Con 87 votos, la nueva mayoría legislativa apoyó la moción del correísmo y aprobó el procesamiento del presidente y dos vocales del Consejo de la Judicatura (CJ).
Luego de que en la Comisión de Fiscalización no hubo acuerdo, el Pleno de la Asamblea tenía que decidir si el juicio político en contra del Consejo de la Judicatura se realizará o no. Así lo ordena la Ley de la Función Legislativa.
Con ese punto en el orden del día, la sesión 795 de la Asamblea Nacional se instaló a las 13:00 de este domingo 28 de agosto de 2022. El debate se realizó de manera virtual y duró cerca de cinco horas.
En primer lugar, el secretario del organismo leyó los informes de posiciones sobre el proceso político. Los documentos contenían los argumentos a favor y en contra de la interpelación.
Durante el debate, los asambleístas mostraron la forma en la que votarían las distintas bancadas a la que pertenecen.
Fernando Cedeño, legislador de la Revolución Ciudadana, fue el primero en intervenir. “Se tomaron atribuciones que no les correspondía y nombraron a un consejo transitorio que destituyó a jueces de la Corte Nacional", denunció.
Posteriormente, Fernando Villavicencio, presidente de la Comisión de Fiscalización y asambleísta independiente, intervino. Él argumentó a favor del archivo del caso, ya que, dijo, no se ha demostrado ninguna causal.
Salvador Quishpe, coordinador de la bancada de Pachakutik, aseguró que el juicio político es un tema coyuntural y no significa una solución al problema de la justicia. Y que esto debería ser el objetivo principal.
Del otro lado, Luis Almeida, del Partido Social Cristiano (PSC), hizo un llamado a la Asamblea a votar a favor del juicio. Dijo que oponerse porque supuestamente favorecerá el regreso del correísmo es "solapar la injusticia".
Luego de la intervención de 12 legisladores, el presidente Virgilio Saquicela dio paso a la votación. Cedeño presentó la moción formal para que se dé paso al enjuiciamiento político.
Entonces 136 asambleístas se registraron para la votación. De ellos, 87 dieron su respaldo al juicio político. Hubo 49 abstenciones.
Ahora, en los próximos cinco días, Saquicela deberá incorporar el juicio político en el orden del día de una nueva sesión del Pleno. Se necesita un mínimo de 91 votos para la censura y destitución de los integrantes de la Judicatura.
Correísmo se basó en sentencia de CC
La solicitud de juicio político fue presentada por Fausto Jarrín y Viviana Veloz, legisladores de la bancada correísta. Ellos acusaron a Fausto Murillo, presidente del CJ, Juan José Morillo y Maribel Barreno, vocales de la entidad. Así como a la expresidente del organismo, María del Carmen Maldonado.
La principal causal invocada es un supuesto incumplimiento de funciones por parte de los cuatro funcionarios, durante la evaluación a jueces y conjueces nacionales en 2019. En aquel proceso 26 magistrados fueron destituidos.
El correísmo basa su postura en una prueba. El 21 de diciembre de 2021, la Corte Constitucional (CC) declaró la inconstitucionalidad del reglamento con el que el Consejo de la Judicatura inició la evaluación a la Corte Nacional de Justicia (CNJ).
La CC determinó que la evaluación no respetó los tiempos legales que establece una evaluación y renovación parcial de la CNJ cada tres años.
El organismo constitucional aclaró que esta sentencia no tiene efecto futuro. Es decir, los jueces destituidos no deben ser reintegrados. Así como tampoco afecta a los nombramientos de los magistrados que reemplazaron a los cesados y que están en funciones. Aunque sí se dispuso el pago de una indemnización, pero no se han establecido los montos a pagar.
Del otro lado, quienes se oponen al juicio aseguran que la evaluación fue justificada, así como la remoción de magistrados. Ya que si bien la CC señaló la temporalidad de su ejecución, no puso reparos al proceso y a sus resultados, ni a la autonomía judicial.
Sin embargo, en la Comisión de Fiscalización no hubo un acuerdo sobre el juicio. En esa mesa legislativa, el presidente Fernando Villavicencio presentó un informe que recomendaba archivar el proceso.
Pero no se alcanzaron los votos. Por esta razón, la decisión quedó en manos del Pleno. Esta instancia analizó tanto las posturas a favor como en contra del juicio.
¿Cerca de la destitución?
Apenas aprobada la resolución, Virgilio Saquicela, presidente de la Asamblea, convocó a la nueva sesión. El juicio político contra Murillo, Morillo, Barreno y Maldonado empezará el miércoles 31 de agosto a la 19:00 y durará, al menos, dos días.
Según la normativa, para la destitución y cese de estos funcionarios se requieren los votos de las dos terceras partes del Pleno. Es decir, 91 respaldos.
Para viabilizar el juicio, la nueva mayoría logró reunir 87 votos. Si estos respaldos se ratifican, solo faltarían cuatro legisladores.
Inicialmente, la Revolución Ciudadana, PSC y las alas rebeldes de Pachakutik y de la Izquierda Democrática están a favor de la censura.
Sin embargo, en la votación del domingo 28 se vieron que el resto de bancas se rompieron. Por ejemplo, Mariano Curicama y Augusto Guamán, de la bancada oficialista del BAN, apoyaron el procesamiento de las autoridades judiciales.
El bloque más fragmentado es el de Pachakutik. Cada vez, el ala rebelde de esa organización suma más apoyos. Al menos 17 legisladores de esta bancada votaron a favor del enjuiciamiento.
Los problemas de conformación
Una eventual destitución de Murillo, Morillo y Barreno pondría en más apuros a la Judicatura, que ya tiene problemas de conformación.
Según los archivos del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs), los suplentes de Murillo, Barreno y Morillo son Elcy Celi, Yolanda Yupangui y Jaime Veintimilla. Por lo que ellos deberían asumir en caso de que la Asamblea los cese.
Además, el Consejo de Participación debería iniciar un concurso para nombrar nuevos suplentes. Esa responsabilidad se sumaría a la del reemplazo de Maldonado, que lleva seis meses en espera.
También la actualidad de la Judicatura dependerá de la CC.
Desde la renuncia de Maldonado, Fausto Murillo actúa como presidente encargado del Consejo de la Judicatura. Aunque él no es vocal por la Corte Nacional (CNJ), sino por la Asamblea Nacional.
La Constitución dice que el representante de la CNJ debe presidir el organismo, por lo que, ante la ausencia de Maldonado, debía sumir su suplente.
El Cpccs Transitorio designó a Maldonado como presidenta de la Judicatura en enero de 2019. Los otros dos candidatos de la terna que la Corte Nacional de esa época presentó fueron descalificados.
Así que para completar la designación, se tomó a un postulante de la terna de la Fiscalía General como suplente de Maldonado: Álvaro Román.
Román exige su posesión como vocal y Presidente de la Judicatura a través de una acción de protección que le fue negada en primera y segunda instancia.
Sin embargo, Román presentó una acción extraordinaria ante la Corte Constitucional. Este recurso fue admitido a trámite y está pendiente de convocatoria a la audiencia de sustanciación.
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