Los gobiernos provinciales han contratado 17,3 millones en insumos para atender la pandemia de Covid-19, en los tres meses que lleva declarada la crisis sanitaria.
Desde que inició el estado de excepción y la emergencia sanitaria, son 23 prefecturas las que se han declarado en emergencia. Todas excepto la autoridad provincial de Galápagos.
Según el Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop), el Consejo de Gobierno del Archipiélago se declaró en emergencia la última vez en septiembre de 2017, para reparar el sistema de abastecimiento marítimo de las islas.
La provincia de Santo Domingo también es un caso particular: se declaró en emergencia el 9 de abril, pero no registra ningún gasto o contratación ante el Sercop, hasta el momento. Pese a ser la séptima provincia con más contagios.
Es así que, entre las 22 prefecturas que han adquirido insumos y servicios por la emergencia, suman USD 17.364.726 en 252 contratos. Los de las prefecturas de Guayas y de Pichincha están siendo investigados por la Fiscalía.
Sin embargo, pese a ser las provincias más grandes y las que tienen más casos oficiales de Covid-19, Pichincha no lidera la lista de gastos. Después de la prefectura de Guayas, que ha contratado USD 5,6 millones, siguen la de Manabí con USD 3,17 millones y la de Esmeraldas con USD USD 2,15 millones.
Los gastos del Consejo Provincial de Manabí incluyen USD 1,79 millones en miles de raciones alimenticias y varios contratos para la compra de miles de insumos médicos y de protección como mascarillas, gafas, batas, gorros, guantes, zapatones, entre otros.
Mientras que entre los gastos de la Prefectura de Esmeraldas están dos contratos de kits alimenticios y otros 13 contratos para construcción de alcantarillas, puentes y mantenimiento de vías.
El gasto en las prefecturas amazónicas es bastante similar, alrededor de los USD 200.000 cada una. Igualmente la mayoría para la adquisición de insumos de protección y desinfección. Así como kits de higiene y alimentación.
Pero, el Gobierno Provincial de Napo dobla los gastos que las demás provincias de la región y llega a casi medio millón de dólares. Sus contratos más grandes son para raciones alimenticias, equipos de fumigación y de protección.
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