El Presidente dijo que se reducirá a la mitad el salario de los principales funcionarios del Estado, para enviar una señal de que los trabajadores y las empresas no serán los únicos que contribuyan para superar la emergencia.
El presidente Lenín Moreno anunció nuevamente el 16 de abril que los principales funcionarios del Ejecutivo verán sus sueldos reducidos en un 50% , como parte del esfuerzo para colaborar con la emergencia sanitaria por el covid-19 que vive el país.
Moreno tuiteó el anuncio el 12 de abril y lo repitió, cuatro días después, en una cadena nacional televisada.
En su trino de Twitter dijo que será un ejemplo replicado por las demás funciones del Estado. Pero esto último no le cayó bien a todos, aunque a los funcionarios públicos de alto rango les resultará difícil oponerse abiertamente a una medida de solidaridad frente a la crisis.
Hasta el momento, ninguna otro poder del Estado (Electoral, Judicial, Legislativo, Transparencia) se ha pronunciado oficialmente al respecto, ya que el anuncio tampoco ha sido oficializado o convertido en una medida aprobada.
Sin embargo, no faltan las voces críticas y las condiciones.
Uno de los primeros en reaccionar fue César Litardo, presidente de la Asamblea y titular del poder Legislativo. Aunque que pertenece a la bancada oficialista Alianza PAIS, Litardo dijo que aquello de bajarse los sueldos es una acción populista que no resuelve el problema estructural del país.
Su coidearia, Ximena Peña, agregó que “no es época de politiquería” y que la decisión no se había consultado con las otras funciones del Estado.
Otros legisladores han dicho que aceptarían bajarse el salario si se garantiza que esos fondos se destinarán a compensar al personal de salud, por ejemplo. Lo mismo dijo la vicepresidenta del Consejo de Participación Ciudadana (Cpccs), Sofía Almeida.
Tercera rebaja salarial desde 2017
Aunque en su trino Moreno mencionó solo a los primeros cuatro rangos del nivel jerárquico superior, la reducción de salarios generalmente mueve a la escala entera, que comprende a los 10 servidores públicos de ese nivel.
De todas formas, el Ejecutivo aún no ha emitido la resolución que haga efectivo el recorte, por lo que aún está por verse el alcance de la medida.
La independencia de las funciones del Estado no se aplica en el ámbito salarial. La Ley del Servicio Público (Losep) establece que todos los organismos del sector público “se sujetarán obligatoriamente a lo establecido por el Ministerio de Relaciones Laborales en lo atinente a remuneraciones e ingresos complementarios”.
En agosto de 2017, tres meses después de llegar al poder, el presidente Moreno anunció un primer recorte salarial del 10% para los funcionarios del nivel jerárquico superior, en ese entonces 7.242 personas.
La reducción se hizo efectiva con una resolución del Ministerio del Trabajo seis semanas después, el 22 de septiembre. Y fue parte de las primeras medidas de austeridad anunciadas por el actual Gobierno.
En la ocasión, el Ministerio de Trabajo ordenó una revisión de los salarios de los funcionarios legislativos, que cubría desde los asambleístas hasta los gestores de las casas legislativas, con un sueldo ajustado en ese entonces a USD 1.394 mensuales.
La excepción fueron los funcionarios de los sectores de salud, educación, las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional, la Comisión Nacional de Tránsito. Y las disposiciones generales también aclararon que las entidades que tuvieran escalas propias, con sueldos similares, también debían aplicar la reducción.
Ese mismo 22 de septiembre de 2017, el Ministerio ordenó la reducción salarial del 10% de los servidores públicos por fuera del nivel jerárquico superior, en los grados 11, 12, 13, 14, 15 y 16, que superaban los USD 2.368 mensuales.
El entonces ministro del Trabajo, Raúl Ledesma, anunció un segundo recorte en diciembre de 2018: el tijeretazo fue de 10% para las remuneraciones del Presidente, el Vicepresidente y los ministros y de 5% para los salarios de los empleados del nivel jerárquico superior hasta el grado 3 de la escala. Es decir, para quienes ganaban más de USD 2.368.
Las excepciones se mantuvieron, pero se agregaron a la lista jueces, conjueces, fiscales, defensores públicos, Contralor y Procurador. La medida entró en vigencia el 18 de enero de 2019 y estaba previsto que estuviera vigente sólo ese año.
El Presidente es el límite
Aunque Moreno haya mencionado sólo a determinados funcionarios, la Ley de Servicio Público es clara y ordena que ningún burócrata, bajo ninguna modalidad, podrá ganar un salario igual o superior que el del Presidente de la República.
Por lo tanto, el Ministerio del Trabajo deberá señalar cómo se pondrá en práctica una reducción salarial tan drástica, ya que el sueldo del Presidente, de un nivel jerárquico superior 10, bajaría a USD 2.536 mensuales.
Es decir, sería apenas superior que el sueldo de un funcionario de nivel 3 de su misma escala. Y sería menor que el de los servidores públicos de rango 13, 14, 15 y 16.
Sin mencionar las escalas propias de otros sectores, con cargos que también ganan más que esa cantidad mensual.
La alternativa legal sería declarar que se trata de una medida excepcional y temporal, que no afectaría los rangos de las escalas y las demás escalas. Lo único que ha dicho el Ejecutivo es que, esta vez, también habrá excepciones: los sectores de salud, educación, las Fuerzas Armadas y la Policía.
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