El Cootad dispone que los municipios del país tienen la obligación de conformar consejos de seguridad, en los que debe participar la ciudadanía.
La pugna política entre el Gobierno Nacional y los municipios en materia de seguridad no permite avanzar en lo básico: la creación de un plan integral de seguridad y su coordinación para ejecutarlo.
Si bien el Ejecutivo tiene la competencia de crear la política pública de seguridad ciudadana, los municipios tienen la responsabilidad de coordinar con todas las entidades de seguridad la ejecución de esas políticas.
El artículo 54 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (Cootad), que regula las funciones de los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD), dipone “crear y coordinar los consejos de seguridad ciudadana municipal”.
En estos deben participar la Policía Nacional, la comunidad y otros organismos relacionados con la seguridad, los cuales formularán y ejecutarán políticas locales, planes y evaluación de resultados sobre prevención, protección, seguridad y convivencia ciudadana.
Sin embargo, de 221 municipios que hay en el país, “el 80% ha conformado los consejos de seguridad ciudadana, pero más de la mitad no está funcionando“, dijo Franklin Galarza, presidente de la Asociación de Municipalidades del Ecuador.
Los consejos de seguridad ciudadana buscan promover la participación de todas las entidades y, sobre todo, de la ciudadanía, involucrándose en las soluciones ante la inseguridad.
Pero en las ciudades con los índices más altos de criminalidad, como Guayaquil y Quito, no existen esos consejos.
“En toda la administración socialcristiana, que lleva varias décadas en la Alcaldía, nunca ha habido participación de la ciudadanía. No hemos sido consultados, ni convocados para tratar temas de seguridad de Guayaquil”, dice César Cárdenas, del Observatorio Ciudadano de Servicios Públicos.
En Quito, la última vez que hubo un consejo de seguridad ciudadana fue hace más de ocho años.
“Desde la administración de (Mauricio) Rodas no se han vuelto a crear los consejos de seguridad ciudadana. Eran instancias importantes”, explica William Basantes, presidente de la Federación de Barrios de Quito.
Aún así, el artículo 60 del Cootad reitera que el rol del alcalde o alcaldesa en materia de seguridad es “coordinar con la Policía Nacional, la comunidad y otros organismos relacionados con la materia de seguridad las políticas locales”.
También evaluar los resultados, que es lo que ha pedido la alcaldesa de Guayaquil, Cynthia Viteri al Gobierno central, al que responsabiliza de “no saber qué hacer ante la inseguridad del país”.
La alcaldesa de Guayaquil, Cynthia Viteri, en la reunión de seguridad convocada por el Ejecutivo en Quito, el 6 de junio de 2022. API
El gobernador de Guayas, Pablo Arosemena, aseguró que hasta ahora “el Municipio de Guayaquil no ha convocado a ninguna mesa de seguridad cantonal en la que se haya invitado a la Policía Nacional ni a la Gobernación”.
A su criterio, las autoridades municipales “no han formulado de manera interinstitucional un plan local para prevenir la inseguridad”.
La ciudadanía patrulla los barrios
En lo que va de 2022, el Municipio de Manta ha convocado a una reunión del consejo de seguridad ciudadana.
Aquí participan los comandantes policiales y navales, el Jefe Político de Manta, un delegado del Consejo de la Judicatura, Cruz Roja, Cuerpo de Bomberos, Cámara de Comercio de Manta, ministerios de Educación y de Salud y representantes de los barrios y brigadas.
“Nosotros somos los ojos de los barrios”, dice Vicente Zambrano, presidente de la Brigadas Barriales de Manta.
“Sabemos lo que pasa en nuestros barrios y somos los que patrullamos para hacer presencia, como una forma de prevención”, asegura.
Aunque sostiene que “sería mejor que la Policía colabore más y eso siempre depende de quien esté a cargo”, dice Zambrano, quien en el último año ha participado en tres consejos de seguridad convocados por el Municipio de Manta.
En todo Manabí se han registrado 158 crímenes violentos entre enero y junio de 2022, lo que significan 75 más que en el mismo periodo del año pasado.
En el caso de Cuenca, el Consejo de Seguridad Ciudadana se reúne por ordenanza municipal una vez a la semana para coordinar operativos interinstitucionales.
Su directorio sesiona una vez al mes, en caso de que sea necesario, aseguró su director, Froilán Salinas.
El consejo cuencano ha invertido aproximadamente USD 1.615.880 en la adquisición de alarmas comunitarias, sistemas de video vigilancia, motocicletas y camionetas para la Policía.
La participación de los gobiernos locales es transversal en las leyes de seguridad del país.
Por ejemplo, el Código Orgánico de Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden Público, (Coescop) también especifica las funciones de los agentes de control municipal o policías metropolitanos en la “prevención, disuasión, vigilancia y control del espacio público”.
Incluso el artículo 225 manda al Ejecutivo y los GAD a desarrollar “los contenidos académicos y doctrinarios de la malla curricular para cada entidad complementaria de seguridad”.
Dotar de vivienda a los servidores policiales también se establece como una competencia de los gobiernos locales, según el artículo 236 del Coescop.
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