Llegan las primeras sentencias por los casos de corrupción en pandemia
En la última semana, la Fiscalía consiguió dos sentencias en casos relacionados con la emergencia sanitaria. Pero, hay más de 100 procesos en trámite.
La Fiscalía y Policía incautaron 9.000 pruebas Covid, en un operativo de presunta corrupción en el hospital de Durán, el 16 de junio de 2020.
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Ha pasado un año pasó que la Fiscalía General del Estado (FGE) creó la Fuerza de Tarea Multidisciplinaria. Esa instancia nació como respuesta a las decenas de escándalos de corrupción que surgieron entre marzo y mayo de 2020, durante los primeros meses de la pandemia por el coronavirus en Ecuador.
En el primer año de su funcionamiento, la Fuerza de Tarea ha realizado 8.154 diligencias y fueron procesadas 205 personas.
En total, hasta mediados de mayo de 2021, que es la fecha de corte más reciente, la Fuerza de Tarea abrió 160 procesos. De estos, la mayoría responde a personas con fuero ordinario, es decir, funcionarios de un nivel medio o inferior.
Hay otros 54 casos que apuntan a personas con un fuero provincial. En ese grupo entran alcaldes y prefectos. Y solo hay cuatro casos contra autoridades nacionales.
Las primeras sentencias
Conforme a los plazos y tiempos establecidos en el COIP para un proceso penal, un año después de ocurridos los casos y creada la Fuerza de Tarea, varios procesos empiezan a llegar a etapas decisivas.
Incluso, en cuatro ya se han dictado sentencias.
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Fundas de cadáveres
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El 5 de julio de 2021 -por la noche- un Tribunal Penal del Guayas sentenció a 13 años de cárcel a siete personas por delito de peculado. Y a una persona más a seis años de cárcel por el mismo delito. En este caso se juzgó la compra de fundas para cadáveres para el Hospital Los Ceibos, dependiente del IESS en Guayaquil. Por cada funda se pagó USD 148, cuando en el mercado costaban entre USD 12 y 25. A la cabeza de esta sentencia aparece Daniel Salcedo, un empresario guayaquileño que se dio a conocer en medio de la pandemia por su influencia en las compras de los hospitales del IESS, en Guayaquil.
Daniel Salcedo regresó a la cárcel de El Inca tras superar un problema médico, este 12 de septiembre de 2020.Cortesía SNAI - 2
Caso Actemra
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El 3 de julio de 2021 llegó otra sentencia y está conectada con la red comandada por Salcedo. Se juzgó el delito de delincuencia organizada. Entre marzo y mayo de 2020, los implicados vendieron por redes sociales un medicamento llamado Actemra, que había salido de manera ilegal de las bodegas del Hospital Guasmo Sur del MSP, en Guayaquil. Entre los cuatro sentenciados están Noé Salcedo, hermano de Daniel Salcedo y Abraham Muñoz, amigo y entrenador personal del mismo.
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Caso Pruebas Covid-19
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Klever Armijos y Johnny Solís, exagentes de Tránsito de Quito, fueron sentenciados por delincuencia organizada a cinco años de cárcel. Los dos aceptaron el delito y se sometieron a un procedimiento abreviado. Ambos formaron parte de una red que vendió pruebas Covid-19 y otros insumos médicos durante la pandemia, de manera irregular. Según la Fiscalía, Armijos y Solís dieron custodia y seguridad a dos ciudadanos israelíes que vendieron estas pruebas. En el caso, además, está involucrado Jacobo Bucaram, hijo del expresidente Abdalá Bucaram Ortiz.
Los israelíes Shy Dahan y Oren Sheinman supuestamente vendieron pruebas de Covid-19 a Jacobo Bucaram.Archivo Primicias - 4
Caso Hospital Básico de Durán
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El cuarto caso tiene relación con el Hospital Básico de Durán. En esa casa de salud se firmaron, de manera irregular, 10 contratos con siete proveedores por USD 3,6 millones. Si bien el caso todavía está en etapa intermedia, a espera de que se decida si los procesados van a juicio ya se conoce que los hechos ocurrieron: cuatro de los 16 procesados aceptaron la comisión del delito de delincuencia organizada y se sometieron a un procedimiento abreviado. Todavía no se conoce cuál será su sentencia.
Lo que se viene
Además de estos cuatro casos con fallos, hay otros que vienen en la fila próximos a etapas decisivas. Durante esta semana, por ejemplo, en Samborondón se inició la audiencia preparatoria de juicio del caso Kits Alimenticios.
En ese proceso está implicada Alexandra Ocles, exdirectora del Servicio de Gestión de Riesgos. Durante su administración, según la Fiscalía, esa entidad compró productos para armar kits alimenticios con sobreprecio.
El caso empezó a tramitarse ante la Corte Nacional, ya que se consideró que Ocles gozaba de fuero nacional. Sin embargo, tras una apelación de una de las partes, se rectificó y el caso fue enviado a un Tribunal de primer nivel en Guayas.
Además, hay otros casos con llamamiento a juicio y que solo se espera la fijación de una fecha:
- Caso IESS: 16 personas serán juzgadas por delincuencia organizada. Según la Fiscalía conformaron una estructura para favorecer a ciertos proveedores con millonarios contratos desde los Hospitales del IESS. Entre los procesados están Paúl Granda, Jacobo Bucaram, Daniel y Noé Salcedo.
- Caso Pruebas PCR: El Alcalde Jorge Yunda y otras 13 personas fueron llamadas a juicio por el presunto delito de peculado. Según la Fiscalía, al interior de la Alcaldía de Quito se ajustaron conductas para favorecer a un proveedor, que no entregó el tipo de pruebas por las que se pagó.
- Caso Municipio de Guamote: Delfín Quishpe, alcalde de Guamote, será juzgado por tráfico de influencias. La Fiscalía presume que existió sobreprecio en la compra de insumos de bioseguridad durante la emergencia sanitaria por el Covid-19.
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