Al inicio de la pandemia de covid-19 en Guayas, el prefecto Carlos Luis Morales se quejó porque no contaba con recursos en la institución. Pese a ello, el Gobierno Provincial se fue de compras bajo la figura de la emergencia.
Guayas fue durante marzo y abril el epicentro de la pandemia de coronavirus en el país. Hasta el 5 de junio se reportaron más de 14.300 casos positivos y las muertes confirmadas superan las 1.400 personas, según las cifras oficiales.
Tal fue la emergencia que la Prefectura de Guayas inició una serie de contrataciones con el fin de prevenir los contagios de covid-19.
Es así que entre el 4 de abril y el 25 de mayo, la institución celebró 18 contratos por un monto de USD 5,6 millones, según información del Servicio Nacional de Compras Públicas (Sercop).
Varios de estas contrataciones han recibido cuestionamientos. Dos de ellas son parte de la investigación por el delito de tráfico de influencias que sigue la Fiscalía, en la compra de insumos médicos con sobreprecio.
Un tercer contrato por 70.000 mascarillas y 5.000 pruebas rápidas tiene indicios de responsabilidad penal, tras un informe de la Contraloría General del Estado. Esta institución detectó un sobreprecio de 123% en la adquisición del material.
Mientras que en otro proceso, el proveedor sería una empresa de papel, cuyo gerente general está desaparecido.
Sobre el prefecto Morales hay un proceso abierto de la Fiscalía. También hay siete implicados más que recibieron medidas sustitutivas.
Pero los hijastros y esposa de Morales, señalados como parte de la presunta red de corrupción, se encuentran en libertad. Según la fiscal Diana Salazar ya habrían salido del país.
¿Qué compró la Prefectura?
En el desglose de las compras públicas de la Prefectura constan todo tipo de insumos sanitarios y de desinfección:
- Mascarillas quirúrgicas.
- Equipos de fumigación.
- Amonio cuaternario, químico usado para la fumigación de calles y avenidas.
- Trajes de bioseguridad.
- Jabón líquido.
- Madera para fabricar ataúdes.
A continuación los procesos de compras adjudicados por la Prefectura, que hasta el momento no constan en las indagaciones de la Fiscalía.
Un Prefecto con grillete y en funciones
El futuro político del prefecto del Guayas está en manos del Consejo Provincial, donde el Partido Social Cristiano (PSC) tiene mayoría. De los 25 alcaldes en Guayas, al menos 15 son del PSC.
Esta tienda política se ha alejado de Morales, tras el escándalo de corrupción, al punto que la tarde del 5 de junio de 2020, la alcaldesa de Guayaquil, Cynthia Viteri, difundió un comunicado explicando que los 15 alcaldes socialcristianos solicitarán la destitución del Prefecto.
Dalton Narváez, de Durán, es uno de ellos. “Hay que seguir el debido proceso. No voy a meter las manos al fuego por nadie, pero tiene que defenderse”.
En caso de ausencia definitiva sería la viceprefecta Susana González quien asuma. Ella guarda silencio desde que se iniciaron las investigaciones en la Fiscalía.
El Código Orgánico de Ordenamiento Territorial, Autonomías y Descentralización (Cootad) establece las causales para la destitución del Prefecto.
Una de ellas es “despilfarro o malos manejos de fondos del gobierno autónomo descentralizado, cuya inversión o empleo sea de su competencia, legal y debidamente comprobado”.
El mismo cuerpo legal determina el procedimiento para la destitución. Lo primero es que se debe presentar una denuncia en el seno del Consejo Provincial.
Entonces se conforma una comisión de mesa. Se presentan pruebas de cargo y descargo. Luego viene la decisión del Consejo que necesita de las tres cuartas partes de sus integrantes para la remoción.
Mientras eso suceda, Morales sigue en funciones portando un grillete electrónico. Además ya anunció que en julio llamará a concurso público para el dragado del islote en el río Guayas.
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