La nueva ministra de la Mujer y Derechos Humanos, Paola Flores, habla de los retos para 2023, como el Registro Único de Violencia, mejorar las políticas para la comunidad LGBTI y para las personas privadas de la libertad.
La nueva ministra de la Mujer y Derechos Humanos, Paola Flores, cuenta el proceso de transición de la institución, que antes era la Secretaría de Derechos Humanos. Y enumera los retos que tiene la institución para 2023 frente a la violencia contra las mujeres.
Según la funcionaria, el Ministerio dará espacio a las luchas históricas del movimiento de mujeres y trabajará en la prevención y erradicación de la violencia de género.
En entrevista con PRIMICIAS, Flores explica cómo cuáles son las expectativas para cuando el nuevo Ministerio de la Mujer haya completado su fase de transición:
¿Por qué crear un Ministerio de la Mujer?
El tema nace de los diálogos con diferentes mujeres, que se convocaron con el presidente Guillermo Lasso, y de la necesidad de convertir la Secretaría de Derechos Humanos en un Ministerio y dé respuesta a la Ley y el Plan de Erradicación de la Violencia contra las Mujeres.
Y esta Ley tiene que aterrizarse en la prevención, la atención, la protección y la reparación. Así como el Plan, que nace desde el año 2021 y se extiende hasta 2030, y convoca a las 22 instituciones que conformamos el Sistema de Prevención.
¿Qué planes o proyectos tienen para trabajar en la prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres?
Para 2023 tenemos un proyecto encaminado a esa necesidad. Vamos a tener brigadas de capacitación, vamos a trabajar con las escuelas.
Y cada ministerio tiene que cumplir con el plan para erradicar la violencia intrafamiliar, por ejemplo. Uno que ya tiene avances es el de Educación. Estamos evaluando y con el nuevo Ministerio tendremos que hacer un mayor seguimiento.
Son 22 instituciones del Ejecutivo, dentro del ámbito de sus competencias. Antes, las entidades del Sistema no se estaban reuniendo con mayor frecuencia. Nosotros estamos diseñando ya un plan de trabajo para evaluar a cada institución cada tres meses.
¿Se trata de un fortalecimiento institucional?
Tanto institucionalmente, como económicamente y territorialmente, porque necesitamos aterrizar esas necesidades, en cuanto a la calidad de servicios que tiene la Secretaría.
Otro punto es fortalecer las casas y centros de acogida de las mujeres en situación de violencia, así como sacar ya el Registro Único de Violencia (RUV), que lo estaba liderando el Ministerio del Interior.
¿Habrá cambios en la estructura del Ministerio?
Estamos estructurando el nuevo Ministerio, de la mano de las organizaciones sociales y la consultoría del PNUD y de ONU Mujeres, para tener una institución que responda a las necesidades.
Sabemos que necesitamos invertir fuertemente la prevención, pero nuestra intención es responder dentro de los territorios, para que tengan una atención de primera línea.
¿Cómo llegarán a los territorios?
Sí, hemos estado atendiendo en los 45 puntos a nivel nacional, a 48.000 personas: mujeres en situación de violencia, niños, que son víctimas indirectas, a las familias de las personas privadas de la libertad.
Y necesitamos fortalecer esas atenciones. Reforzar los puntos y, en algunas provincias, aumentar la cobertura
Por eso estamos vinculándonos con las juntas cantonales, los consejos de protección de derechos, las alcaldías, las prefecturas, para dar una respuesta de calidad.
Ahí es donde tenemos que fortalecer 100% el Ministerio. Necesitamos llegar a dónde no han llegado los servicios institucionales, a la mujer rural, donde tenemos todavía deuda histórica.
¿Cuándo se vería este fortalecimiento?
Esto tiene que ser construido conjuntamente con las organizaciones y con la asesoría de los de organismos internacionales. Esperemos que no más allá de marzo de 2023 y estamos construyendo una hoja de ruta.
¿Cómo fortalecer el trabajo del, ahora, Ministerio de la Mujer sin un incremento de recursos? Cómo se vio en la proforma presupuestaria.
Es lógico, la proforma del año 2023 la pasamos en septiembre y los diálogos fueron en octubre, obviamente no lo teníamos previsto. Pero sí hay la intención de nuestro Presidente en alzarnos el techo presupuestario para avanzar en cuanto a la aplicación Ley y los ejes de trabajo.
¿Cuál es el presupuesto vigente y cuál el incremento que se espera?
Para gasto de corriente estamos hablando de USD 10 millones y un gasto de inversión de USD 3 millones. Y el compromiso del Presidente esa alzar a unos USD 8 millones en gasto de inversión.
Además, crearon una ley sin recursos, ¿Cómo trabajamos para reducir los índices violencia?
Por eso aquí juegan un papel muy importante los alcaldes, quienes tienen un rol importante, porque tienen esa cercanía con el ciudadano.
"Los alcaldes tienen esa oportunidad de invertir en el tema de prevención, tienen esa obligación, pero muchos no lo hacen".
