El Servicio Nacional de Compras Públicas registra declaratorias de emergencias por diversas causas. Un total de 934 instituciones públicas han usado esta figura para adjudicar contratos.
El 16 de marzo el presidente Lenín Moreno decretó el estado de excepción e inició la emergencia sanitaria a nivel nacional. Según datos del Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop), desde ese entonces 934 entidades públicas se declararon en emergencia.
Pero, aunque la mayoría responden a la crisis sanitaria, hay otras que tienen que ver con eventos naturales, incidentes internos o externos de las ciudades. En el Sercop, se evidencian 38 declaratorias para atender asuntos distintos a la pandemia.
Algo que parece común es la emergencia de los servicios de saneamiento. Por ejemplo, sucede en los cantones Santa Isabel, Girón, Nabón, San Fernando, Daule, Quito, Salitre, Esmeraldas, Río Verde.
También hay procesos concurrentes en la estatal petrolera Petroecuador, que entre el 15 de abril y el 22 de mayo ha declarado nueve declaratorias de este tipo. La mayoría de ellas fue el 12 de mayo.
La primera se originó por la rotura del Sistema del Oleoducto Transecuatoriano (SOTE). El 7 de abril deslizamientos de tierra a lo largo del cauce del río Coca, en los límites entre las provincias amazónicas de Napo y Sucumbíos, rompieron parte de la tubería de los dos oleoductos de Ecuador.
La Corporación Eléctrica Nacional (Celec) también tiene declaradas dos emergencias, una es por las centrales de las riveras del río Napo y otra por la erosión del río Coca.
Tres Prefecturas son las más activas
A la lista de los gobiernos locales, además de algunos municipios y sus empresas públicas, se suman las prefecturas de Guayas, Pichincha y Esmeraldas.
En el caso del Gobierno provincial de Guayas, declaró en emergencia a los puentes de los ríos Daule y Balzar.
Mientras que la de Pichincha abrió un proceso por la vía a la Mitad del Mundo, y la de Esmeraldas por toda la red provincial.
No solo la pandemia por Covid-19 implica la contratación de obras y servicios por emergencia. A la par, las entidades públicas utilizan la figura de la declaratoria para adjudicar contratos y solventar otro tipo de necesidades.
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