El consorcio a cargo de la remodelación del Palacio de Justicia de Portoviejo, en Manabí, se blindó del mecanismo constitucional para no ser declarado como contratista incumplido. La Contraloría determinó que por la obra se efectuaron pagos sin sustento por USD 1,2 millones.
La remodelación del Palacio de Justicia de Portoviejo, en Manabí, es otro proyecto que también tiene señalamientos de la Contraloría General del Estado.
La obra fue adjudicada en 2019 y los trabajos, que iniciaron en 2020, aún no han podido completarse por líos legales, económicos y administrativos.
Todas estas trabas han generado que más de 200 funcionarios no puedan ocupar aún el edificio. Es decir, trabajan en oficinas improvisadas o en espacios alquilados, que generan gastos adicionales al Consejo de la Judicatura.
George Farfán, abogado y presidente del colectivo ¿Y la corte pa' cuándo? -que busca que se concluyan los trabajos de edificación- dijo que el revés más reciente fue que una jueza aceptara una acción de protección con medidas cautelares, interpuesta por el Consorcio RPJ de Manabí, a cargo de la remodelación del Palacio de Justicia. La decisión fue apelada.
Según Farfán, esto surgió luego de señalamientos que llevaron a un pedido de terminación unilateral del contrato por "mutuo acuerdo".
Además, un informe de Contraloría determinó que se pagaron más de USD 1,2 millones sin justificación.
Pero cuando se procedió a nombrar a un nuevo administrador e iniciaron los procesos de terminación del contrato, el Consorcio RPJ interpuso el mecanismo constitucional para evitar que se lo registre como contratista incumplido.
Es decir, la terminación unilateral del contrato no se efectivizó.
Para Farfán, esto no fue posible porque el Consejo de la Judicatura no cumplió con lo que determina la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, de notificar al Consorcio con el "informe técnico y económico. Al contratista no se lo notificó con el informe técnico".
PRIMICIAS buscó la versión de la Dirección Provincial del Consejo de la Judicatura de Manabí, pero dijeron que no están autorizado para dar versiones sobre el tema.
El presidente del Colegio de Abogados de Manabí, Adolfo Castro, considera que se debe "declarar al contratista incumplido y que se le apliquen las multas que estipula el contrato".
"Estamos viendo que hay un silencio cómplice... así como van las cosas, la acción cívica vamos a estar en plantón, por lo menos un par de años más", indicó el presidente del colectivo ¿Y la corte pa' cuándo?, que realiza plantones todos los miércoles, en lo exteriores del Palacio.
El colectivo ¿Y la corte pa' cuándo? realiza plantones todos los miércoles, en los exteriores del Palacio de Justicia de Portoviejo. Cortesía
USD 1,2 millones sin sustento
El 28 de febrero de 2023, la Contraloría General del Estado aprobó un Examen Especial a las fases preparatoria, precontractual, contractual, ejecución, liquidación y uso de la obra ejecutada, así como al proceso de fiscalización.
El examen se lo hizo en el período comprendido entre el 1 de enero de 2019 y el 30 de junio de 2022.
Según el documento de la entidad, se calificó al oferente Consorcio RPJ sin observar que presentó su oferta con errores, ocasionando que se adjudique el contrato a un "oferente que no cumplió con los requisitos establecidos en los documentos precontractuales".
Vista actual del Palacio de Justicia de Portoviejo, en Manabí. PRIMICIAS
También que se pagaron planillas con cantidad de obras mayores a las ejecutadas, correspondientes a rubros arquitectónicos, ocasionando que se cancelen más USD 57.998,64.
Además, el examen determina que se efectuaron pagos al contratista por USD 1.155. 675,09, equivalente al 23,61 % del monto del contrato sin justificación técnica.
La entidad de control determinó que el Consorcio Engineering Consulting, como Fiscalizador del contrato, no cumplió las obligaciones "contractuales ni presentó los documentos soporte para el pago de las planillas... lo que ocasionó que se pague injustificadamente por los servicios de fiscalización de la obra USD 71. 485,38".
Una obra con trabas
La infraestructura del Palacio de Justicia de Portoviejo se vio afectada para el terremoto de abril de 2016.
Ante aquello, surgió la necesidad de una remodelación interna, pero no fue hasta octubre de 2019 cuando fue adjudicada al Consorcio RPJ, por un monto de USD 4.895.760,16 más IVA.
Los trabajos iniciaron en junio de 2020, con un plazo de entrega de 270 días, lo que no se cumplió.
Desde esa fecha surgieron una serie de imprevistos y pedidos de prórrogas. Además, la pandemia del Covid-19 también interrumpió los trabajos por contagios. Así hasta 2022, que se estipuló una nueva entrega para mayo. Tampoco se cumplió.
Para octubre de ese mismo año, vinieron las verificaciones para saber cuál era el avance. Y el entonces presidente del Consejo de la Judicatura, Fausto Murillo, realizó un recorrido en las instalaciones.
Un mes después, y a tan solo 10 días de que se cumpla el nuevo plazo de entrega, otra vez los funcionarios de la Judicatura visitaron la obra, pero el constructor informó de la existencia de una "fisura estructural".
Y para abril de 2023, el presidente de la Judicatura, Wilman Terán, también estuvo en la obra. En cuanto al avance de los trabajos, el presidente del Colegio de Abogados de Manabí, Adolfo Castro, recuerda que en el último recorrido se anunció que "solo faltaba el 10%".
Importancia del Palacio de Justicia
Farfán calcula que la no operatividad del Palacio de Justicia de la capital manabita afecta a más de "200 funcionarios judiciales de Portoviejo, más de 5.000 abogados en libre ejercicio y más de 300.000 habitantes del cantón".
"Sin contar con que esta es una corte provincial para todos los usuarios de Manabí... Además, afecta a la reactivación comercial del sector", agrega el titular del colectivo ¿Y la corte pa' cuándo?
Con la operatividad del edificio se beneficiarían funcionarios de las unidades civil y laboral; las salas provinciales penales, civiles, laborales; los jueces del contencioso administrativo; la presidencia de la Corte y los funcionarios de la Dirección Provincial de la Judicatura.
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