El procurador general del Estado, Íñigo Salvador, reconoció firma y rúbrica como acusador particular en el proceso que investiga el financiamiento ilegal de PAIS. La diligencia se cumplió en la Corte Nacional de Justicia, ante la jueza de Garantías Penales, Daniella Camacho.
El 28 de agosto, Íñigo Salvador acusó por un supuesto delito de cohecho a 25 de 26 personas que están procesadas por la entrega-recepción de aportes ilegales al movimiento Alianza PAIS.
Encabezan la nómina el expresidente Rafael Correa; el exvicepresidente Jorge Glas: el exsecretario de la Administración, Vinicio Alvarado; la exministra de Transporte, María de los Ángeles Duarte y el exsecretario Nacional del Agua, Walter Solís.
Con el reconocimiento de firma, la Procuraduría pasa a formar parte del proceso, como acusador particular en representación de la víctima, en este caso el Estado ecuatoriano.
Salvador recordó, además, que los jueces tendrán que determinar la existencia de un esquema muy bien diseñado de corrupción, que operó en Carondelet.
De confirmarse los indicios y presunciones, la Procuraduría pedirá una reparación integral para el Estado. El monto podría superar los USD 20 millones.
Prisión preventiva para directivos de Azul y SK
En audiencia realizada, este 9 de septiembre de 2019, la jueza Daniella Camacho conoció los pedidos de revisión de medidas cautelares presentados por tres procesados en el caso “Sobornos 2012 – 2016”.
Tras escuchar las argumentaciones de los abogados defensores, Camacho dictó prisión preventiva para William Wallace Cooper, representante de la compañía Azul y de Mateo Choi, de la firma coreana SK.
Ellos incumplieron la medida de presentarse dos veces por semana en la Corte, dictada por la jueza el 8 de agosto.
En ambos casos dictaminó que se giren las respectivas boletas de localización y captura y notificar a la Interpol.
Para, Bolívar Sánchez, de la empresa Sanrib, la jueza Camacho ratificó la prohibición de salida del país y la presentación periódica en la Corte.
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