La corrupción, un 'negocio familiar' en el correísmo

El 2 de junio de 2017, con la explosión del caso Odebrecht en Ecuador, la policía detuvo en Guayaquil a Ricardo Rivera, tío del entonces vicepresidente Jorge Glas.

“Hay un familiar mío que está siendo sujeto de investigaciones. Una vez más, como he actuado toda mi vida, que se investigue, que se investigue todo y que se aplique la justicia como tiene que ser”, dijo Glas en ese momento.

Durante todo el proceso, el dirigente correísta negó una relación comercial con Rivera. Incluso, llegó a catalogarlo como un pariente lejano.

Sin embargo, las investigaciones revelaron que Rivera recibió sobornos a través de Diacelec, una de las cuatro empresas que Odebrecht utilizó para coimar a funcionarios públicos cambio de contratos estatales.

Rivera, según la justicia ecuatoriana, se valió de su parentesco con Glas, con el conocimiento y autorización de él, para recibir el 1% de todo contrato inicial y complementario suscrito en el país.

Hoy, los dos cumplen una condena de seis años de cárcel, por el delito de asociación ilícita.

El caso de Carlos Pareja Yannuzzelli, exministro de Hidrocarburos en el Gobierno de Rafael Correa, quien al momento acumula sentencias por más de 30 años, es el más escandaloso en cuanto a vinculaciones familiares.

La primera en la lista es Dora Garaicoa, su suegra de 87 años. Ella fue sentenciada a tres años de prisión por lavado de activos. Mantuvo arresto domiciliario desde noviembre de 2016.

Alrededor de los delitos cometidos por Pareja Yannuzzelli también se vinculó a sus hijos y a su cuñada. En octubre de 2016, una Asistencia Penal de Panamá reveló que la familia del exfuncionario había realizado millonarias transferencias bancarias, en medio de la trama de corrupción de Petroecuador.

La jueza Karen Matamoros ordenó, en octubre de ese año, prisión para Yolanda P.  cuñada del exfuncionario. Pero ella había salido del país dos meses antes hacia Estados Unidos.

En marzo de 2017, en cambio, los dos hijos de Capaya, como se conoce a Pareja Yannuzzelli, fueron vinculados penalmente al caso por lavado de activos, que todavía está en trámite judicial.

Finalmente, su primo Fabrizzio Yannuzzelli recibió en 2016 una orden de prisión por cohecho. Pero, en noviembre de 2015 él se fue a España, su país de residencia.

En agosto de 2017, la Policía y la Fiscalía montaron un operativo por un presunto caso de corrupción en el IESS, durante la administración de Ramiro González.

En el aeropuerto se capturó a María Sol Larrea, quien era la mano derecha de González y no pudo huir. Hoy, ella enfrenta varias causas penales, mientras cumple prisión preventiva.

González logró huir, pero su esposa no. Carmen Gaybor fue detenida y liberada a las pocas horas con un grillete electrónico.

La Fiscalía le formuló cargos por enriquecimiento privado no justiciado. Pero, luego estos fueron reformulados por defraudación tributaria.

Durante su detención se incautaron 23 obras de arte, que supuestamente no fueron declaradas y generaron una defraudación por USD 196.212.

Finalmente, en marzo de 2018, la Fiscalía se abstuvo de acusarla porque no se encontraron indicios. Y ella quedó libre de culpa de la corrupción de su esposo, quien continúa prófugo en Perú.

En julio de 2018, Carlos Pólit, excontralor, y su hijo John fueron sentenciados por concusión.

El padre recibió una pena de seis años como autor y Jhon, una sentencia de tres años como cómplice.

Pólit fue acusado de recibir USD 10,1 millones en sobornos de Odebrecht para volver a operar al país y que sus glosas por contratos previos se esfumaran.

Su hijo, en cambio, se encargó de ingresar el dinero al sistema bancario. Incluso, la Fiscalía dijo que el dinero de las coimas se puso para ganar intereses.

Hoy, ambos están en Estados Unidos, en calidad de prófugos. En junio de 2019, el Miami Herald reveló que Pólit hijo compró varias hipotecas lujosas en Miami, con dinero ilícito por lo que ahora enfrenta una demanda civil en ese país.

Esta vinculación tiene que ver con el caso Singue, que se refiere a las supuestas irregularidades en la negociación y firma de convenios para la extracción de crudo en un bloque petrolero amazónico.

Según la Contraloría y la Fiscalía, hubo un perjuicio de USD 28 millones para el Estado.

Wilson Pástor fue vinculado y está llamado a juicio por el delito de peculado: en la época de la adjudicación del campo Singue él era ministro de Recursos Naturales.

Su hija Silvana, en cambio, fue vinculada porque era directiva de Gente Oil, firma que formaba parte del consorcio que recibió la adjudicación.

Ella también será juzgada por peculado. Sin embargo, su defensa asegura que no hubo conflicto de intereses con su padre porque era directora financiera administrativa, no participaba de las perforaciones u operaciones petroleras.