Este jueves 30 de enero de 2020, la defensa del prófugo Ramiro González hizo dos pedidos a la justicia acerca de las medidas cautelares que pesan en su contra en un caso por tráfico de influencias, relacionado a su función como director del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS).
1. La jubilación
Primero, el abogado Raúl Rosero pidió que se desbloquee una cuenta bancaria de González, ya que esta medida ha impedido que el exfuncionario del correísmo cobre su jubilación, desde enero de 2019. El Monto llega a USD 21.640,95.
Audiencia solicitada por la defensa de Ramiro González. PRIMICIAS
Según se divulgó en la audiencia, Ramiro González cumplió los trámites y se acogió a los beneficios jubilares el 1 de octubre de 2018, un año y dos meses después de haberse fugado. En agosto de 2017, él salió del país antes que se realice un operativo para capturarlo.
La jueza Paola Campaña dispuso la liberación del dinero y que este sea entregado a González. Sin embargo, no dio paso al desbloqueo de las cuentas por lo que en adelante, el procesado deberá llegar a un acuerdo con el IESS para cobrar sus jubilaciones fuera del sistema bancario.
La magistrada explicó que, según el Código Civil, las pensiones jubilares no son objeto de embargo o retención, por lo que no es posible que se limite el derecho de González a ese beneficio.
2. Los bienes
El segundo pedido del abogado Rosero fue que se levante la prohibición de enajenar varios bienes de González. Esto porque -dijo- el total de los bienes del procesado supera los USD 800.000 y la probable reparación para el Estado no superaría los USD 45.000, teniendo en cuenta que el pedido del IESS fue de 200.000 para los cinco procesados
Sin embargo, la jueza Campaña negó el pedido. Aseguró que al ser los bienes partes de una sociedad conyugal, a González le corresponden solo USD 415.000. Y un peritaje señaló que el perjuicio al Estado llega a USD 460.000, es decir, que la medida de enajenar todos los bienes no es desproporcionada.
González tiene una casa y una oficina en Quito, dos departamentos en Esmeraldas y un vehículo.
El caso
En 2012, el Consejo directivo del IESS, presidido por González, recomendó la adjudicación del contrato de limpieza hospitalaria a la empresa Super Clean, por un monto de USD 2.991.363.
Sin embargo, en junio de 2015 la Contraloría encontró varias irregularidades en el proceso, por ejemplo, que la oferta de Super Clean no era la mejor.
En marzo de 2018, la Fiscalía inició una investigación por el presunto delito de tráfico de influencias.
Al momento, el exdirector del IESS está en Perú. En diciembre de 2019, la justicia de ese país negó su extradición. Y Ecuador pidió más reconsideración de esa medida, solicitud que todavía no ha sido respondida.
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