Oficinas clandestinas: otra 'seña particular' del correísmo
Tribunal del caso Secom I toma juramento a un oficial de la Policía antes de rendir su testimonio.
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Conforme avanzan los juicios por los casos de corrupción relacionados con el Gobierno de Rafael Correa también queda en evidencia la forma en la que sus funcionarios corruptos trabajaban.
En el primer día del juicio por el caso Secom I, el miércoles 15 de julio de 2020, los testigos revelaron cómo el correísmo montó oficinas paralelas o clandestinas para concretar sus tramas.
En este caso se investiga un posible delito peculado en la contratación de servicios comunicacionales por parte de la Secretaría de Comunicación (Secom I), adscrita a la Presidencia de la República, durante la administración de Fernando Alvarado.
Alvarado, al igual que su hermano Vinicio (sentenciado en el caso Sobornos), está prófugo de la justicia. En octubre de 2018 se desprendió del grillete electrónico y se fue a Venezuela.
Sin embargo, el peculado se juzga en ausencia y es imprescriptible. Por esta razón, el juicio contra Fernando Alvarado, dos exfuncionarios más y Carlos Bravo, exproveedor del Estado, se inició.
En los dos primeros días de la audiencia de juicio, la Fiscalía empezó a mostrar sus pruebas. Arrancó con los testimonios y peritajes.
Oficinas clandestinas
Al igual que lo que ocurrió en el caso Sobornos 2012-2016, en el que ya hay una sentencia de primera instancia contra Correa, Vinicio Alvarado y otras 17 personas, en el caso Secom I se reveló la existencia de una oficina clandestina.
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Caso Secom I
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La información provino de quien fuera la mano derecha del propio Fernando Alvarado: Pablo Yánez, también procesado en el caso.
Cuando Alvarado estuvo al frente de la Secom, Yánez fue subsecretario. Y cuando Alvarado pasó a ser ministro de Turismo, Yánez fue su viceministro.
En su versión libre y voluntaria, Yánez aseguró que Carlos Bravo, otro de los procesados y directivo de la empresa Gota Azul, tenía una oficina cerca del Palacio de Carondelet, en el Edificio La Previsora.
Pero, en 2009, cuando Alvarado asumió la Secom, ordenó que se instalara una oficina para Bravo en Carondelet, cerca a la sala de prensa externa y de su oficina.
En ese espacio que luego se trasladó al Edificio de los Medios Públicos, según Yánez, se producían las cadenas de Correa, para lo que el Estado pagó USD 189.000 a Bravo.
Desde esas oficinas, sin ser funcionario público, Carlos Bravo disponía de personal del Estado para la producción de esas cadenas, según la tesis de la Fiscalía.
Para comprobar el cumplimiento de sus obligaciones como proveedor, Bravo entregaba la evidencia del trabajo hecho por Víctor Erique, un funcionario del Estado, que se reportaba y recibía disposiciones de Bravo.
En conclusión, según la Fiscalía, "Carlos Bravo utilizó un trabajador remunerado por el Estado para su beneficio y la Secom pagó dos veces por los mismos productos".
Fernando Alvarado (izq.) durante la inauguración de la Cupre, en noviembre de 2014, cuando era titular de la Secom.Sio El Ciudadano - 2
Caso Sobornos
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Al igual que como ocurre ahora en el caso Secom I, en la trama de sobornos también se descubrió una oficina clandestina que operaba de forma paralela a la Presidencia de la República.
Pamela Martínez y Laura Terán, excolaboradoras de Correa, eran la encargadas de recibir los sobornos, entregarlos a funcionarios y dirigentes de Alianza PAIS y llevar un registro de las transacciones.
Primero, llevaron a cabo esa labor en su oficina del Edificio La Unión, que se ubica en la parte posterior del Palacio de Carondelet y es una infraestructura pública.
Pero, posteriormente, se abrió una oficina paralela en el Edificio Concorde, que está ubicado más al norte de la capital y es privado.
En el juicio del caso, además, se reveló que el arriendo de esa oficina se pagaba de los fondos de la Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec).
Edificio Concorde, dónde Laura Terán sistematizó el registro de los sobornos.Google Maps
Un caso más a juicio
Mientras en la Corte Nacional de Justicia se desarrolla el juicio del caso Secom I, el 16 de julio de 2020, en el Complejo Judicial del Norte de Quito se llamó a juicio a los acusados en el caso Secom II.
En ese caso, en cambio, se juzga un presunto delito de tráfico de influencias.
El caso se originó en el Informe de Indicios de Responsabilidad Penal No. DNA4-0027-2018, remitido el 2 de julio del 2018, por la Contraloría tras un examen a las operaciones de la Secom entre 2015 y 2017.
Esa auditoría, entre otras cosas, analizó el convenio de pago suscrito por Ricardo Rivera Ponce, primo del exvicepresidente Jorge Glas y gerente de Televisión Satelital, el 28 de septiembre de 2015, para proveer el servicio de dos unidades móviles para dar cobertura al Papa Francisco, durante su visita a Ecuador.
El monto fue de USD 89.600. Y la Contraloría halló varias irregularidades:
- No hubo un proceso de contratación pública.
- No se entregaron los productos finales.
- Había un parentesco entre Rivera y el entonces vicepresidente Jorge Glas.
La Fiscalía, sin embargo, consideró que para que se configure el delito de tráfico de influencias, los acusados deben ser o haber sido servidores públicos, por lo que decidió abstenerse en los casos de Rivera y TV Satelital porque no cumplen con ese parámetro.
Ahora, serán juzgados Galo Pacheco, Juan Chiriboga, Paúl Mena y Pablo Yánez, quienes a la época del convenio de pago eran funcionarios de la Secom, que estaba dirigida por Fernando Alvarado.
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