Reforma sobre las FF. AA. tiene posibilidades de pasar en la Asamblea

La reforma constitucional para ampliar el ámbito de acción de las Fuerzas Armadas llegó a un escenario complejo. Aunque la tensión entre la Asamblea y el Ejecutivo ha bajado en los últimos meses, la mayoría opositora se mantiene fuerte y, si quisiera, podría bloquear esta iniciativa del Gobierno.

Aun así, la reforma sobre las FF. AA. tiene esperanzas. El tema de seguridad causa preocupación entre los legisladores y es uno de los pocos temas que genera consensos entre las distintas bancadas. Por ello, la perspectiva es que la propuesta logre llegar a las urnas en unos cinco a seis meses.

Pero, en la Asamblea siempre existe el riesgo de que un proyecto legal se 'caiga' en el camino o termine con un texto totalmente diferente.

En el trámite de la reforma constitucional, la Asamblea tiene la potestad de cambiar o archivar la propuesta si así lo determina. Por lo que el resultado dependerá de lo que pase en la Comisión de Enmiendas.

Esta mesa legislativa, de mayoría opositora, sería la que tramite la reforma sobre las FF. AA., según las previsiones que los asambleístas hacen. Sin embargo, todavía falta la decisión oficial en el Pleno de la Asamblea, que se tomará este 15 de diciembre.

El Gobierno tiene esperanza

La reforma sobre las FF. AA. plantea incluir en la Constitución un texto que permita a los uniformados actuar de forma complementaria a la Policía Nacional:

"Previa solicitud motivada de la Policía Nacional, la o el Presidente de la República del Ecuador podrá disponer el apoyo complementario de las Fuerzas Armadas a la Policía Nacional. Este apoyo complementario se brindará para combatir el crimen organizado de forma extraordinaria y regulada".

La propuesta nace de la crisis de inseguridad en el país, que también ha concitado la atención de la Asamblea. De hecho, Legislativo y Ejecutivo instalaron una mesa técnica para plantear las reformas más urgentes e incluirlas en el informe para segundo debate de la Ley de Seguridad Integral.

Por ello, la reforma constitucional sobre las FF. AA. aparentemente tendría consensos. Las primeras posiciones de las bancadas sobre el texto entregado por el Ejecutivo dejan ver esta posición. Y en el oficialismo hay esperanza.

Juan Fernando Flores, coordinador de la oficialista Bancada del Acuerdo Nacional (BAN), aseguró que han tenido acercamientos con las otras bancadas y que "hay buena voluntad". El legislador dice que la idea es mantener el debate cerca de la propuesta del Ejecutivo, y no dejar que haya un "distanciamiento".

Las posiciones de las bancadas

Uno de los primeros apoyos que el Ejecutivo recibió, sorpresivamente, es el de la bancada correísta UNES, que anunció que respaldaría la propuesta, pues es algo que ya se implementó en el Gobierno de Rafael Correa.

"Vamos a acompañar el proceso de construcción de esta reforma y, si es beneficiosa, obvio que vamos a apoyar", dijo Mauricio Zambrano en rueda de prensa en días pasados.

Desde el PSC, no ha existido todavía una posición clara, pero tampoco se han cerrado a la reforma. Aunque las críticas se centran en el costo que tendría el referendo, comparado con las asignaciones presupuestarias a la Policía.

ID y Pachakutik también se han mostrado abiertos a la reforma, aunque ponen sus reparos por el control en el ámbito de derechos humanos, a la actuación de los uniformados.

La reforma constitucional necesitará mayoría absoluta, es decir, 91 votos para su aprobación en segundo debate.

El trámite de la reforma sobre las FF. AA.

El trámite de la reforma constitucional sobre las FF. AA. tomará entre cinco y seis meses dentro de la Asamblea Nacional. El oficialismo espera que el segundo debate sea antes del 14 de mayo de 2023, según Flores.

El trámite comenzará este jueves 15, con la decisión sobre la comisión que tratará la reforma constitucional. Una vez que llegue a manos de esa mesa legislativa, esta deberá avocar conocimiento.

La Asamblea se va de vacancia legislativa entre el 19 de diciembre y el 2 de enero de 2023. Por lo que a su retorno, el 3 de enero, comenzarían a correr los 60 días para la elaboración del informe de primer debate.

La Constitución establece que, entre el primer y segundo debate, debe haber, al menos, 90 días.

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