Reformas urgentes en seguridad se discutirán en un plazo de 60 días

El nuevo tema de diálogo será la seguridad. En medio de una nueva crisis carcelaria y frente a una Policía Nacional golpeada en su imagen, las funciones del Estado buscarán reformas legales que ayuden a enfrentar la inseguridad en las calles.

La mesa de diálogo se instaló este 6 de octubre de 2022, entre Asamblea, Gobierno, Corte Nacional de Justicia, Defensorías Pública y del Pueblo y Fiscalía. Sin embargo, en esta primera jornada, la hoja de ruta aún no quedó trazada. Lo que hubo fue una lluvia de ideas.

Por ello, la metodología será distinta a la que se aplicó para la construcción de la nueva Ley de Inversiones. Allí, Gobierno y Asamblea trabajaron en el texto de un anteproyecto que la Presidencia debería presentar en unas semanas como proyecto económico urgente.

En el caso de la seguridad, el trabajo será mucho más amplio y, probablemente, tendrá que dividirse en varios grupos de reformas. Según el presidente de la Asamblea, Virgilio Saquicela, serán 60 días de trabajo.

Las reformas más urgentes serán incluidas en el trámite de la Ley de Seguridad Integral, que ya pasó el primer debate. Esta iniciativa del Ejecutivo, presentada en enero de 2022, incluye reformas a varios cuerpos legales.

Otros temas, en cambio, podrán ser nuevos proyectos de ley, o ser incluidos en los que ya tramita la Comisión de Seguridad Integral.

Los temas urgentes

Un primer grupo de reformas urgentes sería incorporado en el informe para segundo debate de la Ley de Seguridad Integral. Serán solo los temas que vayan en concordancia con lo que ya está en ese texto.

Ramiro Narváez (ID), presidente de la Comisión de Seguridad de la Asamblea, sostuvo que una de las necesidades es tener una política criminal y una política de drogas del Estado. Dos temas que están incluidos en el proyecto de Ley de Seguridad Integral.

Por lo que los cambios que puedan entrar bajo ese paraguas, serían incluidos en el informe para segundo debate.

El general Mauro Vargas, Inspector General de la Policía, sostuvo que las reformas deben apuntar a enfrentar y neutralizar dos problemáticas:

• Más del 85% de muertes violentas están vinculadas al narcotráfico.
• El 83% de muertes violentas son por arma de fuego.

En estas reformas también podría incluirse el debate de dos temas polémicos, puestos en la mesa por el Partido Social Cristiano (PSC): la imputabilidad de los menores de edad y la libre tenencia de armas.

Otro punto que entraría serían las reformas al Código de Entidades de Seguridad Ciudadana (Coescop) para los procesos disciplinarios dentro de la Policía.

Según Vargas, el proceso de sanción de un uniformado puede llegar a tardar hasta 45 días; por lo que, una de las reformas debería ser que los policías procesados por delitos flagrantes sean separados inmediatamente de la institución.

Otra de las opciones podría ser la aplicación de pruebas de confianza periódicas a todos los uniformados.

Otras propuestas

Por fuera de la Ley de Seguridad Integral quedarán una serie de propuestas y, al menos, 24 proyectos de ley que están en trámite en la Comisión de Seguridad de la Asamblea.

Uno de los nuevos proyectos será presentado por el presidente de la Corte Nacional de Justicia, Iván Saquicela. El funcionario aseguró que están realizando reuniones con jueces en todo el país para elaborar una nueva reforma al Código Integral Penal (COIP), que cubra los vacíos y las contradicciones detectadas por los magistrados.

Otras propuestas vienen desde la bancada correísta de UNES, como la posibilidad de contar con jueces y fiscales sin rostro, confidencialidad de los denunciantes y mayor protección de los abogados en casos relacionados con el crimen organizado.

Además, hay otras leyes que la Comisión de Seguridad cree que se deberían apurar, como la Ley de Desarrollo Fronterizo, para fortalecer los controles de ingreso de armas en los bordes, por ejemplo. O la Ley de Seguridad Privada, para el trabajo de prevención de la violencia.

Un diálogo sin el Ejecutivo

Los principales ausentes en la instalación de esta nueva mesa técnica fueron los ministros como representantes del Ejecutivo. Ellos enviaron funcionarios de rango medio a la reunión.

Esto generó molestia en la instalación de la mesa, sobre todo, porque el secretario jurídico de la Presidencia, Fabián Pozo, había anunciado un día antes que asistiría.

El presidente de la Asamblea, Virgilio Saquicela, incluso abrió su intervención señalando que nadie es dueño del diálogo.

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