Con la construcción del Ministerio tenemos la obligación de exigirles a los alcaldes que cumplan lo que establece la ley, para fortalecer las casas y centros de acogida.
Con las casas de acogida para mujeres ha habido muchos problemas por la falta de recursos, ¿Cómo está la situación ahora?
Vamos a seguir funcionando con el mismo presupuesto, la idea es no dejar a nadie fuera.
Nuestra intención es reducir los requisitos, porque hay un tema del funcionamiento a través de pólizas, son dos al año. Y queremos tratar de que sea un solo convenio y, con eso, evitar el tema de la renovación y cumplir con nuestra responsabilidad.
Con eso evitaremos que alguna casa se quede por fuera.
¿Qué pasa con el Registro Único de Violencia contra las mujeres que se anunció hace más de un año?
Lo trabajamos desde hace más de un año con el Consejo de la Judicatura, el Ministerio del Interior y la Secretaría de Derechos Humanos, donde analizamos los insumos necesarios para armar la ficha donde que va a nutrir la base de datos.
Y una vez que se tenga esa base conformada, pasará directamente al Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos para que nosotros podamos manejar este Registro Único y ya no quede en el Ministerio del Interior.
Eso fue una petición de las organizaciones sociales. Entonces, el Presidente estuvo abierto y con ese compromiso de avanzar con esos diálogos y esos acuerdos.
Entonces, todavía no está funcionando.
Desde que se promulgó la ley, en 2018, teníamos seis meses para que se cree el Registro Único de Violencia. Y tuvimos una alta expectativa de que los gobiernos de turno cumplan con esta Ley.
Cuando llega este Gobierno se plantea que el Registro pueda estar listo en menos de un año. Pero primero necesitamos una base de datos que cumpla con este registro único, que no existe en Latinoamérica.
Hemos tomado más o menos un modelo similar al de España. Y estamos tratando que se pueda aplicar recién en nueve instituciones, para que vayan alimentando estas fichas. Y todavía estamos en un proceso de transición y, al final, tiene que estar adaptado a las 22 instituciones.
"Todavía no está en funcionamiento total. Ya está construido, pero nos tienen que pasar la información, logística, sistema y personal".
¿Hay un nuevo plazo para que el Registro esté en marcha?
Son 120 días.
En la práctica, ¿cree que se pueda ver resultados a favor de las mujeres con estas medidas?
En general, hay que entender que la violencia es estructural y que no es responsabilidad solo del Gobierno. Es absolutamente de todos los que estamos involucrados dentro de la Ley de Erradicación de Violencia, desde nuestras competencias.
Todos tenemos que poner nuestro granito de arena para responder, si no tenemos esa voluntad de los alcaldes, los defensores del pueblo, la Fiscalía, el Consejo de la Judicatura, los ministerios, no vamos a salir adelante.
De todas formas este tema cultural y social también está enraizado en las personas que forman parte de las instituciones del Sistema de Erradicación.
El primer paso fue que ya nos dieron oídos. Porque, ¿Cuánto hicieron las organizaciones sociales para tener el primer ministerio de la Mujer? Pasaron 30 años.
Es algo que ha pasado con casi todas las banderas del movimiento de mujeres, como por ejemplo el derecho al aborto, que se siguen postergando.
El primer paso está y nos va a tocar seguir peleando para tener los recursos necesarios.
¿Qué tan involucrado va a estar el Ministerio de la Mujer en ese otro tipo de temas de la lucha del movimiento de mujeres?
Siempre sostengo que hay que estar con las causas de todas y los intereses de todas.
Son luchas históricas y hay que reconocerlas, tienen que tener un espacio aquí, porque este Ministerio también es ellas.
En cuanto los derechos humanos en general, ¿cuáles son los objetivos?
Tenemos un gran reto para 2023, ya tenemos el Plan de Diversidades. Ahora que tendremos el censo poblacional, nuestro próximo paso es tener una política pública que responda a esas necesidades
Ya tener una subsecretaría que responde a esa discriminación, que han tenido por años, también es un primer paso.
¿Qué planes hay para trabajar por los derechos de las personas privadas de la libertad? ¿El Ministerio seguirá presidiendo el Directorio del Sistema?
Vamos a tener una dirección que va a hacer el seguimiento de la política pública en temas de rehabilitación social. No la tenemos al momento. Y necesitamos continuar con esa política pública y su evaluación.
Ya tenemos censados los centros de privación de la libertad y eso nos va a dar una radiografía de las condiciones en las que están esas personas, para que nos ayude a manejar de mejor manera la política pública.
Pero necesitamos intervenir con mayor precisión. Por ejemplo, llegar a la familia de la persona privada de la libertad o si es que tiene un niño menor de tres años, debemos saber si es que está en el sistema educativo, si tiene algún tipo de discapacidad y cómo el Gobierno está ayudándole
Eso no lo hemos tenido todavía. Eso es lo que queremos y el censo nos va a ayudar a mejorar.
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