Miércoles, 01 de mayo de 2024

Notarías telemáticas, citaciones electrónicas, lo nuevo en la Ley de Inversiones

Autor:

Estefanía Celi

Actualizada:

6 Oct 2022 - 5:25

Los artículos sobre transformación digital en el proyecto no generan reparos en las bancadas, por lo que podrían pasar sin problema. Sobre las zonas francas aún hay cuestionamientos.

El presidente de la Asamblea, Virgilio Saquicela, y el secretario jurídico de la Presidencia, Fabián Pozo, conversan tras la entrega del anteproyecto de Ley de Inversiones, este 5 de octubre de 2022.

Autor: Estefanía Celi

Actualizada:

6 Oct 2022 - 5:25

El presidente de la Asamblea, Virgilio Saquicela, y el secretario jurídico de la Presidencia, Fabián Pozo, conversan tras la entrega del anteproyecto de Ley de Inversiones, este 5 de octubre de 2022. - Foto: AN

Los artículos sobre transformación digital en el proyecto no generan reparos en las bancadas, por lo que podrían pasar sin problema. Sobre las zonas francas aún hay cuestionamientos.

El anteproyecto de la nueva Ley de Inversiones está ya en manos del Ejecutivo. El Gobierno deberá revisar el trabajo de la mesa técnica y enviar, en los próximos días, el proyecto a la Asamblea como económico urgente.

Esta será una nueva prueba para la maltrecha relación Ejecutivo-Legislativo. Desde el archivo de la original Ley de Inversiones, en marzo de 2022, el Gobierno no ha enviado ni una propuesta legal a la Asamblea.

Pero para la nueva Ley de Inversiones sí hay esperanzas. El presidente de la Asamblea, Virgilio Saquicela, aseguró que esperan tener la propuesta aprobada a más tardar en noviembre.

Luego, la idea es trabajar en las reformas sobre seguridad hasta fin de año.

La mayoría de consensos entre la Asamblea y el Gobierno están en el primer libro de la Ley de Inversiones: sobre transformación digital.

El segundo libro, cuyo principal tema es la creación de zonas francas, aún tiene reparos en las bancadas a pesar de las siete semanas de trabajo en la construcción del anteproyecto.

A dónde va la transformación digital

Las reformas sobre transformación digital son las que menos discusión generan en las bancadas. De hecho, en la archivada Ley de Inversiones, hubo un intento de aprobar al menos esta parte del texto.

El objetivo de estas reformas es "impulsar la economía digital, promover la eficiencia en la administración pública, el bienestar social, y destrabar obstáculos", según la justificación del anteproyecto.

Por ello, la propuesta otorga al Ministerio de Telecomunicaciones la facultad de emitir las políticas, directrices, acuerdos, normativas y lineamientos necesarios para la transformación digital.

  • Incentivos para el sector audiovisual

    La propuesta pone especial énfasis en el sector audiovisual como objetivo de la transformación digital; esto incluye el desarrollo, preproducción, producción, postproducción y distribución de contenidos audiovisuales.

    Por lo tanto, la importación de bienes que se requieran para la producción de obras audiovisuales estará exenta de todo derecho arancelario, impuesto, gravamen, tasa o contribución en régimen de consumo o internación temporal.

    Para aplicar a esto, el Servicio Nacional de Aduanas y el Instituto de Fomento a la Creatividad y la Innovación deberán crear un listado de estos bienes.

    Además, estarán exentos del pago del impuesto a la salida de divisas:

    • La importación de equipos y bienes destinados a la producción, promoción y difusión audiovisual local y extranjera en Ecuador.
    • El pago de salarios, honorarios, remuneraciones o viáticos a personas naturales o jurídicas que tengan residencia fiscal en el extranjero, para que presten sus servicios en la producción audiovisual nacional y extranjera en Ecuador.

     

  • Validez de la firma electrónica en títulos de crédito

    Entre las propuestas están reformas al Código de Comercio para ampliar la utilidad de la firma electrónica. Específicamente, el anteproyecto establece la posibilidad de que se use firma electrónica en dos tipos de títulos de crédito: letras de cambio y pagarés a la orden.

    La firma electrónica también se podría llegar a usar en casos de cesión y endoso de estos títulos de crédito.

    Además, establece que puede haber títulos de valor electrónicos, para cuya endoso, cesión o transmisión de derechos también son válidas las firmas electrónicas.

  • Servicio notarial telemático

    La propuesta también trata una reforma a la Ley Notarial, para que el servicio de las notarías sea de manera física o telemática.

    Los servicios telemáticos serán prestados a través de videoconferencia u otro medio telemático de acuerdo con la naturaleza del acto o contrato, independientemente de la ubicación física de las partes, en cualquier parte del territorio nacional.

    Si no es factible prestar el servicio notarial telemático y las partes no pueden concurrir al despacho notarial, el notario podrá desplazarse a prestar su servicio fuera de su despacho en forma física, dentro de su circunscripción cantonal.

    Además, se faculta a las notarías a validar las firmas electrónicas.

  • Cambios en materia judicial

    La propuesta hace cambios en el Código General de Procesos, que rige a la parte procedimental de la justicia en el país.

    Aquí hay dos cambios importantes:

    • Se crea las citaciones en domicilio electrónico, para las personas que hayan establecido en un contrato un correo electrónico para tal efecto.
    • Se elimina la obligatoriedad de materializar documentos electrónicos como pruebas documentales para un proceso judicial.

  • Los Registros serán digitales

    La propuesta prevé una digitalización del Registro de Propiedad, Registro de Gravámenes, Registro Mercantil, Registro de Interdicciones y Prohibiciones de cada cantón.

    Para esto, establece que los Gobiernos Autónomos Descentralizados deberán asignar los fondos necesarios para llevar a cabo este proceso.

    El objetivo es transformar a formato digital de todos los registros, certificados, inventarios y demás actos o constancias físicas que genere el Registro.

    La meta es llegar a una interconexión progresiva entre los distintos Registros del país, que permita el acceso y consulta de los ciudadanos desde distintas jurisdicciones a una base de datos integrada.

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