No huir, la estrategia de los corruptos para pasar poco tiempo tras las rejas

En los últimos tres casos juzgados, los implicados en actos de corrupción que decidieron no escapar y colaboraron con la Justicia recibieron sentencias reducidas.

Pasó en tres casos: Sobornos 2012-2016, en el de María Alejandra Vicuña y en el de Norma Vallejo. Cuatro exfuncionarias fueron sentenciadas en primera instancia, pero su colaboración y el hecho de no haber huido les sirvió para recibir penas menores.

En Sobornos, Pamela Martínez y Laura Terán, excolaboradoras del expresidente Rafael Correa, fueron declaradas culpables en la trama de entrega de sobornos a cambio de contratos con el Estado y de aportes ilegales para financiar las campañas de Alianza PAIS entre 2012 y 2016.

Al igual que Martínez y Terán, otras 18 personas fueron declaradas culpables. Pero la diferencia es que las demás fueron sentenciadas a ocho años de cárcel.

Mientras que Pamela Martínez deberá cumplir 38 meses de cárcel y Laura Terán 19 meses. Ambas colaboraron con el proceso y no huyeron y por eso su sentencia fue rebajada.

Lo mismo ocurrió en dos procesos del llamado Caso Diezmos.

La exvicepresidenta María Alejandra Vicuña fue sentenciada inicialmente a cuatro años de cárcel. Pero con los atenuantes su sentencia quedó en apenas un año.

María Alejandra vicuña durante la lectura de la sentencia. API

Norma Vallejo (con gafas), exasambleísta, durante el juicio del caso diezmos, el 25 de junio de 2020. CNJ

La exasambleísta Norma Vallejo, en cambio, recibió una sentencia de cinco años de prisión. Tiempo que, sin embargo, se redujo a un año.

Vicuña y Vallejo fueron sentenciadas por haber exigido pagos ilegales a sus colaboradores, cuando fueron legisladoras.

Según los jueces, Vicuña y Vallejo cumplieron con dos atenuantes establecidos en el Código Orgánico Integral Penal (COIP):

Presentarse en forma voluntaria a las autoridades de Justicia, pudiendo haber eludido su acción por fuga u ocultamiento.
Colaborar eficazmente con las autoridades en la investigación de la infracción.

El COIP establece que si existen al menos dos atenuantes, los jueces impondrán el mínimo de la pena para el delito en cuestión, pero reducida en un tercio.

Además de la reducción de condena en sí misma, esta acción abre el espacio para que los sentenciados accedan a otros beneficios penales y penitenciarios.

Al ser sentencias menores a cinco años, por ejemplo, pueden pedir la suspensión condicional de la pena. Vicuña lo hizo, pero su pedido fue negado. Mientras que Vallejo espera fecha para la audiencia en la que presentará esa solicitud.

También podrán acceder más rápido a la prelibertad, ya que cumplirán más pronto el 60% de la pena establecido por el COIP.

Mal ejemplo

En derecho, el conjunto de sentencias o fallos dictados por los tribunales en una misma materia se conoce como jurisprudencia, que sirve como precedente para futuros casos similares.

Por el principio de igualdad, y con base en esta jurisprudencia, procesados de otros casos ahora pueden pedir sentencias parecidas.

En el caso Diezmos, por ejemplo, hay más de 20 legisladores y exlegisladores también acusados de haber exigido aportes económicos ilegales o diezmos.

Varios de estos legisladores ya tienen denuncias formales en su contra, en la Fiscalía. Los casos que están más cerca de juzgarse son los de la asambleísta oficialista Karina Arteaga y de la exasambleísta Nivea Vélez.

Antes de la emergencia sanitaria, la Fiscalía solicitó a la Corte Nacional de Justicia fecha y hora para formular cargos por concusión en su contra. Sin embargo, el proceso se interrumpió por la pandemia.

Ahora el caso se ha retomado. El viernes 17 de julio de 2020, el Pleno de la Asamblea tratará el pedido de levantamiento de inmunidad parlamentaria de Vélez.

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