decir, casi USD 14 millones. Pero el hospital está vacío. Un equipo de PRIMICIAS que acudió al lugar verificó que la obra está paralizada.
La obra para repotenciar el contrato se adjudicó a la Constructora Vicente Rodríguez CIA LTDA, una compañía con sede en Quito y con un capital suscrito de USD 556.000, de acuerdo a la Superintendencia de Compañía.
Vicente Rodríguez Castellanos es el presidente de la empresa y Vicente Rodríguez Quiroz, su gerente. Ambos son los únicos accionistas de la compañía.
Fuentes cercanas a la investigación en torno a este caso informaron a PRIMICIAS que del anticipo solo quedan en la cuenta de la constructora USD 370.000. El contrato se adjudicó formalmente en julio de 2019 y debe entregarse en enero de 2021. Las investigaciones han detectado un patrón: el modus operandi se repite en Pedernales, Bahía y Manta.
“Esa empresa es incumplida , quedó mal con el hospital Verdi Cevallos de Portoviejo, tenía la repotenciación que duró más de ocho años y aún no termina”, asegura Villacreses.
Hospital provisional tampoco funcionó
Como el hospital iba a ser intervenido, se contrató una obra extra: montar una estructura de contingencia para que la ciudad no se quede sin esta infraestructura. Un hospital temporal o exprés para no dejar desatendida la poblaciñon.
Esa necesidad surgió luego que el Comité Cívico que preside la dirigente Lucía Fernández interpusiera una acción de protección ante la justicia para paralizar la remodelación del hospital, hasta que no exista un plan de contingencia. PRIMICIAS pidió una entrevista a Fernández, sin éxito.
El pasado 24 de julio de 2020 la gerente del hospital, Tatiana Mendoza, revocó unilateralmente el contrato para esa obra emergente. Sin embargo, las autoridades tienen dudan para ejecutar las garantías de buen uso de anticipo. Lo mismo que ocurrió en el caso Pedernales.
El contrato recayó en una persona natural: Antonio Córdova Neumane, quien deslinda responsabilidades. Asegura que le deben planillas e insiste que “la obra está lista”.
Ejecutar las garantías, casi imposible
El contratista del hospital provisional recibió el 70% de los USD 4 millones del contrato como anticipo, es decir, USD 2,8 millones.
De los 26 módulos que constan en el contrato solo se terminaron 12.
“El contratista incumplió con dos cosas: no mantener vigente la garantía del buen uso del anticipo y no entregó la totalidad de los módulos en el plazo contractual de 100 días”, indica la gerente del hospital.
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