Pugna en la Asamblea: el bando de Guadalupe Llori contraataca

La pugna de poderes dentro de la Asamblea Nacional se mantiene después de los problemas de la sesión del 24 de febrero de 2022. Un día después, cada uno de los bandos empieza a tomar acciones desde el ámbito jurídico para defender sus posiciones y atacar a los contrarios.

Del un lado están la bancada correísta Unión por la Esperanza (UNES), la facción radical de Pachakutik (PK) y el Partido Social Cristiano (PSC).

Ellos impulsan la evaluación de las autoridades del Consejo de la Administración Legislativa (CAL), integrado por la presidenta Guadalupe Llori (PK), los dos vicepresidentes y cuatro vocales. Esta evaluación podría terminar en su remoción de esos cargos.

Del otro lado está Llori, la facción menos radical de Pachakutik, la dirigencia de ese partido, y la mayoría de la oficialista Bancada de Acción Nacional (BAN), sobre todo los miembros de Creo. Ellos acusan a los contrarios de desestabilizadores y de haber estado planeando sus acciones desde hace un mes.

Este grupo ha emprendido lo que aparenta ser un contraataque. Primero, blindaron los juicios políticos que están en camino, y luego plantearon ya dos denuncias contra los "golpistas", las mismas deberán analizarse en el CAL.

El problema de los juicios políticos

UNES, los radicales de Pachakutik y el PSC impulsan un proceso de juicio político en contra de los cuatro vocales de mayoría del Consejo de Participación Ciudadana (Cpccs). Estos cuatro consejeros son acusados de ser cercanos al Gobierno que los tres restantes, que son los más próximos a este grupo opositor.

En medio de la pugna que también se vive en el Consejo de Participación, UNES, Pachakutik y el PSC pidieron que ese proceso tenga prioridad sobre los otros juicios políticos que están en trámite.

Aseguran que una resolución del Pleno podría ratificar esta priorización, a pesar de que la Ley de la Función Legislativa determina que el orden de tratamiento es cronológico.

Según una denuncia de Fernando Villavicencio, presidente de la Comisión de Fiscalización (que tramita los juicios políticos), la pretensión de estas tres fuerzas es "tomarse" el Cpccs.

Esto, dice, les daría control sobre la designación de autoridades de control entre las que destaca el nuevo Contralor y la renovación parcial del Consejo Nacional Electoral (CNE).

Frente a esto, Llori remitió una consulta a la Procuraduría General del Estado sobre si se puede o no alterar este orden cronológico. La respuesta llegó el jueves 24 de febrero de 2022.

El documento, firmado por el procurador Íñigo Salvador, sostiene que el Pleno de la Asamblea puede resolver sobre cualquier tema solo dentro de los límites de las competencias de cada organismo de la Función Legislativa.

Esto quiere decir que el Pleno no podría alterar el orden de los juicios políticos.

Lluvia de denuncias

Ante las pretensiones de impulsar esta evaluación, el otro bando que se alinea con Llori ha comenzado su contrataque. Quienes respaldan Llori y la actual conformación del CAL apuntan también hacer a denuncias públicas.

De momento, hay tres:

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