La regulación del patrullaje marítimo en Ecuador es opaca

La salida del embajador en Estados Unidos, Francisco Carrión, impregnó de dudas el programa bilateral de vigilancia aero-marítima con Estados Unidos, diseñado para combatir al narcotráfico.

Aunque las autoridades ratifiquen la legalidad de lo actuado, no hay aún una respuesta concreta sobre los documentos que respaldan estas operaciones. Solo se habla de "acuerdos" o "convenios".

Por lo que la Comisión de Soberanía de la Asamblea Nacional pedirá la comparecencia de los ministros de Defensa y de Relaciones Exteriores, así como del exembajador Carrión para que aclaren el asunto.

La cooperación con Estados Unidos se retomó desde la llegada del presidente Lenín Moreno al poder. Un punto clave fue la crisis de seguridad en la frontera norte, en 2018. Tras la cual, bajo el pedido del Gobierno, se incrementó la asistencia en seguridad.

Desde el Ministerio de Gobierno se suscribieron dos memorandos de entendimiento con Estados Unidos.

Uno para establecer una Unidad de Inteligencia contra el Crimen Trasnacional y otro para fortalecer la cooperación fronteriza con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos y la DEA.

Mientras tanto, el Ministerio de Defensa suscribió, en junio de 2018, otro Memorando de Entendimiento para enlistar a un oficial ecuatoriano en el denominado Grupo de Trabajo Conjunto Interagencial del Sur, con sede en el estado de Florida.

Después de esto se iniciaron, en septiembre de 2018, los vuelos de patrullaje en aeronaves de los Estados Unidos para vigilar y combatir el tráfico de drogas en alta mar.

En ese entonces, el mismo ministro de Defensa, Oswaldo Jarrín, decía que esto formaba parte de un convenio de cooperación en seguridad que Ecuador preveía suscribir con Estados Unidos, para ampliar su capacidad de vigilancia y detección de eventuales delitos trasnacionales.

Ya que los representantes de la Cancillería, el Ministerio de Defensa y de la Policía Nacional, debían afinar los detalles del mecanismo que serviría para cumplir con el trabajo de la aeronave.

Según la Cancillería, en el Consejo Sectorial de Seguridad del 21 de diciembre de 2018 el Ejecutivo aprobó el envío, a la Embajada de Estados Unidos, de un Memorando de Entendimiento y de protocolos operativos para la cooperación en la vigilancia de los espacios aéreo y marítimo del Ecuador.

El Reporte Internacional de la Estrategia de Control de Narcóticos, del Departamento de Estado, señala que estos patrullajes comenzaron bajo la autoridad del Grupo de Trabajo Conjunto Interagencial del Sur, en coordinación con los ministerios de Gobierno y de Defensa ecuatorianos.

A la vez que las autoridades ecuatorianas y la Guardia Costera de Estados Unidos practican Procedimientos Operacionales Marítimos que coordinan el abordaje de las naves sospechosas.

El debate: seguridad y soberanía

Las versiones aquí también se contradicen. Más allá de la renuncia de Carrión, lo que despertó cuestionamientos fue su argumentación: no existe un marco normativo bilateral para el programa de vuelos de vigilancia aeromarítima, que se realiza con Estados Unidos desde septiembre de 2018.

Según el embajador y excanciller, ese fue el único motivo de su renuncia, la inexistencia de un documento que establezca las obligaciones, derechos y condiciones de la ejecución del programa.

Desde el Gobierno, la respuesta más concreta la dio la ministra María Paula Romo: "esto es parte de los acuerdos de cooperación que tiene Ecuador, no solo con Estados Unidos, sino con muchos otros países".

Todas las operaciones están reguladas bajo la legislación ecuatoriana, no por un convenio internacional.

María Paula Romo, ministra de Gobierno

Para la funcionaria, estas operaciones están reguladas por los convenios bilaterales firmados por ambos países. Por lo que, sostiene, se trata de una diferencia de criterios con el embajador Carrión, ya que ni la Cancillería ni la Policía ni las Fuerzas Armadas, consideran que se requiera una regulación adicional.

El excanciller Marcelo Fernández de Córdoba concuerda con la versión del Gobierno y que las operaciones están respaldadas en los convenios firmados entre ambos países.

Pero recuerda que, además, si se trata de un acuerdo de cooperación específica ni siquiera se requiere una aprobación de la Asamblea Nacional o la firma de convenios bilaterales adicionales.

Por lo que le resulta extraño que el embajador Carrión se haya demorado más de un año en presentar su renuncia, si no estaba conforme con la manera en que se estaba llevando este programa de vigilancia.

Washington, socio estratégico

Más allá de si el embajador Carrión renunció o si el presidente Moreno le pidió la renuncia, Ecuador se quedó sin embajador en Washington, su mayor socio comercial y estratégico.

Sin embargo, la Cancillería insistió en quedarse en la superficie y aclarar que estaba en los planes del Gobierno cambiar al representante en Estados Unidos.

Carrión ocupó el cargo durante dos años, en los cuales revivió la relación bilateral entre ambos estados. Por lo que el argumento de designar un embajador con "un perfil más centrado en la promoción económica de las exportaciones, turismo e inversiones", no termina de encajar.

La misma rendición de cuentas del canciller José Valencia, de 2018, recoge los avances en la relación bilateral:

• La reactivación del Consejo de Comercio e Inversiones.
• La renovación del Sistema Generalizado de Preferencias (SGP).
• La cooperación en temas de seguridad y combate al tráfico ilícito de drogas.
• La visita del Secretario de Estado para Asuntos Políticos, Thomas Shannon.
• La visita de una delegación del Congreso de Estados Unidos.
• La visita del secretario de Estado, Mike Pompeo.
• La visita del ministro de Comercio Exterior, Pablo Campana, a Washington.
• La conferencia del presidente Moreno en el Foro de la Escuela de Gobierno de Harvard.
• La participación del presidente Moreno en las '2018 Latin American Cities Conferences'.
• La visita del vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence.