La Prefectura de Pichincha quiere recuperar los predios donde está el edificio de la Unasur

Cuando Gustavo Baroja era prefecto de Pichincha, en 2010, el Gobierno provincial donó 20.317 metros cuadrados de terreno a la Cancillería, en San Antonio de Pichincha. El objetivo era proveer el espacio para la construcción y puesta en funcionamiento de la sede de la Secretaría General de la Unasur.

Casi una década más tarde, el escenario es distinto. Del bloque regional queda poco, lleva más de dos años y medio sin un Secretario General y, por ende, sin cumplir con todas sus funciones. Además, en el último año, con el cambio político en la región, siete de los doce países miembro han iniciado sus procesos de desvinculación.

El presidente Lenín Moreno anunció la salida del país del bloque regional en marzo y agregó a su lista de ofrecimientos que el edificio matriz de Unasur sería transformado en la nueva universidad indígena. Y ayer, la Asamblea aprobó la denuncia al Tratado Constitutivo del organismo. Es decir, Ecuador está a un paso de abandonar el organismo.

Con esta noticia, ahora, la sucesora de Baroja, Paola Pabón, se apresta a recuperar los nueve lotes donados a la Cancillería para uso del Gobierno local. La escritura de donación establece que si no se destina el lugar al funcionamiento de la Unasur, "se revertirá su dominio a favor del H. Consejo Provincial de Pichincha".

Por eso Pabón, que milita en la agrupación del expresidente Rafael Correa, dijo que la oferta del Mandatario es un criterio adelantado, sin conocer el contexto de la donación. Ella propone "mantener ahí la memoria histórica de los pueblos de Latinoamérica", con un "centro de encuentro de los pueblos".

Otra posibilidad es la compra del inmueble o un convenio para administrarlo.

Como tiene varias ideas en mente, la prefecta pidió ya una cita con el canciller José Valencia, titular de la entidad que recibió la donación, para discutir cómo será el proceso jurídico de devolución de los predios.

En 2009, el predio tenía un valor de USD 1,2 millones. Sin embargo, el Gobierno Nacional invirtió alrededor de USD 45 millones en la construcción y adecuación del edificio. Y actualmente el Estado debe USD 374.000 a Unasur y el Tratado Constitutivo de Unasur establece que las deudas de los Estados salientes deben ser cumplidas y que la salida surtirá efecto seis meses después de la notificación de denuncia.

Con este plazo en mente, Pabón espera que en ese mismo tiempo esté resuelto el tema de la devolución de los terrenos.

Hasta las 16:00 la Cancillería no emitió ninguna respuesta a las solicitudes de información sobre el tema.

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