La directora del Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop), María Sara Jijón, habla del problema que existe con el giro específico de negocio que utilizan las empresas públicas para las contrataciones directas.
La crisis que envuelve a las empresas públicas, por presuntos hechos de corrupción, destapa problemas estructurales en la contratación pública y el manejo de procesos.
María Sara Jijón, directora del Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop), pone la lupa sobre la reglamentación interna de las empresas públicas para manejar las contrataciones directas, por giro específico de negocio.
La funcionaria advierte que el Sercop solo puede hacer recomendaciones, en caso de encontrar irregularidades. Pero esto no impide que los procesos de contratación se lleven adelante.
En entrevista con PRIMICIAS, Jijón habla del trabajo que lleva adelante la entidad para luchar contra la corrupción:
En noviembre, el Sercop presentó una denuncia ante la Fiscalía, ¿cómo identifican esas irregularidades con el volumen de procesos que manejan?
Habíamos identificado inconsistencias en los sistemas informáticos, en procedimientos de contratación pública para el servicio de vigilancia y seguridad privada fija, y recibimos también a varios actores de empresas que se sentían afectadas por esta posible manipulación.
Reunimos todas evidencias y presentamos la denuncia.
Tenemos la Dirección de Riesgos, ahí se tienen unas matrices de riesgos y se identifican las alertas tempranas. Y, como ese catálogo de seguridad era nuevo, pusimos especial atención por si había inconsistencias.
¿Qué es una inconsistencia?
Pueden ser muchas cosas. Pero en ese caso específico fueron malas prácticas, que pasan con algunos proveedores, sobre la utilización del sistema informático no con personas naturales, sino muy probablemente con robots.
Eso les permite ir más rápido de lo que va una persona. Y eso genera una distorsión. Aunque no está tipificado como un delito como tal, es un mal uso del sistema y eso constituiría un posible delito de manipulación del sistema.
¿Cuántas denuncias por irregularidades han presentado en la Fiscalía hasta el momento?
Hemos presentado 36 denuncias.
¿Cuáles son los posibles delitos más comunes?
El más común es la falsificación de documentos y la utilización de documento falso, que la mayoría de las veces los proveedores los utilizan para justificar experiencia. Tenemos también cohecho, fraude, estafa y manipulación del sistema.
¿En qué áreas del sector público hay más riesgos de corrupción en las compras públicas?
Los riesgos están presentes en todos. Pero ponemos especial atención, por los montos y el volumen, los sectores son energía, salud y los gobiernos autónomos descentralizados en obra pública.
Con la coyuntura de estos días, sobre la posible corrupción en las empresas públicas del sector energético, ¿hay algo que se pueda hacer para prevenir la corrupción?
Para empezar, tenemos que esperar lo que diga la Fiscalía y toda la administración de justicia.
Pero en cuanto a las prácticas que no necesariamente constituyan delito, hay otros actores que tienen competencias sobre el tema: la Contraloría, la Superintendencia de Control del Mercado.
En lo que le compete al Sercop, es importante trabajar de la mano con las autoridades máximas de empresas públicas y de otros actores, para asegurar que ellos tengan los mecanismos adecuados para prevenir las malas prácticas y actos de corrupción.
Lo más importante sería que las empresas públicas y todas las entidades contratantes trabajen en temas de compliance y se certifiquen en prácticas antisoborno. Eso les va a exigir tener protocolos.
Hay que trabajar mucho en la capacitación a los servidores que trabajan en áreas de compras públicas y administrativas financieras. Y tener las reglas claras internas.
¿Qué reglas no están claras? ¿Dónde?
En las empresas públicas, específicamente, por ley, tienen lo que se llama el giro específico de negocio. Y, dentro de esto, es muy importante que sus reglamentaciones internas, para compras por giro específico de negocio, cumplan con los mismos principios constitucionales del sistema nacional de contratación pública: transparencia, igualdad de oportunidades y una adecuada concurrencia.
¿Por ahora no cumplen?
Eso es un tema que lo tendría que analizar el ente coordinador de las empresas públicas (EMCO). El doctor Joaquín Ponce, que está a cargo, entiendo que está trabajando muy fuertemente en eso.
¿Pero estas compras por giro específico de negocio no pasan por el sistema de contratación pública?
No. Tienen un régimen especial y dentro de eso ellos tienen que cumplir los mismos principios. Y al final de la compra, tienen que subirlo a nuestro sistema.
Pero tienen que tener mecanismos adecuados, por ejemplo, para la identificación del precio referencial unitario, del precio referencial de la compra, para los pliegos que establezcan para ese régimen especial.
Ya que el régimen especial es un mecanismo que les permite a las empresas públicas comprar más rápido y hacer contratación directa. Pero eso no significa que no pueda o no deba haber competencia. Y esos son los requisitos que tienen que definir las mismas empresas públicas.
¿O sea, que estas compras no se rigen por las resoluciones del Sercop?
Se rigen por la Ley de Empresas Públicas y la Ley del Sistema Nacional de Contratación Pública. Y tienen un régimen especial, que es contratación directa.
Entre los varios problemas que detecta el informe de la Secretaría Anticorrupción en las empresas públicas, es el posible direccionamiento de los términos de referencia de las contrataciones, para beneficiar a determinados proveedores. ¿Hay algo que el Sercop pueda hacer en este aspecto?
