El Estado se apresura para recuperar el millonario anticipo entregado al recién creado consorcio Pedernales Manabí el 6 de marzo de 2020 para la construcción de un hospital de 30 camas en ese cantón del norte de la provincia.
A la cuenta que abrió esa cuestionada compañía en BanEcuador se transfirió el 50% del monto del contrato: USD 8,21 millones. La norma exige que el contratista debe depositar los valores cobrados de anticipo y planillas en un banco del Estado, como BanEcuador o Banco del Pacífico.
Aquella suma desapareció casi en su totalidad en apenas dos meses y sin siquiera iniciar la obra. Es exactamente el mismo valor que deberá reponer la aseguradora Confianza, con oficinas en Quito (matriz), Guayaquil, Cuenca y Manta, si se concreta la terminación unilateral del contrato por parte del Servicio de Contratación de Obras (Secob).
El 9 de enero de 2020 la constructora, cuyo principal directivo fue detenido como parte de una red de corrupción, obtuvo la “póliza de seguro de buen uso de anticipo para sector público”. Y pagó a la aseguradora por ello USD 174.636.
La póliza vence el 8 de enero de 2021, es decir, un año de vigencia.
Confianza: “No podemos pronunciarnos”
Maquinaria detenida en el terreno donde debía construirse el Hospital Básico de Pedernales, el 5 de junio de 2020. Cortesía
¿Está Seguros Confianza SA en capacidad financiera para reponer esos montos al Estado?
PRIMICIAS contactó el viernes 5 de junio a sus ejecutivos en la matriz. Su directora de comunicación, Irina Weisson Nemalceff, aseguró: “No podemos pronunciarnos sobre la ejecución de las garantías, pues el único que puede solicitarlas es la entidad contratante (Secob). Esperamos que el contrato se cumpla por el bien de la comunidad de Pedernales”.
Antes del trámite con Seguros Confianza SA, el Servicio de Contratación de Obras (Secob) debe rescindir el contrato. Eso se prevé en las próximas dos semanas. Solo entonces se pueden ejecutar las garantías.
El Secob está en aprietos, por eso no ha sorprendido la detención de su titular, Edmundo René Tamayo Silva, la noche del jueves 4 de junio en Quito.
Ha sido fuertemente cuestionado por la Contraloría, Fiscalía y la Comisión Nacional Anticorrupción por la poca transparencia en la adjudicación: favoreció al Consorcio Pedernales Manabí por sobre las otras 21 constructoras oferentes, pese a que no cumplía los requisitos mínimos.
Incluso, esa empresa fue creada pocos días antes de que inicie el proceso y, según su RUC, es una organización sin fines de lucro.
Nueve funcionarios del Secob bajo la lupa
Horas antes de su detención, PRIMICIAS entrevistó a Tamayo. No quiso responder a ninguno de los cuestionamientos sobre las acciones del Secob. Solo dijo generalidades.
Insistió en que siguieron las normas. “Nos echan la culpa, pero debería hablarse de las cosas técnicas. Todo se hizo técnicamente. El Comité de Contrataciones siguió cada paso como se debe”.
¿Por qué se prefirió a una empresa sin garantías y recién creada sobre las otras con más experiencia y respaldos? “Eso no puedo decir. Estamos esperando más informes y esperamos los documentos originales de Contraloría para hablar”.
La obra se adjudicó por USD 16,45 millones. Los detalles constan en el portal de Compras Públicas, signados bajo el código LICO-SECOB-004-2019.
Son nueve funcionarios del Secob los que participaron en el proceso y, ahora, son investigados por la Fiscalía. Tres son autoridades de máximo rango, con el director Tamayo a la cabeza; Jaime Morales Calderón (responsable de gestión administrativa-financiera) y Jhon Acosta Garrido (quien ordenó el gasto).
A ellos se suman los seis miembros de la comisión técnica: Jenniffer Cobeña Moreira, Jaime Morales Calderón, Ana Mendoza Vega, Paulina Domínguez Gaibor, Luis Abarca Jaramillo, Danny Calderón Loor.
Entre la docena de detenidos para investigaciones por delincuencia organizada, está el representante del consorcio Pedernales-Manabí, José Leonardo Véliz Saltos y Jean Carlo Benavides, asesor del asambleísta Daniel Mendoza, este último también detenido.
Constructora debe pagar garantía extra
Maquinaria detenida en el terreno donde debía construirse el Hospital Básico de Pedernales, el 5 de junio de 2020. Cortesía
Al terminar el contrato, además de la póliza con la aseguradora, el Secob debe cobrar la garantía de fiel cumplimiento. Un documento que el contratista entrega a la firma del contrato, correspondiente al 5% del monto total, osea USD 822.515.
Después de la terminación unilateral del contrato, el Secob puede contratar directamente la obra. “Lo que por transparencia no es conveniente hacerlo, pero por régimen especial como indica el alcalde de Pedernales, Óscar Arcentales”, según Iván Samaniego, representante legal de la firma Esiconsult, que estaba a cargo de fiscalizar esa millonaria obra.
“Eso es para contratar directamente con una empresa pública, lo que ha sido un fracaso de transparencia: es pantalla para entregar directamente el contrato a los que hacen de socios o subcontratistas de la empresa pública”, dice Samaniego.
Por eso, él también considera que debe darse por terminado el nuevo contrato de fiscalización, adjudicado directamente por el Secob a la manabita Mercampar S.A., en el que también se han encontrado una serie de irregularidades.
Los casi USD 3.000 millones que repartió Secob
Desde su creación en abril del 2011 hasta mediados de 2019, el Secob ha manejado USD 2.813 millones. En ocho años, el Secob adjudicó 949 contratos a 630 contratistas: empresas, consorcios y personas naturales.
Esta entidad se suprimirá hasta finales de agosto de 2020, como lo establece el decreto 1063 firmado el martes 19 de mayo por el presidente Moreno. En el gobierno de Moreno, el Secob ha sido manejado por la Secretaría de la Presidencia, a cargo de Eduardo Mangas y luego de Andrés Mideros, Eduardo Jurado y José Agusto Briones.
El Comité del Secob también se integraba con los delegados de dos entidades que ya no existen: la Secretaría de Planificación y Desarrollo (Senplades) y el Ministerio Coordinador de la Producción.
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