Paralización de servicio público, un delito reiterado en el paro nacional
Con 236 casos, es el delito que más se repite en la mayoría de las acusaciones presentadas por la Fiscalía. La tarde de hoy habrá la primera sentencia.
El vandalismo fue la tónica de las protestas registradas en Quito, entre el 3 y el 13 de octubre de 2019.
PRIMICIAS.
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La paralización de servicios públicos fue común durante las protestas de octubre. Es un delito sancionado con penas privativas de libertad de uno a tres años, según el Código Orgánico Integral Penal (COIP).
El caso más notorio es el que involucra al asambleísta de Sucumbíos, Yofre Poma, al prefecto Amado Chávez y otras siete personas de esa provincia. Ellos fueron detenidos hace un mes durante la toma y paralización de una estación del SOTE, el principal oleoducto del país, lo que causó un perjuicio al Estado por USD 1,7 millones.
La tarde de hoy, viernes 8 de noviembre, el conjuez David Jacho, reinstalará la audiencia de juicio directo en el caso protagonizado y dictará sentencia.
Pichincha, Chimborazo y Guayas son las provincias con más procesos por paralización. La mayoría de acusados se defiende en libertad gracias a medidas alternativas a la prisión preventiva.
De acuerdo con un conteo realizado por PRIMICIAS con base en boletines de prensa de la Fiscalía, una decena de personas guarda prisión por este delito:
Dirigentes indígenas acumulan denuncias
La Fiscalía admitió cinco denuncias contra Jaime Vargas, presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie).
El dirigente ha sido acusado por:
- Terrorismo,
- Instigación al sabotaje
- Rebelión
- Delito de odio
Además, Fiscalía abrió una investigación por su llamado a crear un ejército propio, el 18 de octubre.
La Policía interpuso una denuncia luego que manifestantes indígenas retuvieran a varios policías en el ágora de la Casa de la Cultura, el 10 de octubre. Pidió investigar a Vargas y los dirigentes Agustín Casiqueando, Leonidas Iza, Carlos Sucuzhañay, Manuel Chugchilán y Luis Morales Cushcagua.
El asambleísta Fabricio Villamar denunció al prefecto del Azuay, Yaku Pérez Guartambel, por la toma de la Asamblea Nacional.
Por ahora, sobre ellos no pesa ningún tipo de medidas cautelares.
La defensa en manos públicas
La Defensoría Pública patrocina 585 casos por los sucesos de octubre:
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