Lo hacemos todo el tiempo. El Sercop realiza monitoreos de oficio, por la detección de alertas tempranas, o cuando nos llegan reclamaciones administrativas, a veces de la misma entidad contratante o de proveedores que se pueden sentir afectados. Es un trabajo enorme.
¿Cómo actúan en esos casos?
Hacemos la revisión de toda la documentación precontractual, entre esos los términos de referencia y los pliegos. Y, en caso de que identifiquemos hallazgos, es decir, posibles direccionamientos u otro tipo de problemas, inmediatamente enviamos un oficio a la entidad contratante.
Ahí le decimos lo que identificamos y que justifique y presente los descargos. Si no logran justificar, enviamos otro oficio, indicando por qué no pudieron justificarlo. Y lanzamos otro informe con la recomendación de que el proceso se declare desierto.
Es lo que podemos hacer como Sercop.
Pero es solo una recomendación...
No puede ser más que eso, porque es lo que está en la Ley. Pero sí podemos sancionar al proveedor, si es que hay malas prácticas que constituyen un frontal incumplimiento de la norma. Es una sanción administrativa que va de 60 a 180 días.
¿Qué pasa con las entidades o empresas públicas?
El momento que recomendamos la declaratoria de proceso desierto, eso va con copia a la Contraloría. En caso de que la entidad decida contratar, la Contraloría puede actuar.
Ya son casi dos años de gobierno, ¿cuáles son los cambios que se han logrado en el Sercop?
Yo asumí la dirección general el 9 de junio. Podemos resumirlo en tres grandes temas: transparencia, integridad y lucha contra la corrupción.
Hemos lanzado la plataforma de datos abiertos, somos uno de los 10 países en la región que lo tiene, y otra herramienta complementaria de contratación pública en cifras. Esto permite que los ciudadanos nos puedan brindar una retroalimentación para mejorar y para identificar malas prácticas.
Hemos venido trabajando con el PNUD para fortalecer las capacidades de los funcionarios del Sercop en compliance, para cada uno de los procesos internos. Obtuvimos la certificación ISO 37001 antisoborno.
Y firmamos el pacto nacional por la integridad en la contratación pública, con 10 compromisos en los que estamos trabajando con la sociedad civil, la academia, cooperación internacional, el sector privado a través de los gremios.
¿Hay compromisos palpables?
Uno de los compromisos es tener un canal de denuncias seguro, para que las personas que lo usen se sientan tranquilas, de que después no van a tomar retaliaciones en contra de ellas, por ejemplo, las entidades contratantes o los proveedores.
El 2 de febrero lo lanzaremos. Y la gente se va a poder bajar una App para poder hacer la denuncia y tendrá un sistema de gestión, con un código, para que la persona pueda seguir como está avanzando el proceso.
El denunciante puede, además, decidir si quiere que su denuncia sea pública o sea confidencial. Y si es anónima o quiere dar su nombre. Pero tampoco podemos darle trámite a algo que no tenga sustento, por lo que también se pedirán requisitos mínimos que sostengan la denuncia.
¿Qué pasó con los ajustes y cambios para la compra de medicamentos?
Hemos avanzado muchísimo con la subasta inversa corporativa, la lanzamos en marzo, y ya tenemos 373 medicamentos en el catálogo y esperamos llegar a 500, más o menos. Ha habido mucha participación.
Al llegar a esa meta de 500 medicamentos, ¿podemos esperar que la falta de medicinas en los hospitales públicos disminuya?
Yo creo que sí. Pero, de lo que nos comenta el Ministro de Salud, en los hospitales del MSP estamos llegando a más del 80% de abastecimiento en todos los hospitales.
Esperamos que los otros miembros de la Red Integral Pública de Salud se vayan poniendo al día, porque ahora para ellos es muy fácil comprar.
Pero no todos los medicamentos están en el catálogo.
¿Por qué?
Primero, porque no todos van a estar en el catálogo, porque el cuadro nacional básico tiene más de 900 medicamentos.
Además, otros no podrán ser catalogados porque no hay suficiente competencia (sin varios actores no puede haber subasta inversa), pueden tener un proveedor único o son para enfermedades raras, entonces se tienen que comprar (aunque sean caros) para pocos pacientes al año.
La subasta es solo para compras masivas.
El problema radica entonces en la autoridad de Salud, en la compra y distribución de los medicamentos.
Más que la autoridad de Salud, son las entidades contratantes. Depende de una adecuada planificación y una excelente gestión en la compra. Y depende, obviamente, de que tengan los recursos.
Si tienen las certificaciones presupuestarias, y empiezan a hacer las compras, en 15 días tendrían ya los medicamentos.
Por ejemplo, entre junio pasado y este 19 de enero, se hicieron 12.089 órdenes de compra. La cantidad de medicinas adquiridas es 582,4 millones de unidades. El monto referencial fue de USD 134,9 millones, pero el monto de adjudicación fue de USD 76,9 millones. Por lo tanto, el ahorro efectivo es de USD 58 millones.
La mayoría de entidades contratantes están ya recibiendo los recursos y esta misma semana deberían empezar a realizar nuevas órdenes de compra.
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