Cuatro leyes nacerán del diálogo entre Gobierno e indígenas

La más importante y la primera será Ley de Consulta Previa, Libre e Informada. La mesa técnico-jurídica para este proyecto se instalará el 25 de octubre de 2022, y tendrá apoyo de la Relatoría para Pueblos Indígenas de la ONU o de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

La consulta previa fue un tema que se mantuvo presente a lo largo de casi todas las mesas de diálogo, pero especialmente en la de energía y en la de derechos colectivos. El movimiento indígena pide un reconocimiento más frontal a este derecho.

La Constitución reconoce a las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas el derecho a la consulta previa, libre e informada, sobre planes y programas de prospección, explotación y comercialización de recursos no renovables que se encuentren en sus tierras y que puedan afectarles ambiental o culturalmente.

Por esto, uno de los acuerdos a los que se llegó en esta materia es una moratoria de 12 meses, o hasta que esté vigente la nueva ley, de la actividad en 15 bloques petroleros ubicados en Pastaza y Morona Santiago. Además, el Gobierno se comprometió a no otorgar nuevos títulos mineros hasta tener la normativa.

Además, el Gobierno se comprometió a emitir un decreto ejecutivo que dé instrucciones a las instituciones públicas sobre no emitir actos normativos o administrativos que puedan afectar los derechos colectivos hasta tener la Ley de Consulta Previa.

La consulta prelegislativa atañe más a la Asamblea que al Gobierno. Esta garantiza que los pueblos y nacionalidades puedan participar directamente en la elaboración de leyes que les afectaran de alguna manera.

Sin embargo, durante los diálogos también hubo quejas por falta de implementación. De hecho, dentro de la Asamblea hay iniciativas legales que están detenidas por la falta de un reglamento que viabilice su aplicación.

Por ello, uno de los acuerdos de los diálogos es trabajar también en una Ley de Consulta Prelegislativa. Esta se construirá a la par de la Ley de Consulta Previa, en la mesa técnico-jurídica que se instala en 25 de octubre, con apoyo de organismos internacionales y coordinación de la Conferencia Episcopal.

Esta Ley de Consulta Prelegislativa será clave para el trámite de la nueva Ley de Recursos Hídricos, que debe aprobarse después de que la Corte Constitucional declarara la inconstitucionalidad de la Ley de Aguas.

La mesa de energía y recursos naturales también acordó la creación de una Ley de Petroecuador. Esta normaría toda la operación de la estatal petrolera, y le asignaría sus obligaciones y derechos como empresa.

Sobre esta normativa no hay mayor detalle. Pero su elaboración también contará con una mesa técnico-jurídica que se instalaría después de las de Consulta Previa y la de reformas a la Ley de Hidrocarburos y Ley de Minería.

En su sentencia de sobre la inconstitucionalidad de la Ley de Aguas, la Corte Constitucional le dio al Ejecutivo un año para entregar en la Asamblea una nueva normativa para este sector.

El plazo se cumple en febrero de 2023, y desde el Gobierno no se ha anunciado mayor avance.

Por ello, una parte de los diálogos apunta a la creación de un proyecto construido conjuntamente entre Gobierno y movimiento indígena. Según los acuerdos, se creará una nueva "mesa participativa nacional" para esta materia, pero no tiene fecha.

El movimiento indígena pide que en esta ley se garantice el derecho a la consulta previa, libre e informada. Pero también que haya un proceso de consulta prelegislativa durante el trámite de la ley en la Asamblea.

Parte de los insumos para esta nueva ley será el proyecto de Ley de Recursos Hídricos que está trabajando la Conaie. En los acuerdos de la mesa de derechos colectivos consta que este será entregado directamente a la Asamblea Nacional.

Pero esto no exime al Gobierno de la obligación de presentar una nueva ley, de acuerdo a lo dispuesto por la Corte Constitucional.

Las reformas a la Ley de Hidrocarburos y a la Ley de Minería son prioritarias en el diálogo. La instalación de esta mesa será una vez que termine la que elaborará la Ley de Consulta Previa, Libre e Informada.

El tema fundamental de esta reforma será el fortalecimiento de los procesos de participación de las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades. Para ello, la base del trabajo será un documento presentado por la Fenocin.

Estas incluyen la creación de un plan de acción para el sector minero, y para la remediación de las afectaciones ambientales causadas por la explotación petrolera.

Esta reforma busca un cambio en la distribución del fondo de desarrollo sostenible de la Amazonía. Este debería "entender" la diversidad de los sujetos de derechos de la región amazónica, para que beneficie a las nacionalidades, pueblos indígenas y campesinos.

Además, se trabajará en una reforma al reglamento de esta ley, que será a través de decreto ejecutivo. Este punto ya está en elaboración en el Consejo de Planificación y Desarrollo.

Relacionado con la reforma anterior está el acuerdo para una reforma del Código de Planificación y Finanzas Públicas (Coplafip).

Según el acuerdo de la mesa de derechos colectivos, el objetivo es que las instituciones que tengan asignación del Presupuesto General del Estado, "reciban recursos que respalden y fortalezcan la autonomía y el desarrollo de las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas".

El movimiento indígena rechaza la creación de la Secretaría de Pueblos y Nacionalidades, porque se hizo sin consulta.

Por lo tanto, el acuerdo al que llegaron con el Gobierno es la creación de una nueva institución "especializada para la rectoría de políticas públicas de los derechos colectivos de pueblos y nacionalidades indígenas, comunas, comunidades y organizaciones sociales".

La propuesta del movimiento indígena es que la nueva entidad esté adscrita al Consejo Nacional para la Igualdad. El Gobierno se comprometió a derogar el decreto ejecutivo que creó la Secretaría de Pueblos y Nacionalidades.

Además, se reformará la Ley de los Consejos de Igualdad para que los representantes de pueblos y nacionalidades tengan un nuevo proceso de selección.

Uno de los temas sin acuerdo en la mesa de derechos colectivos fue la creación de un régimen de exención tributaria para los sujetos comunitarios.

Por ello, el acuerdo fue trabajar en un proyecto de reforma legal que borrador de proyecto de ley que determine un régimen especial y extraordinario para los sujetos pasivos comunitarios.

El Gobierno se comprometió otorgar a los pueblos y nacionalidades los mismos beneficios tributarios que gozan las organizaciones sin fines de lucro o las entidades de la economía popular y solidaria